El Gobierno no quiere okupas: Sareb deberá liberar los pisos antes de pasarlos a Sepes

Reparto Salomónico. El Gobierno ha decidido pasar a Sepes, embrión de la futura promotora pública, los mejores activos de Sareb y dejar al banco malo a cargo de los cerca de 10.000 millones de euros en activos tóxicos que todavía guarda en sus entrañas, la herencia más envenenada de la crisis financiera.

Dar salida a todos estos suelos e inmuebles es la base del papel que tendrá el banco malo a partir de septiembre, cuando presentará su nuevo plan estratégico. Pero, además, Sareb deberá dar servicio a Sepes, empresa pública de suelo que se va a convertir en la nueva promotora estatal.

La compañía liderada por Leire Iglesias carece del equipo y los sistemas informáticos necesarios para gestionar todo el volumen de activos que el Gobierno ya ha aprobado traspasarle: 40.000 viviendas construidas y 2.600 suelos, donde está previsto levantar otros 55.000 pisos.

Para evitar un colapso, la idea que hay actualmente sobre la mesa es que Sareb continúe operando como empresa en liquidación el tiempo necesario hasta terminar de completar todo el plan. Por los compromisos que asumió el Estado español con Bruselas cuando se creó el banco malo, este deberá liquidarse en el año 2027, hito que se cumplirá.

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Pero entrar en liquidación no significa necesariamente desaparecer, sino que puede estar operando durante años bajo esta fórmula hasta completar la salida de todos los activos. Y, en este caso, además, hasta que la futura promotora pública tenga suficientemente asentados los cimientos.

De hecho, Sareb empezará desde ya a dar servicios a Sepes. Primero, con el traspaso de las primeras 13.000 viviendas ya construidas y sin inquilino que se irán transfiriendo a lo largo del último trimestre de este ejercicio y durante el próximo, y de otras 5.000 casas que ya tienen gente viviendo con contratos de alquiler en regla.

Sepes no recibirá ninguna vivienda con okupas. Al contrario, los cerca de 3.400 pisos ilegalmente habitados que tiene Sareb seguirán en el banco malo hasta que se completen los lanzamientos y se puedan recuperar las viviendas. Será a partir de ese momento cuando se pasarán a la nueva promotora pública. Un trabajo que llevará años hasta tenerlo completado.

Además, Sareb cuenta con 7.700 alquileres sociales ya vigentes y hasta 9.000 aprobados, que serán las últimas viviendas en ceder a Sepes. El motivo es que estos hogares exigen una gestión muy intensa por todos los planes de acompañamiento, y la promotora pública carece de plantilla para eso.

El plan que anunció la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el pasado martes, fue que Sepes iba a crear una plataforma con entidades del Tercer Sector, que se encargará de atender a toda esta población vulnerable. Pero, hasta tener listo este modelo, seguirán bajo el paraguas de Sareb.

Además, hay cerca de 10.000 pisos, de los 40.000 que se pasarán a Sepes, que todavía están en proceso de transformación y a los que también les queda un largo recorrido. En estos casos, Sareb tiene préstamos impagados cuyo colaterales (garantía) son esas casas, viviendas que tiene identificadas y que prevé ejecutar en un futuro, pero todavía no son suyas.

Reparto salomónico

Sepes ha elegido los mejores suelos de Sareb para promover otras 55.000 viviendas, un terreno donde ha sido especialmente exquisito, ya que se ha quedado el grueso de las parcelas de Árqura, promotora que era la joya de la corona de Sareb, valorada en 800 millones de euros.

En cambio, la futura inmobiliaria pública apenas ha cogido activos de Proyecto Viena, otra cartera que tenía organizada Sareb para sacar a la venta justo cuando el Ejecutivo decidió parar todo para hacer el traspaso a Sepes. En este caso, los suelos son mucho peores y están ubicados en zonas con poca demanda.

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Por el contrario, los activos que se quedará Sareb y que en ningún caso irán a Sepes son 6.800 inmuebles terciarios (edificios de oficinas y comerciales, fundamentalmente), 17.800 obras en curso y unos 22.000 suelos, en su inmensa mayoría industriales y rústicos, aunque también hay alguno residencial.

Con la venta de esos inmuebles, el banco malo deberá seguir pagando cada año, hasta su total desaparición, los intereses de su deuda, una factura que todavía ronda los 29.000 millones de euros.