La brecha de precio entre vivienda libre y protegida se ha doblado durante los Gobiernos de Sánchez

La vivienda ha sido una de las grandes banderas del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que llegó al Gobierno. Las promesas de llenar la piel de toro de pisos asequibles y frenar la especulación han sido una constante en sus siete años como inquilino de la Moncloa, unas palabras vacías, ya que la realidad de los datos demuestra que los frutos han sido justo los contrarios.

Cuando Sánchez llegó al poder, en junio de 2018, la vivienda libre era un 40% más cara que la protegida, con un precio medio de 1.588 euros por metro cuadrado, frente a los 1.130 euros de la protegida. Ahora, la brecha es casi el doble de grande y llega hasta el 74%.

Al cierre del primer trimestre de este año, según los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio, el precio medio por metro cuadrado de la vivienda libre se sitúa ya en 2.033 euros por metro cuadrado, frente a los 1.170 euros de la protegida.

El motivo de esta desproporción es la disparada espiral alcista en la que está inmerso el precio de la vivienda, capaz de ampliar así la brecha, y eso a pesar de que en los últimos años todas las comunidades autónomas han revalorizado el precio del módulo protegido.

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Esta creciente diferencia es todavía mayor cuando se pone el foco en la vivienda nueva, que alcanza ya los 2.357 euros por metro cuadrado, mientras que la de segunda mano se sitúa en 2.024 euros. El extraordinario esfuerzo que se necesita para comprar cualquiera de estas dos tipologías resulta especialmente preocupante cuando se recuerda que la inmensa mayoría del parque residencial es libre, y también el grueso de las nuevas promociones.

Por ejemplo, en el primer trimestre de este año se iniciaron 31.179 viviendas libres y se terminaron otras 18.642; mientras que en el caso de las protegidas estas cifras se desploman hasta 3.237 y 2.497, respectivamente. En términos anuales, en 2024 se iniciaron algo más de 112.220 viviendas libres, por 23.967 con algún tipo de protección, y eso que estamos hablando de un año récord, ya que en 2023 fueron 12.304 y en 2018, cuando Sánchez llegó al Gobierno, apenas 11.903.

Baleares, Guipúzcoa, Madrid, Vizcaya, Barcelona, Málaga y Álava son, por este orden, las provincias donde mayor es la brecha. La otra cara de la moneda corresponde a Jaén, Ciudad Real, Cuenca, Teruel, Zamora, León, Ávila, Palencia, Ourense, Córdoba y Lérida, donde el precio de la vivienda protegida ha superado el de la libre usada.

El bajo peso de la vivienda protegida en nuestro país responde, fundamentalmente, a que desde la llegada de la democracia los gobiernos de todo signo político han apostado por permitir una relativamente rápida descalificación de la vivienda pública. El motivo, sostienen los defensores de este modelo, es que así se destinan los recursos públicos a ayudar a que las familias construyan un patrimonio.

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A cierre del primer trimestre de este año, según los datos del Banco de España, la riqueza inmobiliaria de las familias españolas ha superado los 6,7 billones de euros. Esta cifra es un 40,2% superior a la registrada en 2018, el año en que Sánchez llegó al Gobierno, variación que pone de manifiesto cómo se han beneficiado de la espiral alcista de los precios de la vivienda.

La réplica que dan quienes se oponen a la liberalización de la VPO, y abogan por mantener esta calificación para siempre, es que las familias también pueden salvaguardar un ahorro y construir su propio patrimonio con un piso protegido. Lo que no podrán es especular, porque si desean vender la vivienda, deberán hacerlo a un precio limitado. Y la brecha, actualmente, es del 74%.

Según un informe de CCOO, el parque público de vivienda en España podría constar de 4,7 millones de unidades si no se hubiese permitido su descalificación y el gasto en política de vivienda se hubiese dirigido a tal fin. Solo entre 1980 y 2023 se han construido 2,7 millones de viviendas protegidas en España, lo que equivale al 23% de todas las casas promovidas en este periodo, pero actualmente se estima que apenas quedan 500.000 que no se hayan liberalizado.