El Gobierno maniobró para tapar el rechazo del Consejo de Estado al decreto anti-Airbnb

El pasado 18 de diciembre, a las puertas de las vacaciones de Navidad, el Consejo de Estado sacó los colores al Real Decreto sobre el registro único de arrendamientos y ventanilla única digital, una norma que ha puesto en pie de guerra a los alquileres de corta duración. El órgano consultivo redactó un dictamen en el que, entre otros aspectos, acusaba a la nueva normativa de invadir competencias autonómicas y presentar graves deficiencias técnicas y jurídicas.

El Ejecutivo ha conseguido mantener hasta ahora fuera de los focos este revés, un duro fallo al que ha tenido acceso El Confidencial y en el que se lee la lapidaria oposición de este ente a la medida estrella del Gobierno para combatir los alquileres turísticos. Lejos de tomar en consideración los argumentos del Consejo de Estado, el Ministerio de Vivienda se movió rápidamente para combatirlo con un contrainforme que se preparó con celeridad récord.

En apenas 48 horas, el 20 de diciembre, la cartera dirigida por Isabel Rodríguez tuvo listo lo que se bautizó como "nota informativa urgente", escrito que se pidió como argumentario para contrarrestar los planteamientos del Consejo de Estado y que terminó incorporándose al expediente que se compartió con las partes que presentaron alegaciones.

Las fuentes consultadas aseguran que el dictamen fue un auténtico jarro de agua fría para Vivienda, que no se esperaba este revés, lo que le llevó a maniobrar rápidamente para tener listo un contrainforme. Desde el gabinete de Rodríguez justifican así este encargo: "ante la disparidad, solicitamos opinión a dos catedráticos que, tras procedimiento contractual, habían sido seleccionados para asesorar al ministerio por su experiencia en esta materia y por su larga producción doctrinal y experiencia judicial".

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El documento redactado por estos expertos, al que también ha tenido acceso este medio, es un escrito de apenas cuatro páginas, que se asemeja casi a un borrador, y que aporta argumentos jurídicos para defender que el Real Decreto de regulación de los pisos turísticos no invade competencias autonómicas ni es contrario al artículo 149 de la Constitución, como dice el Consejo de Estado.

Lo escueto del mismo, y la urgencia por presentarlo, dista mucho de asemejarse a un trabajo de fondo y parece responder más a una rápida maniobra para tapar el revés y poder cumplir a la promesa que hizo el Ejecutivo de tener listo el registro en 2025, un año antes de lo exigido por Europa. En mayo de 2024, entró en vigor un nuevo reglamento que el Parlamento del Viejo Continente aprobó con el objetivo de regular los alquileres turísticos, y en especial, a las grandes plataformas como Airbnb, a las que obliga a llevar un registro y compartir los datos con la Agencia Tributaria y las autonomías.

"La urgencia de la petición al Consejo se debía a la necesidad de contar con una herramienta que luchara contra las Viviendas de Uso Turístico ilegales cuanto antes", replican desde el ministerio. Esta cartera considera el auge de los pisos turísticos como uno de los grandes responsables de la crisis de la vivienda, razón de fondo para conseguir un contrainforme que evitara el colapso de su nuevo decreto.

Las principales objeciones que plantea el dictamen del Consejo de Estado se refieren a "la falta de competencia del Estado, al amparo del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 13.ª y 31.ª de la Constitución, para establecer el procedimiento de registro único de arrendamientos (apartado IV), y a la insuficiencia de rango para imponer a las personas arrendadoras y a las plataformas en línea de alquiler de corta duración toda una serie de obligaciones que no vienen amparadas por ninguna norma con rango de ley (apartado V)".

Otra de sus grandes críticas es que la norma "altera el régimen de funcionamiento del Registro de la Propiedad y del Registro de Bienes Muebles", lo que le lleva a concluir que "solo si se subsanasen estos inconvenientes, bien mediante la supresión de una parte de la regulación proyectada, bien mediante su sustitución por otra regulación diferente, podría el Gobierno aprobar el proyecto de Real Decreto sometido a consulta".

El órgano consultivo, incluso, se pronunció en contra de la celeridad con la que el Ejecutivo tramitó este decreto, que entró en vigor el pasado 2 de enero. "Resulta imposible que en un plazo de días desde la aprobación del proyecto puedan las personas arrendadoras y las plataformas en línea de alquiler de corta duración adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento. Incluso cabe dudar de que la Administración vaya a estar en condiciones en ese breve plazo de tiempo de establecer la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos prevista". De hecho, al final, la aplicación efectiva será a partir del próximo 1 de julio.

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Agencias

Este pronunciamiento del Consejo de Estado deja abierta la puerta a que las empresas de alquiler temporal puedan intentar ahora tumbar en los tribunales esta norma, recurriendo, precisamente, a los argumentos de inconstitucionalidad que da este órgano, de ahí la importancia que tiene el contrainforme encargado por el Ejecutivo a los dos catedráticos.

Además, la decisión del Gobierno de desestimar estas advertencias y encargar informes favorables adicionales permite al sector poner en duda el respeto del Ejecutivo a los controles institucionales y al equilibrio de poderes en la regulación de los arrendamientos de corta duración. Más gasolina para avivar un fuego que amenaza con generar otro incendio al Gobierno, que ya suma importantes errores, como ocurrió con la Ley del 'solo sí es sí'.

El dictamen del Consejo de Estado fue aprobado por unanimidad, pero con la inhibición de uno de sus consejeros permanentes, el ex jefe de la Casa del Rey, Alberto Aza Arias.