El pecado inconfesable de Castlelake, Ares y el CEO de Barclays en el caso Fundaciones

¿Qué tenían contra ellos para haber aceptado el pacto? Esta fue la pregunta que hizo uno de los primeros espadas empresariales del país el pasado jueves, cuando conoció el acuerdo al que habían llegado Tapiamar y Fusara en el Caso Fundaciones. Esta causa investiga a una presunta trama organizada para expoliar el patrimonio de entidades benéficas ligadas a la Iglesia Católica, y su historia da para serie de Netflix.

En 2019, tras recibir la voz de alarma, el Vaticano ordenó abrir una investigación interna en el seno del Arzobispado de Madrid, trabajo que destapó un rosario de operaciones sospechosas en varias fundaciones. El modus operandi siempre era el mismo: tomar el control de los patronatos, encargar al bufete Chávarri vender el patrimonio a precio de derribo, adquirir otros activos a precio de oro, y, por el camino, repartirse millonarias comisiones.

La máxima expresión de esta operativa fue la venta de 14 edificios de viviendas de la fundación Fusara a un absoluto desconocido, Roberto de Juan, por 74 millones de euros, cuando este ya sabía que valían casi el doble gracias a un informe a la medida hecho por la consultora Savills en mayo de 2019, dos meses antes de que se cerrara la compraventa.

El desconocido De Juan era socio de todo un nombre propio: Álvaro Portanet, CEO de Barclays en España y cuñado de Alejandro Agag. De hecho, el hogar del financiero fue el domicilio social en el que se registró la empresa Tapiamar y las otras 14 sociedades que se utilizaron para comprar estos pisos. No solo eso, además, el informe de valoración de Savills se bautizó como informe Idonae, el mismo nombre que tiene la sociedad patrimonial de Portanet.

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El banquero siempre ha sostenido que se desvinculó de la operación y vendió sus acciones de Tapiamar antes de cerrar la compra, porque así se lo requirió el banco. ¿Qué vieron en Barclays para tomar esa decisión? Nunca se dijo, pero la realidad es que De Juan terminó acusado por el magistrado Jaime Serret, del Juzgado número 28 de Madrid, de un delito continuado de estafa agravada, administración desleal y corrupción entre particulares. En esta investigación, también habría aflorado un reconocimiento de deuda entre Portanet y De Juan que seguiría ligando al banquero con la ahora denostada Tapiamar.

Para evitar ir a juicio, De Juan acordó con Fusara la semana pasada pagar 122 millones de euros: 99 millones en efectivo y el resto en especie con la devolución de uno de los edificios. Qué mejor confirmación del engaño. Lo sorprendente de este acuerdo es que también incluye dejar fuera del banquillo de los acusados a Daniel Hidalgo Pita, empleado de Chávarri, el bufete que intermedió todas las operaciones de las fundaciones y que está considerado epicentro de la trama. Qué mejor confirmación de que Tapiamar y Chávarri iban de la mano.

Durante los meses de negociaciones con las fundaciones previos al acuerdo extrajudicia, De Juan siempre insistó en incluir a Hidalgo, petición que hizo apelando a todo tipo de razones, incluida una amistad de años, como ocurría con Portanet. Hidalgo, según la documentación aportada a la causa, también es administrador de la sociedad Intuitiva y tenía una opción de compra sobre Tapiamar que ligaba directamente al comprador con el bufete intermediario de todas las operaciones. Una estafa de manual.

Sin embargo, y aquí está uno de los pecados capitales de toda esta trama, resulta sorprendente que un gigante como Castlelake, con sus estrictas políticas de cumplimiento y supervisión, y los ejércitos de cum laude que militan en sus filas, fuera incapaz de detectar nada sospechoso. El fondo estadounidense fue el que financió el 100% de la compra con la concesión a Tapiamar de un présamo de 41,5 millones, dinero más que suficiente para saldar los 37 millones en que se fijó el primer pago a Fusara, liquidar todos los gastos y sufragar las millonarias comisiones que se repartieron. Un botín que terminó dejando el rastro que ha permitido tirar del hilo.

¿Qué comité de riesgos aprueba semejante operación financiera a un desconocido De Juan, administrador único de una sociedad recién creada como Tapiamar?, ¿nadie sospechó al ver que se estaba vendiendo a precio de liquidación la mayor cartera de vivienda en alquiler del centro de Madrid?, ¿ni tampoco cuando vieron que al otro lado de la mesa estaba una entidad benéfica, lo que exige ser el doble de cauteloso?, ¿también se les pasó que Idonae tenía ya un informe de Savills que valoraba en casi el doble estos pisos y que el plan inicial de Tapiamar era una reventa exprés?

Sin el dinero de los fondos, que pusieron el 100%, para Tapiamar habría sido imposible realizar la operación. Su colaboración era necesaria

CIO Spanish Finance Lux, sociedad de Castlelake que aportó los fondos para que Tapiamar realizara el primer pago de la compra de Fusara, se creó en abril de 2019, apenas unos días antes de que el patronato de Fusara mandatara a Chávarri vender los pisos. Pero nadie sabía nada. El escándalo también pilló por sopresa a Ares, otro gran fondo internacional con rigurosos estándares de cumplimiento, que seis meses después de la compraventa, cuando el escándalo ya había saltado a la prensa y llegado a los tribunales, adquirió este préstamo a Castlelake y lo amplió.

Ares elevó la financiación hasta 85 millones, suficiente para comprar la posición de Castlelake, cubrir el segundo pago, el resto de gastos, intereses, comisiones y dejar margen para una millonaria ganancia. Savills valoró en una horquilla de entre 110 y 141 millones el precio al que podían llegar a venderse estas viviendas. Está claro que compraban a precio de derribo y que, sin el dinero de los fondos, la estafa que investiga el Juzgado 28 nunca habría sido posible. Su colaboración fue absolutamente necesaria, porque Tapiamar carecía de recursos para abordar la operación y ellos pusieron el 100%.

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Ahora, para evitar el juicio y poder cerrar el pacto, De Juan e Hidalgo también van a contar con el dinero del fondo, que será quien aporte los 62 millones de euros que faltan para cubrir los 99 millones en efectivo pactados, ya que Tapiamar solo realizó el primer pago de 37 millones. Coincidencia o consecuencia, Hidalgo fue la persona que llevó la negociación con los fondos y su declaración en el juicio podía ser una auténtica bomba de relojería. Del mismo modo, su colaboración en estos meses parece que también ha sido clave para que Fusara haya podido cargarse de pruebas.

Además, permitir que De Juan se sentara en el banquillo de los acusados era un riesgo demasiado elevado, porque si pierde y se demuestra que la operación fue fraudulenta, provocaría la nulidad del contrato: los 14 edificios volverían a la fundación, los 37 millones que ya había pagado Tapiamar menguarían en función de la responsabilidad civil que se le pusiera y los fondos se verían reclamando el 100% del dinero a un sociedad que siempre fue un cascarón vacío. Mejor pagar lo que siempre se ha sabido que valían estos edificios y aprovechar que, desde entonces, el mercado residencial en Madrid ha disparado su valor para, seis años después, poder comprarlos y, esta vez sí, darles el pase.