El cruce de sillas entre Adif y BBVA abre otro frente judicial en Operación Chamartín

Nuevo frente judicial en Operación Chamartín. La Asociación de Reversionistas No Abuso, que agrupa a un millar de antiguos propietarios de los terrenos donde se levanta la estación ferroviaria, y Grupo Baraka, holding del empresario murciano Trinitario Casanova, han presentado un nuevo escrito de alegaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En él denuncian que, durante años, altos cargos de Adif han formado parte del consejo de administración de Duch, algo en principio prohibido por la ley de incompatibilidades del personal de la administración pública.

Duch es una filial de BBVA que, en 1993, ganó el concurso para transformar los terrenos ferroviarios en un nuevo barrio con oficinas, comercios y viviendas. Aunque han pasado más de tres décadas desde aquella adjudicación, no fue hasta el pasado diciembre cuando esta compañía, ahora llamada Crea Madrid Nuevo Norte, adquirió a Adif los 2,3 millones de metros cuadrados de suelo donde está proyectada la millonaria operación inmobiliaria.

A pesar de ser vendedor y comprador, Adif y Duch compartieron representantes durante 12 años. Entre 1997 y 2009, hasta siete altos cargos de la empresa pública se sentaron en el máximo órgano de administración de la filial de BBVA, periodo durante el cual se aprobaron importantes modificaciones respecto al contrato inicial, muchas de ellas, favorables para la entidad.

En un escrito remitido al juzgado, Adif justifica su presencia en el consejo de la concesionaria en una cláusula que se incluyó en la modificación del contrato de 1997. Esta decía que, "con objeto de reforzar la colaboración, presencia y seguimiento de la actuación de Duch por parte de Renfe, esta última entidad dispondrá permanentemente de dos puestos en el consejo de administración de Duch".

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Precisamente, el directivo de Adif que firmó aquella novación de marzo de 1997, Juan Antonio Villaronte, fue el primero en incorporarse al consejo de la concesionaria cuatro meses después, junto a José María Lasala. En 1999, les tomó el relevo Ramón Escribano Méndez, quien era consejero de Duch cuando firmó la novación de noviembre de 2002. El fruto de estas dos modificaciones fue que se triplicó la superficie y casi se dobló la edificabilidad de Operación Chamartín, sin que se convocara un nuevo concurso.

En junio de 2003, se dio el relevo a Francisco Antonio Bonache y José Aguilera López, que apenas estuvieron un año, ya que en 2004 entraron Antonio Sánchez Criado y Antonio Cabado Rivera, que estuvieron hasta 2009. Ese año se firmó otra novación que, entre otros cambios, redujo del 75% al 50% el porcentaje de participación que el banco estaba obligado a mantener en el accionariado de Duch, y se modificó la fórmula de pago por parte del banco al Estado.

"Las sucesivas modificaciones del contrato de concesión, en beneficio exclusivo de la adjudicataria, se habrían suscrito a lo largo de los años, coincidiendo con el desempeño simultáneo por varios directivos de Renfe (hoy ADIF) con el cargo de Consejero de CMNN", señalan los reversionistas en su escrito de alegaciones.

A pesar de las peticiones realizadas por este medio durante más de tres semanas, desde Adif no han respondido a la pregunta de si tuvieron dispensa a la ley de incompatibilidad para estos cargos cruzados ni han explicado la necesidad de que altos directivos de la empresa pública se sentaran en el consejo de administración de una sociedad privada. Desde Crea han asegurado que "era lo habitual en las sociedades concesionarias con las que se compartía beneficio y riesgo".

Efectivamente, en aquellos años, Adif creó varias sociedades conjuntas (o joint ventures), en diferentes provincias de España para hacer los proyectos de integración del ferrocarril. Pero, en todas ellas, la antigua Renfe era accionista y compartía accionariado con otras administraciones, como los ayuntamientos donde se llevaban a cabo las actuaciones, que asumían juntos el riesgo. En cambio, Crea es una empresa privada, en la que Adif no tiene ninguna participación accionarial, ni tampoco el Ayuntamiento de Madrid.

El contrato inicial de Operación Chamartín contemplaba que Duch debía pagar un cánon fijo (fundamentalmente obras que la empresa privada debía afrontar en infraestructuras de urbanización y modernización de la estación) y otro variable, por el cual, el Estado se llevaría el 53% de los beneficios y la actual Crea, el otro 47%, fórmula que se modificó en 2009, cuando se fijó un cánon fijo de 984 millones

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Fue entonces cuando se decidió que los representantes de Adif salieran definitivamente, porque habían dejado de compartir beneficio y riesgo, al pasarse a un pago fijo. Sin embargo, esta fórmula se volvió a cambiar en 2015, cuando se disparó a 20 años el plazo de pago de esos 984 millones, trasladando así el riesgo de cobro al Estado, que es quien pasó financiar, en esencia, la compra de los mismos terrenos que está vendiendo.

Además, según puede comprobarse en los informes anuales de cuentas de Crea, en la mayoría de ocasiones, los representantes de Adif ni siquiera acudían a los consejos de aprobación de las cuentas anuales, la reunión más importante del ejercicio para el máximo órgano de administración de una empresa.

Venta de BBVA

Aunque Duch fue adjudicataria con el compromiso de permanencia de BBVA, requisito cuyo incumplimiento se consideró causa de resolución, todas las modificaciones que se han ido firmando posteriormente terminaron eliminando esta exigencia.

Coincidencia o consecuencia, la realidad es que, nada más firmar la compra de los suelos, el pasado diciembre, la entidad contrató al banco de inversión Rotschild para analizar una venta parcial de su participación, que actualmente asciende al 75,5%, según adelantó Cinco Días.

Esta no es la primera vez que el banco ha sondeado a potenciales compradores. En 2018, cuando se aprobó otra modificación que eliminó de un plumazo los derechos de reversión (actuación que está siendo analizada en el TSJ), Crea estaba en avanzadas conversaciones con un inversor árabe, tal y como adelantó este medio entonces. Posteriormente, grandes fondos internacionales como Cerberus, al que BBVA vendió todo su ladrillo tóxico de la burbuja inmobiliaria, también han analizado la operación.