El Sindicato de Inquilinas abre otro frente a la Iglesia a las puertas del juicio por Fusara

El Sindicato de Inquilinas irrumpe en la trama de las Fundaciones de Iglesia y abre un nuevo frente al Arzobispado de Madrid en un momento crítico de la investigación: justo cuando enfila la recta final para ir a juicio tras cinco años de instrucción, en los que se ha tratado de aclarar la presunta existencia de una trama organizada para expoliar patrimonio de entidades benéficas ligadas a la Iglesia Católica.

Una de esas fundaciones es Fusara, dueña de los colegios Santamarca y San Ramón y San Antonio, que también posee una de las carteras de vivienda en alquiler más importante de Madrid: 14 edificios situados en calles tan cotizadas como Fuencarral, Luchana, Barquillo, Churruca, Imperial o San Bernardo, que han sido vendidos a grandes fondos internacionales.

En concreto, fue en julio de 2019 cuando una desconocida sociedad de nueva creación, Tapiamar, adquirió todos estos inmuebles por 74 millones con un préstamo del fondo Castlelake, que posteriormente vendió a Ares. La sombra de la sospecha surge al comprobar que, desde dos meses antes, el administrador único de esta empresa, Roberto de Juan, sabía que el verdadero precio de la cartera superaba los 100 millones, gracias a la valoración que le había hecho la consultora Savills

Para poder comprar tan barato, fue clave el papel del bufete Chávarri, que intermedió la operación, y de una serie de ex altos cargos de Fusara y del Arzobispado, que hicieron creer a los miembros del clero la necesidad imperiosa de vender a precio de derribo.

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Esta operativa convenció tanto a los magistrados del juzgado número 28 de Madrid, como de la Audiencia Provincial de Madrid, de que deben sentarse en el banquillo de los acusados De Juan, Antonio Chávarri, David López Royo (delegado de fundaciones del Arzobispado), Manuel Fernández-Clemente (secretario de las fundaciones), Antonio Naranjo (gerente de otra fundación), Julio Lage (interventor del Arzobispado), Daniel Hidalgo y Jesús Merino (trabajadores de Chávarri).

Pero esta lista dio un giro de guion el pasado verano, detonante que ha terminado llevando al Sindicato de Inquilinas a irrumpir en la causa. El 30 de julio, el Arzobispado llegó a un acuerdo con De Juan para retirar su acusación contra él y contra Hidalgo, y completar así la venta de 13 de los 14 edificios a cambio de elevar de 74 a 122 millones la valoración de esos inmuebles.

La consecuencia inmediata, si este pacto se autoriza, es que las familias inquilinas irán a la calle, horizonte que la plataforma ciudadana está decidida a impedir.

Este nuevo frente social llega en un momento crítico para la causa. Tras el pacto del Arzobispado con los fondos, ahora es la fiscalía quien tiene en su mano el poder de decidir hacia qué lado gira el pulgar, algo que decidirá en su escrito de acusación.

Después de que la Audiencia Provincial haya sostenido que tanto De Juan como Tapiamar deben ir a juicio, es lógico pensar que la fiscalía podría mantener la acusación tanto contra De Juan como contra Hidalgo, lo que dejaría en agua de borrajas el acuerdo al que han llegado con la Iglesia.

En tal caso, además, los vecinos tendrían garantizada su continuación en la causa, algo que han intentado impedir los representantes legales de Fusara, el bufete Baker, que ha presentado un escrito pidiendo que se aplique la doctrina Botín y que los inquilinos queden fuera de la causa.

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Los vecinos, por su parte, sostienen que en este caso impera la doctrina Atutxa y que también son perjudicados, no solo la fundación. Además, han presentado una ampliación de la querella oponiéndose al acuerdo, porque lo consideran la consumación de la presunta estafa, que no ha sido admitido a trámite porque el procedimiento procesal se encuentra ya en fase intermedia.

Las fuentes jurídicas consultadas reconocen que, tras la rotundidad del auto de la Audiencia Provincial, hay más posibilidades de que tanto la fiscal como la jueza puedan terminar acusando a De Juan e Hidalgo, echando así por tierra el objetivo que ambos persiguen de quedar fuera del banquillo de los acusados al pactar con Fusara.

El cabo que sigue quedando suelto es si la magistrada del juzgado de instrucción número 18 rechazará también levantar las medidas cautelares que, a lo largo de estos cinco años, han impedido completar la venta de los pisos de Fusara, o aceptará el acuerdo y permitirá traspasar 13 de los 14 edificios, lo que abrirá la puerta a que se eche a la calle a los vecinos.

A la espera de acontecimientos, la entrada en escena del Sindicato de Inquilinas promete abrir nuevos frentes. Esta plataforma consiguió el pasado verano que el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Madrid respaldara su demanda colectiva contra Nestar al declarar abusivas seis de las siete cláusulas incluidas en los contratos de alquiler de las viviendas gestionadas por esta empresa.