Nuevo ultimátum de la Audiencia Nacional a Puente por los pleitos de Operación Chamartín

Segundo ultimátum de la Audiencia Nacional al Ministerio de Transportes por las reclamaciones de los reversionistas en la Operación Chamartín. Apenas dos semanas después de que el alto tribunal emplazara a la cartera dirigida por Óscar Puente a que remitiera la documentación que le piden los antiguos propietarios de los terrenos de la estación, un nuevo auto ha vuelto a poner contra las cuerdas a la Administración.

Se trata de dos procedimientos diferentes. El primero tiene que ver con la novación del contrato que, en diciembre de 2018, firmaron Adif, empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, y Crea, filial de BBVA que ha adquirido los derechos de los suelos de este megadesarrollo, ahora bautizado como Madrid Nuevo Norte (MNN).

La sospecha de Baraka y los reversionistas es que, en aquel acuerdo, se incumplió la obligación de pedir autorización al Consejo de Ministros para ejecutar la venta, luz verde que los demandantes consideran obligatoria por superar los 20 millones de euros. Sin ella, sostienen, la novación es nula y, por tanto, Crea debe retroceder los terrenos a Adif.

El segundo procedimiento tiene que ver con la inscripción de los derechos de reversión en todas las fincas de la Operación Chamartín. Como ha venido informando este medio, los reversionistas y Baraka —el hólding de Trinitario Casanova— consiguieron que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les concediera la medida cautelar de anotación preventiva de demanda sobre una serie de fincas.

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Con esta medida, buscaban que ningún futuro comprador pudiera declararse tercero de buena fe y, por tanto, heredara también la carga de los derechos de reversión. Pero esta cautelar, que se concedió en abril de 2024, ocho meses antes de que CreaMNN adquiriera los suelos, nunca pudo aplicarse porque Adif había troceado los 1,2 millones de metros cuadrados de Fuencarral en varios suelos.

La empresa pública tuvo que reconocer este movimiento ante el TSJM, marco en el que también afloró que el Registro 54 no había actualizado la nota simple de estos suelos en tres años, a pesar de que debe hacerse diariamente. Suma y sigue, porque Adif también reveló que había aprovechado aquella operativa de segregación de terrenos para eliminar la inscripción donde se decía que todas esas fincas "estaban sujetas a los posibles derechos de reversión por razón de las expropiaciones".

Los reversionistas sostienen que la empresa pública carecía de potestad para ello, lucha que han llevado ante la Audiencia Nacional, donde han pedido conocer todas las decisiones y autorizaciones ligadas a esta operativa, petición que el alto tribunal ha respaldado con su ultimátum a Puente. Desde Adif han asegurado que "se va a enviar todo lo requerido que sea posible".

En este segundo procedimiento ante la AN, Baraka y los reversionistas también han solicitado que la Administración identifique quiénes eran los propietarios originales de una serie de suelos del ámbito de Chamartín, para poder anotar también los posibles derechos de reversión. Aquí la problemática radica en que, en los años 90, cuando se hizo por primera vez la titularidad del recinto, se pusieron una serie de números, pero no se identificó a los propietarios originales.

Esto hace que, ahora, si un reversionista acude al registro para pedir la anotación de los derechos de reversión como carga, el registrador lo rechace porque no puede confirmar que la finca de ese señor estuviera dentro del recinto ferroviario. Con su petición a la Audiencia, persiguen precisamente que Adif corrija esto.

Se da la circunstancia de que tanto cuando se firmó la novación de 2018, como cuando se eliminaron los derechos de reversión, en mayo de 2021, la empresa pública estaba presidida por Isabel Pardo de Vera y José Luis Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes, dos figuras actualmente en el ojo del huracán por diversas investigaciones.