Abogados, jueces y fiscales se unen para exigir juzgados de familia en todo el país

No es fácil encontrar una materia en la que jueces, fiscales y abogados estén de acuerdo. Y esta, sin embargo, consigue un consenso abrumador. La semana que viene, los días 25 y 26 (jueves y viernes), tiene lugar en Madrid el I Congreso de la Infancia y la Adolescencia, evento organizado por los Colegios de Madrid (ICAM) y Barcelona (ICAB) y la Plataforma Familia y Derecho para reclamar la creación de juzgados especializados en materia de familia en todo el territorio nacional. Unos asuntos, explican sus promotores, que exigen un conocimiento y unos medios específicos que no siempre tienen aquellos juzgados que a lo largo de una mañana pueden atender un hurto, una relamación de cantidad o un divorcio muy conflictivo con hijos muy pequeños de por medio.

"Queremos que haya juzgados especializados en todas las provincias", explica la abogada Isabel Winkels, una de sus impulsoras y secretaria de la plataforma; "no se puede producir un solo procedimiento de familia, infancia o capacidad que no esté tramitado por un juez con formación específica, un fiscal adscrito y un equipo psicosocial específico para ese órgano judicial". El evento congregará, en su docena de mesas y ponencias, a una cincuentena de juristas de todas las profesiones: magistrados, letrados, fiscales, pediatras, psicólogos, psiquiatras, docentes o miembros de asociaciones.

"Con todos los ministros es lo mismo: solo buenas palabras", lamenta Winkels

La reivindicación no es nueva. La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) lleva más de 20 años presionando para que en España se implante lo que ya existe en otras jurisdicciones europeas, lationamericanas o Estados Unidos. La última iniciativa fue en julio del año pasado, cuando la organización abrió una ronda de encuentros con PSOE, PP y Ciudadanos para que incluyeran la creación de una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad en la redacción del proyecto de ley de protección integral a la infancia.

¿Qué respuesta tienen de los políticos y, en concreto, del Ministerio de Justicia? "Con todos los ministros es lo mismo: solo buenas palabras", lamenta Winkels. De hecho, El Confidencial ha consultado al departamento que dirige Juan Carlos Campo si, al menos, tienen planteado valorar la reivindicación de los juristas presentes en el Congreso, sin obtener respuesta. Eso sí, para la foto sí ha querido prestarse el ministro, que ha comunicado su participación en la inauguración del evento junto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (abogado del Estado de profesión).

"Podría plantearse, incluso, si no hay una conculcación desde el punto de vista de la igualdad de derechos. ¿Por qué a algunos ciudadanos se les está atendiendo con la especialización y los recursos necesarios, y a otros no? Esta materia afecta al núcleo esencial de la vida de las personas y, además, está en juego el futuro de un menor al que hay que proteger", reflexiona Paloma Zabalgo, letrada, socia fundadora de la plataforma y secretaria de la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia (AIJUDEFA).

"La existencia de juzgados especializados en unas ciudades y en otras no podría suponer una vulneración del derecho a la igualdad"

Según datos que facilitan los organizadores del congreso, en España en la actualidad hay 5.500 jueces en activo. De ellos, 1.328 son titulares de juzgados de primera instancia y mixtos, que también resuelven asuntos de familia. De ellos solo 149 están especializados, y se dedican en exclusiva a la materia solo el 11%. La especialización, detalla Winkels, la decide el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando detecta la necesidad en una zona que tiene un importante número de órganos judiciales. En esos casos, aprueba que uno de ellos se convierta en un juzgado especializado, quitándole de resolver otros asuntos y 'eximiendo' al resto de que se dediquen a la materia. En donde no hay estos órganos, un pleito de familia puede resolverse en la Primera Instancia (como un asunto civil más, junto con reclamaciones de deudas, desahucios, etc.) o en juzgados mixtos (que aúnan penal y civil).

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La creación de los órganos especializados no solo tiene un efecto positivo en el propio tratamiento del tema sino también en la velocidad de la resolución de los litigios. En condiciones normales, si hay una unidad especialista los asuntos se resuelven en un plazo de entre seis y ocho meses; mientras que en los de primera instancia y mixtos la tramitación supera con facilidad el año y puede extenderse, incluso, hasta los dos. En España, muchas capitales de provincia como Cádiz, Toledo, Ávila, Segovia o Ciudad Real no cuentan con juzgado de familia. También núcleos importantes de población que rodean a grandes urbes como Majadahonda, Collado Villalba o El Escorial, en Madrid.

Asociaciones

El Congreso es un paso más después de que a comienzos del año pasado se constituyera la Plataforma Familia y Derecho, asociación que integra a todo tipo de profesionales jurídicos (magistrados, abogados, trabajadores sociales, etc.) y cuyo fin era lograr la creación de juzgados especializados en todas las provincias. También la asociación AMAFI (Asociación Madrileña de Abogados de Familia), creada hace apenas unos días, apoya esta reivindicación (aunque no es su objetivo principal). La organización está presidida por Paloma Abad y cuenta, como vicepresidenta, con Paloma Zabalgo. La abogada de familia Delia Rodríguez es su secretaria. "No es que los jueces no especializados no hagan de forma escrupulosa su labor, pero evidentemente no es lo mismo quien está todos los días viendo temas de familia a quien en una misma jornada tiene que resolver un hurto, un problema con un contrato y después un divorcio", expone Rodríguez.

Con la especialización podría lograrse cierta unificación de criterios en algunas materias en las que hay resoluciones contradictorias

Para la letrada, "hay una diferencia absimal de derechos" según en qué parte del territorio tenga que pleitear el ciudadano. Y esto incluso se ve en los criterios que aplican los jueces. "Con la especialización se lograría, respetando la discrecionalidad de cada órgano, unificar algunas materias en las que nos encontramos con resoluciones totalmente contradictorias". Rodríguez, quien presentó hace dos años una propuesta en el ICAM para crear una sección de infancia y adolescencia (pero que fue rechazada), se congratula de que finalmente la institución apueste por abordar la problemática específica que presentan los menores y confía en que pueda retomarse la creación del órgano en la próxima junta general ordinaria.