La guerra política por la Ley del Suelo deja en el aire miles de millones en fondos de la UE

El secuestro político de la nueva Ley del Suelo amenaza con pasar una millonaria factura a todos los españoles. Desde hace nueve meses, esta norma duerme el sueño de los justos por la falta de un acuerdo entre PP, grupo que la engendró, y PSOE, formación que la recuperó y la llevó al Congreso. Tal era la cercanía entre los dos partidos, que todo el sector daba por hecha su aprobación. Pero, el pasado 23 de mayo, el mismo día en que iba a votarse, el Gobierno la retiró ante el riesgo de sufrir una derrota parlamentaria.

El rechazo de Sumar a la Ley del Suelo fue aprovechado por los populares para poner en evidencia la debilidad parlamentaria del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Una falta de apoyos que se ha repetido esta semana, con el decreto ómnibus, y la vivienda otra vez de fondo, ya que el punto común de Junts y PP contra el PSOE ha sido la moratoria antidesahucios. En medio de estos juegos de estrategias, la falta de consenso amenaza con pasar una seria factura económica a todos los ciudadanos.

La reforma de la Ley del Suelo es uno de los cambios estructurales clave que España se comprometió con Bruselas, en una adenda de 2023, a ejecutar dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Se trata de la reforma número siete del componente 2, que tiene un presupuesto de 16.334 millones de euros. Una parte de estos fondos son los que España perdería si la guerra política continúa sin resolverse. Amenaza que, además, es inminente.

Según el documento técnico de la Comisión Europea, la reforma debería estar publicada en el BOE durante el segundo trimestre de 2025 para cumplir adecuadamente el hito, es decir, que el último día es el 30 de junio de este año, dentro de apenas cinco meses. Esto deja un plazo muy ajustado para la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley y avoca el proceso a un real decreto-ley sujeto a convalidación.

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Actualmente, no hay ninguna propuesta de modificación de la Ley del Suelo en el Congreso. Tras el fallido intento del pasado 23 de mayo, el PSOE registró una nueva propuesta a la vuelta de verano, pero rápidamente la retiró. El PP, por su parte, lleva nueve meses trabajando en una ley integral de vivienda, que prevé presentar en las próximas dos semanas, y donde se verán cuáles son tanto sus líneas maestras, como las rojas. Marco a partir del cual deberá analizarse cualquier futura negociación.

Consciente de la situación de bloqueo actual, y de las consecuencias económicas que tendrá para todos los españoles, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, volvió a pedir hace dos semanas consenso a todas las fuerzas políticas para sacar adelante la Ley del Suelo. La manchega hizo esa declaración pocas horas antes de que el presidente del Gobierno anunciara su nueva ofensiva en materia de vivienda, y adelantara que va a volver a llevar al Congreso la Ley del Suelo.

"El Gobierno está haciendo todo lo posible para sacar adelante la reforma de la Ley del Suelo, una reforma que está apoyada por el sector y que demandan los ayuntamientos y comunidades autónomas. Este es nuestro objetivo, esperamos que el Partido Popular esté a la altura", ha señalado a este medio un portavoz del Ministerio de Vivienda ante el riesgo de perder fondos europeos por el bloqueo a esta norma tan necesaria.

El incumplimiento del plazo en sí mismo no es tan relevante para la recepción de los fondos europeos como el hecho de que la reforma esté en vigor para cuando España pida el pago al que está asociada, el séptimo, calendarizado en el segundo semestre de 2025. En cualquier caso, la modificación de la Ley del Suelo debería llevarse a cabo durante este año si nuestro país quiere evitar perder miles de millones de euros en créditos ventajosos de la Unión Europea.

La modificación de la Ley del Suelo está dentro de las reformas relacionadas con vivienda, regeneración urbana y modernización de la administración. Esta ley estaba llamada a ser la columna vertebral de todas las actividades de gestión y desarrollo de suelo, materia prima cuya carencia está impidiendo la promoción de vivienda asequible, e iba a dar mayor seguridad jurídica al sector, al evitar la nulidad de los planes urbanísticos por errores de carácter formal, que pueden ser subsanables.

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Si nuestra clase política se muestra incapaz de aprobarla, Europa valorará este incumplimiento de forma integral, considerando el progreso en todas las reformas e inversiones del mismo capítulo. Si España muestra un buen desempeño en general, el impacto de no aprobar la Ley del Suelo podría ser menor. Pero, si la UE considera que el incumplimiento de la reforma es grave, podría suspender una parte significativa de los fondos asignados al Componente 2.

El montante exacto que podría quedar congelado en caso de incumplimiento es difícil de calcular, pero las reglas y coeficientes que establece la Comisión permiten aproximar la cifra. En este caso se trata de una reforma, a las que Bruselas siempre da más importancia, y está vinculada a los créditos, que en el caso de España son 83.160 millones de euros. El "valor unitario" de cada hito y objetivo comprometido se obtiene dividiendo el total de hitos entre el importe, lo que deja un valor de 924 millones de euros por cada meta.

A priori, este sería el montante que debiera quedar congelado, pero algunos hitos y objetivos son más importantes que otros y la Comisión aplica coeficientes para diferenciarlos. En el caso de ser una reforma final, como ocurre con el hito de la Ley del Suelo, se aplica el máximo coeficiente consistente en multiplicar por cinco. Eso deja el valor de este hito en unos 4.620 millones de euros, lo que podría ser la máxima penalización. Pero todos estos cálculos dependen de la subjetividad final de la dirección general de Economía y Finanzas de la Comisión Europea.

España se enfrenta a una penalización económica que podría ir de 924 millones a 4.620 millones por incumplir con la Ley del Suelo

Los técnicos tienen prácticamente las manos libres para matizar el montante final que se congelaría a España en caso de incumplimiento, aplicando un ajuste al alza o a la baja. Los criterios para tomar una u otra dirección no siempre están del todo claros. En las normas de la Comisión se establece que el ajuste al alza se producirá cuando se considere que el hito u objetivo es de una "especial importancia" para abordar retos identificados en las recomendaciones específicas por país (CSR).

En los CSR de España se identifica el problema de la vivienda como una de las prioridades, si bien es cierto que en el informe de 2024 también se subraya que hay "algunos progresos" en este campo, como la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en 2023, aunque muchos de sus aspectos no se apliquen.

El ajuste a la baja se produce cuando "la reforma es de menor importancia" y también puede hacerse un "ajuste proporcional" del pago en cuestión si el objetivo político del hito se cumple parcialmente. "Al considerar dicho ajuste a la baja, se evaluarán los avances sustantivos hacia la consecución del objetivo general de la reforma", apunta el Ejecutivo comunitario.