Moncloa tuvo en nómina al abogado de Ares hasta que se llegó al pacto entre el fondo y la Iglesia

Cuando Julio César repudió a su segunda esposa, Pompeya, por la sospecha de que había sido adúltera, justificó su decisión en que los suyos no solo debían verse libres de culpa, sino de sospecha. Este capítulo de la historia es el origen de la popular frase "la mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo", y el pilar de toda una doctrina sobre la que se sostiene la exigencia de ejemplaridad e imparcialidad a las instituciones.

Cuando se producen situaciones que desatan la sombra de la sospecha, el escándalo es mayor si afectan a nuestros gobernantes que cuando se limitan a la vida cotidiana. De ahí las reiteradas ocasiones en que han sido noticia algunos fichajes de políticos por empresas privadas, o al revés, de ciertos perfiles del sector privado por el público.

Uno de los últimos casos ha sido la contratación del abogado Dámaso Riaño como asesor del ministro de Presidencia, justo después de dejar el fondo oportunista Ares. Como adelantó El Confidencial, este experto en leyes se incorporó al equipo de Félix Bolaños el 15 de enero de 2024 y estuvo hasta mayo de 2025, según reconocieron desde el Gobierno, aunque su ligazón con el Ejecutivo llegó realmente hasta el 24 de julio de 2025, que fue cuando oficialmente salió de la cúpula de Correos, consejo al que también se incorporó a principios de 2024.

Coincidencia o consecuencia, este periodo es el mismo que duró la negociación de uno de los acuerdos más importantes a los que ha llegado Ares en nuestro país: el pacto extrajudicial que le va a permitir cerrar la compra de 13 edificios residenciales en el centro de Madrid, propiedad de Fusara, y evitar así el juicio. Para hacerse una idea de la relevancia de esta operación, basta señalar que es la cartera de vivienda en alquiler más importante que se ha transaccionado en el centro de la capital.

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Además, esta fundación tiene estrechos lazos con el Ejecutivo central, ya que este es patrono nato a través de la Delegación de Gobierno en Madrid, una ligación que, lejos de pasar desapercibida, ha protagonizado un rosario de informaciones, que han llegado hasta el Vaticano, y un largo proceso judicial. Ante la pregunta de si valoraron la potencial existencia de un conflicto de interés, un portavoz del Ministerio de Presidencia ha señalado que esta cartera "no tiene competencia ni ha intervenido nunca jamás en el tema de Fusara y, por tanto, ninguno de sus asesores ha tenido ninguna participación". A las preguntas de por qué Riaño estuvo solo año y medio y cómo explica la coincidencia de fechas, ha declinado responder alegando que "la fecha y el tiempo que estuvo como asesor no son relevantes a estos efectos".

Un portavoz del fondo, que asegura hablar también en nombre de Dámaso Riaño, ha señalado que el letrado "informó a Avalon Properties (la gestora de Ares en España) de cuál iba a ser su nuevo trabajo cuando dejara la compañía en enero de 2024. Su labor en ese nuevo trabajo en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes era completamente ajena a la actividad de Avalon y, por tanto, no planteaba ningún conflicto de interés".

Como ha venido informando este medio desde hace cinco años, Fusara ha sido víctima de una presunta trama que habría expoliado patrimonio de entidades ligadas al Arzobispado de Madrid. El magistrado Jaime Serret, por entonces al frente del Juzgado número 28 de Madrid, abrió hace casi tres años la puerta para ir a juicio por la posible existencia de un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares.

Este juicio amenazaba los intereses de Ares, porque concedió una financiación cercana a los 90 millones de euros para comprar y rehabilitar los edificios, y este dinero podía quedar atrapado otra década más, hasta que hubiera sentencia firme. Además, si el fallo terminaba siendo contrario a sus intereses, se enfrentaba a un agujero millonario.

Las viviendas de Fusara fueron compradas por un entramado societario, conocido como Tapiamar, cuyo administrador es Roberto de Juan, con el préstamo del fondo. Cuando Riaño entró en el Gobierno, en enero de 2024, este directivo ya había sido señalado por un posible delito de enriquecimiento ilícito, del que se le podía hacer responder como partícipe a título lucrativo. La situación se agravó cuatro meses después, cuando el juez lo incluyó entre los acusados y el fondo vio temblar la tierra bajo sus pies.

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Aunque Fusara tiende a identificarse solo con la Iglesia, es una fundación civil en cuyo patronato también tienen un sillón otras instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, que estaba en manos de Manuela Carmena cuando se aprobó la venta, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, como se ha señalado antes.

Entre la lista de coincidencias temporales de este caso, destaca que, apenas un mes antes de que Riaño se incorporara al gabinete de Bolaños, en diciembre de 2023, los inquilinos de los pisos de Fusara acudieron a Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno por aquel entonces, para pedirle ayuda y evitar que les echaran de sus casas. Pero este se lavó las manos.

El motivo que llevó a los vecinos a acudir al Ejecutivo fue el cambio en la dirección letrada de las fundaciones, que justo en ese momento dejó de ostentar Aitor Canales, defensor de pelear hasta el final en los tribunales, y pasó al penalista estrella de Baker McKenzie, Jesús Santos, que apostó por defender la vía del acuerdo extrajudicial con Ares. Cuatro semanas después de este cambio, el número dos del fondo en España se unió al gabinete del ministro de Justicia.

Negociación crítica

El relevo de la dirección letrada de Fusara no ha sido el único cambio relevante que se ha producido en la historia reciente de este largo caso. En diciembre de 2024, Ana María Gallegos Atienza, magistrada que servía en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares, pasó a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. Además, cuando se anunció el acuerdo al que había llegado Fusara con De Juan para evitar el juicio, se destapó que este había cambiado de representantes legales y se había puesto en manos de Gómez de Liaño & Márquez de Prado.

Durante el año y medio que duraron las negociaciones, hubo un momento crítico: mayo de 2024. Fue entonces cuando el magistrado Serret imputó a Roberto de Juan, y dio un vuelco al caso. Hasta entonces, había más riesgo de que Ares pudiera salir airoso, pero, a partir de ese momento, las tornas se dieron la vuelta, lo que dio alas a Baker para forzar el millonario acuerdo económico al que han llegado.

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Para comprender la relevancia de este pacto, hay que remontarse a mediados de 2019. Entonces, De Juan consiguió un contrato para comprar 14 edificios de Fusara por apenas 74 millones, cuando sabía que valían mucho más: entre 110 y 141 millones. Tapiamar, por razones que podrían aclararse en un juicio, tenía la oportunidad para quedarse las viviendas, pero no el dinero, que se lo dio Castlelake confiando en un pase rápido.

Pero la operación se complicó: los vecinos acudieron a los tribunales y consiguieron que su causa fuera admitida a trámite en diciembre de 2019. Fue entonces cuando Ares entró en escena, al adquirir el préstamo de Castlelake y ampliar la financiación hasta unos 90 millones. Por aquel entonces, el fondo estaba trabajando en la creación de Iante, socimi a la que quería traspasar esta cartera y sacarla a cotizar a bolsa.

La judicialización del caso echó por tierra todos los planes y la socimi saltó al parqué sin estas viviendas en mayo de 2020. Al año siguiente, justo después de que la policía judicial apuntara la existencia de una organización criminal tras las ventas de las fundaciones, Dámaso Riaño dejó la secretaría general de la Corte de Arbitraje de Madrid y se unió a las filas de Avalon. En Iante, fue nombrado secretario no consejero, sillón que ocupó hasta el 9 de enero de 2024, la semana justo anterior a su incorporación al equipo de Bolaños.

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Tras año y medio de negociaciones, en julio de 2025, Tapiamar y Ares aceptaron valorar toda la cartera en 120 millones, un 62% más del precio de 2019, y vender solo 13 edificios, frente a los 14 iniciales, por 99 millones, importe un 54% superior a los 64,3 millones que les correspondía con los cálculos de seis años antes. El inmueble que ha quedado dentro del perímetro de Fusara es la sede de la fundación, en la calle Barquillo, valorado en poco más de 21 millones.

Este pacto deja abandonados a su suerte a los inquilinos, que se enfrentan a tener que dejar sus viviendas. De hecho, según ha denunciado la abogada de los inquilinos, Mónica Sevil, a este medio, De Juan lleva semanas visitando los edificios, intentando llegar a acuerdos para que se vayan de sus casas los vecinos de mayor edad, que cuentan con contratos anteriores a la Ley Boyer y, por tanto, la normativa les protege para prorrogar automáticamente sus contratos.