Cáritas pide al Gobierno llegar a acuerdos con los fondos para acelerar el parque público

La vivienda es, junto a la precariedad laboral, uno de los principales motivos de desigualdad en España. La grave crisis habitacional que vivimos llega al punto de que Cáritas, en su último informe de pobreza, afirma tajante que “la vivienda se consolida como factor determinante que redefine la estructura social, incluso más que los ingresos”. Los números que maneja la ONG católica son demoledores: el 45% de las personas que vive de alquiler en nuestro país está en riesgo de pobreza y exclusión social, la peor marca de toda Europa; mientras, en paralelo, tenemos el récord de viviendas secundarias y desocupadas del Viejo Continente.

En concreto, nuestro país tiene 3,8 millones de casas vacías, el 14,4% del total, de las cuales, 1,11 millones se encuentran en municipios de más de 50.000 habitantes, y 400.000, en núcleos de más de 250.000 habitantes. "Sería posible incrementar la oferta sin necesidad de recurrir a nueva construcción, gestionando mejor el parque inmobiliario ya existente", señala Cáritas en su IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Entre las alternativas que propone, destaca la propuesta de llegar a "acuerdos por parte del sector público con grandes tenedores para poner en alquiler viviendas con rebajas del 20%".

Esta fórmula ya estuvo en la mesa de las negociaciones que hace tres años mantuvo el secretario de Estado, David Lucas, con varios fondos capitaneados por Blackstone. Sin embargo, aquellas conversaciones nunca terminaron de cristalizar, fundamentalmente, por las discrepancias que había en torno a quién debía sellar el contrato de alquiler: el Ejecutivo quería que ese papel lo asumiera cada comunidad autónoma o cada administración, mientras que los grandes tenedores abogaban por entenderse con un único interlocutor y proponían que fuera el Ministerio de Vivienda.

Cáritas también apunta al Fondo Social de Viviendas, que gestiona unos 10.000 pisos procedentes de los bancos, y a los 33.000 hogares de Sareb como otras dos vías que permitirían a la Administración movilizar rápidamente pisos con los que nutrir el tan necesario parque social de viviendas en alquiler. En el caso del banco malo, el Gobierno aprobó traspasar a Sepes todas sus casas y una bolsa de 2.400 suelos donde está proyectado construir otras 55.000 viviendas. De estos activos, los que estén en Cataluña serán gestionados por la Generalitat, opción que también pueden solicitar otros ejecutivos autonómicos.

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Para combatir la crisis de vivienda de manera realmente efectiva, Cáritas da prioridad a movilizar cuanto antes todo el parque de hogares ya construido y niega la mayor de que la solución a la crisis pase por lanzarse a promover cientos de miles de hogares. Al contrario, España "se ha mantenido como uno de los países con récord en viviendas por cada mil habitantes de toda la Unión Europea, lo que pone bien a las claras que el problema de la vivienda no es un problema de cantidad o número, sino de acceso a esta", señala el informe.

En cambio, "nos encontramos a la cola en viviendas principales (destinadas a hogar) por cada mil habitantes. Todo ello, gracias a que ostentamos el récord europeo de viviendas desocupadas y secundarias, en una muestra más del sesgo turístico y especulativo —que no atiende a razones de uso— alcanzado por el mercado inmobiliario en el territorio", inciden desde Cáritas.

En las últimas tres décadas, el número total de viviendas en España se ha incrementado un 54,7%, superando en casi dos veces y media el crecimiento poblacional. Si se mira el detalle, se comprueba cómo las viviendas principales han crecido en un 57,9%, pero las viviendas secundarias y las vacías lo han hecho un 45,4% y un 50,7% respectivamente. Estos números sirven a Cáritas para defender que estamos ante un problema de modelo, no de falta de casas.

En su análisis, la ONG también acusa a la Administración de dejación de funciones porque "no ha promovido la formación de un importante parque público de viviendas (sobre todo en alquiler), ni ha desarrollado políticas para frenar el incremento del precio de la vivienda". Además, el grueso de los pisos de protección oficial construidos en las últimas décadas "apenas ha supuesto el 10% del total construido y, casi en su totalidad, se ha destinado a la adquisición, con un porcentaje residual al alquiler".

Cáritas defiende que "la vivienda exige una respuesta estructural que priorice derecho frente a especulación"

Aunque España sigue siendo uno de los países con mayor porcentaje de vivienda en propiedad, en torno al 73%, el problema es que esta se concentra entre las capas de mayor edad y mayor poder adquisitivo de la población, provocando así que uno de cada cuatro hogares sufra exclusión en el acceso a la vivienda. Al ser la vivienda el principal patrimonio de las familias, juega un papel crucial en la desigualdad económica.

El porcentaje de españoles propietarios alcanzó su pico en 2011 (82%), coincidiendo con el estallido de la burbuja. Ha sido a partir de la Gran Recesión, cuando se ha acelerado la concentración de riqueza inmobiliaria entre las capas más altas de la sociedad, hasta llegar al punto de que el 10% más rico ha pasado a amasar el 47% de este patrimonio, desplazando a los hogares de nivel medio-alto, que tradicionalmente lideraban esta categoría.

"Este fenómeno se explica, sobre todo, por la preferencia de los hogares más ricos por los bienes inmuebles como medio de inversión, reforzada por la recuperación progresiva de los precios inmobiliarios. Esta tendencia ha acentuado la desigualdad en la distribución de la riqueza en los últimos años, ya que cada vez menos hogares poseen una vivienda en propiedad".

Concentración de riqueza

El porcentaje de hogares con al menos una segunda propiedad pasó del 30% en 2002 al 45% en 2020. El incremento fue especialmente marcado entre los hogares más ricos, en los que subió del 76% al 94%, y entre las familias de ingresos medios-altos, donde aumentó desde el 40% al 61% en el mismo periodo. En cambio, entre las capas bajas, apenas un 23% cuenta con una segunda propiedad.

"Casi la mitad de los hogares más ricos tienen al menos otras tres propiedades inmobiliarias, lo que duplica el porcentaje que había a comienzos de siglo. La creciente concentración de propiedades en manos de los hogares más ricos no solo contribuye a la desigualdad de la riqueza, sino que también plantea graves problemas de justicia social", señala el informe.

"La creciente concentración de propiedades en los hogares más ricos genera desigualdad y plantea graves problemas de justicia social"

La otra cara de la moneda es que, en los últimos años, se ha producido un incremento del alquiler, que ha pasado de representar el 11,4% en 2001, al 16% en 2021. En ciudades como Madrid o Barcelona, su peso es muy superior, del 24% y 30%, respectivamente. Este paulatino giro desde un modelo de propiedad a uno con mayor protagonismo del alquiler, lejos de conseguir contener los precios, los ha incrementado.

Los motivos, según Cáritas, deben buscarse en la carencia de un parque público de alquiler social y en la falta de intervención decidida sobre el mercado inmobiliario, además de en el propio modelo español, donde la vivienda es vista en muchas ocasiones como negocio.

Aquí entran en juego las viviendas turísticas. Aunque este tipo de casas apenas representa en torno al 10% de la oferta total de alquiler en España, en algunas áreas concretas del país, su peso es muy relevante. Este es el caso de Málaga, donde supone ya el 36,7%, Alicante (29,1%), Islas Baleares (26,8%), Gerona (26,2%) o Cádiz (20,8%), todas ellas, provincias con fuertes problemas de acceso a la vivienda. "La vivienda exige una respuesta estructural que priorice el derecho frente a la especulación", concluye la ONG.