El verdadero motivo de Sánchez para negar a Sumar la prórroga obligatoria de alquileres

Riesgo de inconstitucionalidad. Este es el argumento que, el pasado lunes, en los corrillos del Congreso, dio el PSOE a los periodistas para justificar su rechazo a la prórroga obligatoria de alquileres que le pide Sumar. Sin embargo, un día después, cuando se preguntó por esos reveses legales en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, no hubo respuesta. O, mejor dicho, se respondió otra cosa.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, apeló a la aritmética parlamentaria para explicar por qué Moncloa rechaza la petición de su socio en el Ejecutivo. "El Gobierno de coalición tiene una minoría parlamentaria", dijo, y "necesita mayorías suficientes" para poder sacar adelante un real decreto que promete ir cargado de medidas dirigidas a controlar el precio de la vivienda.

Este es el motivo de fondo que, desde hace meses, explica la negativa del Ministerio de Vivienda, en particular, y del alma socialista del Gobierno, en general, a la petición de Sumar. Los morados defienden intervenir en el mercado con la aplicación de una prórroga automática de todos los alquileres, no solo de los vulnerables sin alternativa habitacional, con el argumento de que se enfrentan a subidas medias del 35%-40%, cifras inasumibles para la inmensa mayoría de familias.

Los contratos que están venciendo ahora, y a lo largo de los próximos dos años, son las rentas que se firmaron en la crisis del covid, cuando el estado de alarma, los cierres de fronteras y las dudas de futuro abrieron la única ventana de caída de precios de la década. Como los contratos de alquiler tienen una duración de cinco años, si el casero es un particular, o siete, si es un institucional, es ahora cuando vencen y se enfrentan a la millonaria renovación.

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La excepcionalidad de la situación es el principal argumento al que apela Sumar para defender la necesidad de su propuesta, como excepcionales fueron las medidas que se tomaron tras el estallido de la pandemia o la Guerra de Ucrania. De hecho, tras la invasión rusa, la inflación se disparó y, como la actualización de rentas estaba entonces ligada al IPC, amenazó con encarecer los alquileres un 10%.

Entonces, para impedirlo, el Ejecutivo sacó adelante reales decretos que obligaron a utilizar el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), lo que en la práctica limitó al 2% las alzas en 2023 y al 3% en 2024. Aquella medida es uno de los principales argumentos que, desde el punto de vista legal, tiene ahora la formación morada para defender su postura, ya que ha sido bendecida por el Tribunal Supremo.

En un fallo del pasado mes de septiembre, el alto tribunal falló que no podía exigirse a la Administración responsabilidad patrimonial alguna por aquella intervención en el mercado de los alquileres. Los expertos consultados por El Confidencial sostienen que este fallo abre la puerta al buscado soporte legal de la prórroga obligatoria de alquileres y descartan que se pudiera ir contra el Ejecutivo por la vía de la responsabilidad patrimonial.

En concreto, el Supremo falló que "en ningún caso podría acogerse una reclamación de responsabilidad patrimonial (...) sin acreditar la existencia de un daño efectivo". En el caso de una renovación de alquiler, la reclamación se hace sobre "un daño hipotético", reza la sentencia. Como no puede demostrarse que el inquilino hubiera continuado con el alquiler si le hubieran incrementado la renta más de un 2%, "el daño o perjuicio económico efectivo no puede entenderse acreditado".

Otra opción sería tratar de apelar a la inconstitucionalidad de la medida, amenaza que, al menos en los ataques que ha habido contra la Ley de Vivienda, apenas han tenido recorrido. Sin embargo, es cierto que las dudas jurídicas de intervenir de forma retroactiva en un contrato entre particulares existen, un riesgo que desde el ministerio del ramo defienden no correr. Sobre todo, cuando la aritmética parlamentaria hacen prácticamente imposible sacarlo adelante.

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La propia portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aludió ayer a la "complejidad" de la Cámara cuando se preguntó por el choque entre los socios. La realidad es que si Pedro Sánchez no quiere depender del PP, necesita convencer a todos los grupos parlamentarios de su bloque, incluidos el PNV y Junts, formaciones muy alejadas de los planteamientos de Sumar. La alternativa sería que el PP se abstuviera, entonces, al PSOE le bastaría con una mayoría simple para sacar adelante el real decreto.

En Moncloa muestran su disposición a negociar antes de que el Consejo de Ministros apruebe la futura norma en las próximas semanas. E, incluso, creen poder convencer a Sumar con datos sobre las bondades de la bonificación del 100%. Pero, ya avisan, no van a retirar su propuesta y, en todo caso, Sumar podrá incorporar otras nuevas. Que lo consideren insuficiente, comentan fuentes gubernamentales, no es motivo para posicionarse en contra de la bonificación de los alquileres.

El socio minoritario de Gobierno, por su parte, no se mueve de su posición y el propio ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, alimentó el martes la guerra al reiterar que es "absolutamente imprescindible" intervenir el mercado de la vivienda y al asegurar que los ingresos de los caseros son, de media, un 83% más altos que los de los inquilinos.

Los socialistas, por su parte, ven la medida como una solución para todas las partes: los inquilinos podrán seguir en sus viviendas sin incrementos de rentas, y los caseros, compensar con la bonificación la subida del 35%-40% que renunciarán a percibir y que, si se aplica, obligará a los primeros a tener que dejar sus hogares.

Yolanda Díaz insiste en que no apoyará la medida

Este miércoles Yolanda Díaz ha abundado en una entrevista en TVE en estas diferencias y se ha mostrado muy crítica con la idea del PSOE de "regalar dinero público a los caseros". Pero al mismo tiempo se ha mostrado convencida en que los socialistas recularán para llegar a una entente dentro del Ejecutivo. "Tenemos que llegar a un punto de encuentro porque esta medida no va a salir", ha dicho la vicepresidenta segunda del Gobierno, que ha afeado al presidente del Gobierno su anuncio "unilateral" del pasado lunes a pesar de que los socios de la coalición están negociando desde el pasado verano.

"Es importante cuidar la coalición y bien no han actuado"; ha espetado Díaz, que ha añadido que este martes estaba prevista una reunión sobre el asunto. La idea era abordar el único texto que está encima de la mesa, la propuesta elaborada por Bustinduy y presentada hace ya más de seis meses. Ahí está la prórroga de los contratos realizados en pandemia a la que aspira el ala minoritaria del Gobierno y que el PSOE duda de poder sacar adelante. Díaz ha asegurado además que el enroque del PSOE en esta bonificación fiscal a los caseros "abre las puertas de Moncloa" a Vox ante la falta de soluciones para el problema de la vivienda.