Rechazada la querella de Trinitario contra Torres y Pardo de Vera por Operación Chamartín

Balón de oxígeno para Operación Chamartín. El Juzgado de Instrucción 46 de Madrid ha inadmitido a trámite la querella presentada por la Asociación de Reversionistas No Abuso y Baraka Capital Group, la sociedad de Trinitario Casanova, contra Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, Carlos Torres, presidente de BBVA, Isaías Taboas, expresidente de Renfe, Antonio Béjar, expresidente de Crea Madrid Nuevo Norte, y contra la propia sociedad.

La querella fue presentada el pasado 8 de octubre por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y cohecho. En ella, los querellantes acusan a Pardo de Vera de haber firmado el contrato de novación del 28 de diciembre de 2018 "eludiendo toda la normativa para la transmisión de terrenos públicos, concediendo además un arbitrario e injustificado aplazamiento de pago por veinte años a Crea Madrid Nuevo Norte".

Al estar esta sociedad participada mayoritariamente por BBVA, la querella también se va dirigida contra Carlos Torres y la propia compañía, que terminó comprando los terrenos en diciembre de 2024. Béjar era el máximo responsable de Crea Madrid Nuevo Norte cuando sucedió el hecho denunciado, y Tobías estaba al frente de Renfe, que también forma parte del entramado societario del Estado que participa en esta operación.

El magistrado Javier Ignacio Reyes ha resuelto el sobreseimiento provisional y archivo, "por no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación del sumario, sin perjuicio de las acciones que por otras vías jurisdiccionales pudieran corresponderle". Aunque la resolución no es firme, ya que frente a ella cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, el auto del juez es contundente a la hora de rechazar las pretensiones de No Abuso y Baraka.

TE PUEDE INTERESAR

El informe fantasma de Abogacía del Estado que mancha el arranque de Operación Chamartín

Ruth Ugalde

El magistrado asegura que "las pretensiones del querellante están más próximas a un loable esfuerzo indemnizatorio por vía contencioso-administrativa, desconocemos plazo y situación procesal en su caso, que no al normal desarrollo por la órbita penal de esta denuncia, porque con lo que el propio querellante ha aportado no hay duda de la inexistencia de indicios de la comisión de delito alguno como los indicados en el encabezamiento de su escrito de querella".

La novación de 2018 que firmaron Adif y Crea supuso dos importantes modificaciones: retrasó 20 años el cobro de los 984 millones que debe recibir la empresa pública y trasladó al gestor ferroviario el riesgo de los reversionistas. Además, a pesar de ser la tercera ocasión en que la empresa pública modificaba el contrato en 24 años, fue la primera en que eliminó los derechos de reversión, ya que hasta entonces siempre había reconocido su existencia.

Para dar ese paso, se hizo referencia a un dictamen de Abogacía del Estado de 2002, que Adif mantuvo oculto hasta que Baraka acudió a los tribunales. Entonces se vio que dicho informe, lejos de negar la existencia de los derechos de reversión, reconocía que eran un riesgo todavía vivo y, por tanto, era necesario dejar "constancia escrituraria y registral de la situación litigiosa de los bienes objeto de un procedimiento o proceso de reversión cuando se proceda a transmitirlos por Renfe (ahora también Adif) a Duch (actual Crea)".

En el auto, el juez hace referencia a todo ello y señala que "las dudas sobre la interpretación de ese derecho que el querellante insiste en que se han obviado deliberadamente por los querellados, no es cierta porque esa incidencia si se contempla en el acuerdo y también en el informe consultivo del abogado del Estado, que incluso anunciaba, “… a la vista de los datos facilitados, no puede excluirse por completo la posibilidad de que algún derecho de reversión sea eventualmente reconocido y sea susceptible de ser ejecutado in natura…y cuya salvaguarda en cuanto a su ejercicio podría corresponder, en su caso, a un Tribunal Contencioso…”.