El Gobierno afronta otra crisis de vivienda ante el vencimiento de 300.000 alquileres de la pandemia

Una bomba de relojería está a punto de estallar en el seno del Consejo de Ministros, un cuerpo con dos almas que tiene en la vivienda a uno de sus grandes caballos de batalla. Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo, ha desplegado una nueva ofensiva para conseguir sacar adelante su propuesta de imponer una moratoria a todos los contratos de alquiler. El Ministerio de Vivienda, por su parte, defiende seguir avanzando con su estrategia de mancha de aceite con las declaraciones de zonas tensionadas y los fondos del próximo Plan Estatal 2026-2030.

A través del Ministerio de Consumo, los de Yolanda Díaz han llevado al seno del Gobierno la idea de que la prórroga obligatoria es la única alternativa viable para evitar una crisis social, ante el inminente vencimiento de cientos de miles de contratos que se firmaron tras el estallido de la pandemia del covid-19. En concreto, según las cifras que maneja la cartera liderada por Pablo Bustinduy, son 300.000 los alquileres que vencen en los próximos meses, familias que se enfrentan a la mayor subida de rentas vista hasta el momento.

El motivo es que 2020 fue el único de los últimos años en que se corrigió el precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, debido a la falta de turistas y estudiantes, y a la enorme incertidumbre que había respecto al futuro. Aquel contexto permitió a las familias sellar contratos con unas rentas que distan mucho de las registradas actualmente en nuestro país.

En los últimos cinco años, se estima que los alquileres han subido en torno al 30% de media, un fuerte incremento que se puede empezar a aplicar de golpe a los contratos firmados tras el covid. Esto es así porque en torno al 85% del mercado está en manos de pequeños propietarios y, cuando el casero es un particular, no un gran tenedor, la Ley de Arrendamientos Urbanos marca cinco ejercicios de duración, tiempo que se cumple justo ahora.

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El pasado jueves, durante el congreso celebrado por la asociación de consumidores Asufin, el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, adelantó que su cartera había propuesto en el seno del Ejecutivo aplicar de manera inmediata una prórroga a todos estos contratos. Ayer, el ministro Bustinduy aprovechó su intervención en un desayuno del Ateneo de Madrid para insistir en esta línea. "Esperamos que el Partido Socialista se decida de una vez y se pueda hacer cuanto antes. Creo que no hay ninguna razón objetiva para no acometer esta intervención urgente", dijo el titular de Consumo.

Desde el Ministerio de Vivienda responden que "en el seno de las estructuras internas del Gobierno de Coalición hablamos de todo y en todo momento", pero también puntualizan que "no basta con que hablemos entre nosotros, sino que hay que alcanzar acuerdos mayoritarios con todos los grupos parlamentarios", talón de Aquiles para conseguir la medida exigida por Sumar.

La cartera dirigida por Isabel Rodríguez está focalizada en hacer pedagogía con cada alcalde y comunidad autónoma para aplicar la Ley de Vivienda, ya que consideran que esta norma es el principal garante para evitar lo que califican como "subidas abusivas". De hecho, en todas aquellas zonas que ya han sido declaradas zonas tensionadas, ningún casero podrá subir la renta más allá de lo que marca anualmente el indicador público que sustituye al IPC, lo que desinfla un poco la cifra de 300.000 alquileres que maneja Sumar.

Desde la formación de Yolanda Díaz, no obstante, se insiste en esta cifra, conscientes de que Madrid, Andalucía y Valencia, tres comunidades con varias de las ciudades más tensionadas de España, no tienen intención alguna de aplicar el tope de precios y porque el calendario corre en contra de los inquilinos, ya que cada mes que pasa, más contratos se suman a esta bolsa.

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La otra cara de la moneda son las ciudades que sí se han acogido a la Ley de Vivienda: en ninguna de ellas podrán aplicarse estas alzas del 30%, porque esta norma exige que cuando un contrato vence, el nuevo debe firmarse al mismo precio que ya había. Entre las grandes capitales que han topado el precio del alquiler están tres de las cinco con las rentas más onerosas del país: Barcelona, San Sebastián y Bilbao. Si se amplía el foco al top 10, aparece una cuarta, Gerona; mientras que si la referencia es el top 15, hay otras dos: Pamplona y Vitoria.

Además, Las Palmas de Gran Canaria, que según el ránking de Fotocasa es la novena capital de provincia con el euro por metro cuadrado de alquiler más caro de España, ha solicitado ser declarada zona tensionada, petición que el pasado verano rechazó el Gobierno autonómico, con el argumento de que no se cumplían los requisitos fijados en la Ley, pero que la alcaldesa socialista de la ciudad, Carolina Darias, sigue peleando.

También Santiago de Compostela ha pedido ser declarada zona tensionada sin éxito, a diferencia de La Coruña, a la que sí se ha permitido topar los precios de los alquileres. En los últimos días, además, el Ministerio de Vivienda ha puesto el foco en ciudades como Zaragoza, Valladolid y prácticamente toda la costa andaluza, porque sostiene que cumplen las condiciones para pedirlo.

Ganarse a las empresas

En medio de este pulso que mantienen entre los ministros del PSOE y Sumar por cómo abordar la crisis de la vivienda, la amenaza social que suponen los vencimientos de los contratos del covid son auténtica leña para un fuego que la cartera de Rodríguez quiere apagar con la fuerza que le dan los fondos del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

El Ministerio ve este plan como una oportunidad para atraer a las empresas a su vera y que sean las propias compañías las que presionen a las comunidades y alcaldes del PP para que apliquen la Ley de Vivienda. Así, por ejemplo, ha reservado ayudas extras para las zonas tensionadas que apliquen la industrialización en sus planes de construcción de vivienda: recibirán 8.500 euros por vivienda en vez de 4.000 euros.

Con esta inyección de fondos extra, confía en que sea el propio sector inmobiliario el que presione para acogerse a la Ley de Vivienda. Una jugada de ajedrez que, sin embargo, desde Sumar ven lejana para un problema que es inmediato: los cientos de miles de contratos de alquiler del covid que vencen ahora.