La historia interminable de los reversionistas de Operación Chamartín

Tres décadas separan el arranque de Operación Chamartín del momento actual. Un tiempo en el que siempre ha estado latente, con mayor o menor intensidad, la reclamación de sus derechos por parte de los reversionistas. Con este nombre se conoce a los propietarios originales de los terrenos, a quienes el Estado expropió para levantar la madrileña estación de trenes, inaugurada en 1975.

No habían transcurrido ni 20 años cuando el entonces ministro de Fomento, Josep Borrell adjudicó el concurso para la concesión de Operación Chamartín, un desarrollo urbanístico que se llevó Duch, sociedad controlada por el entonces banco público Argentaria (hoy BBVA) y participada por la constructora San José.

En la elección de Duch jugó un importante papel su aceptación de una cláusula, por la cual, el adjudicatario se comprometía a "asumir las consecuencias jurídicas y económicas que pudieran derivarse" de los procedimientos de reversión. Estas consecuencias son ahora un disparo contra los intereses de BBVA, dueño del 75% del proyecto, ya que si los reversionistas consiguen su objetivo, se podría enfrentar a responder de la mayoría de la reclamación.

Por el momento, ya han enviado una carta a los supervisores de la bolsa estadounidense (SEC) y española (CNMV) alertándoles de que el banco se ha anotado un incremento patrimonial de 1.000 millones de euros por la compra de los terrenos el pasado diciembre, sin acompañarlo de ningún tipo de provisión por los derechos de reversión. Además, el pasado febrero, enviaron un burofax al banco de inversión Rotschild, que según algunos medios ha sido contratado por el banco para vender parte de su participación, advirtiéndoles de su vieja reclamación.

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Ruth Ugalde

Cuando Duch se adjudicó Operación Chamartín, el marco legal imperante era la Ley de Expropiación de 1954, que reconocía el derecho de reversión sin importar el tiempo que pasara. Pero este contexto cambió en noviembre de 1999, cuando Rafael Arias-Salgado, ministro del primer Gobierno de José María Aznar, sacó adelante la Ley de Ordenación de la Edificación, que limita el alcance de los derechos de reversión.

En esencia, esta nueva normativa elimina tal reclamación si los terrenos expropiados se utilizan para el fin que justificó la expropiación durante al menos diez años, periodo que la estación de Chamartín ha superado con creces. Este es el principal argumento que esgrimen desde Duch, actual CREA Madrid Nuevo Norte, para rechazar cualquier reclamación de los reversionistas.

También es la base de los pronunciamientos que Abogacía del Estado, y algunas instancias judiciales, han defendido en contra de las reclamaciones de los reversionistas. Sin embargo, un grupo de más de 1.000 familias, agrupadas en torno a la Asociación No Abuso, presentaron la solicitud del ejercicio del derecho de reversión justo unos días ante de entrar en vigor la ley de 1999.

Esa anticipación, sostienen, conlleva que les aplica la norma de 1954 y, por tanto, su derecho de reversión sigue vivo. Especialista en nadar en aguas turbulentas, el empresario Trinitario Casanova se unió a ellos en 2018, justo antes de la última modificación del contrato de concesión, que eliminó los derechos de reversión con base en un informe fantasma de Abogacía del Estado.

Como publicó este medio, aquella novación se aprobó con José Luis Ábalos al frente del Ministerio e Isabel Pardo de Vera en la presidencia de Adif. Ese documento daba a entender que los servicios legales públicos defendían que los derechos de los reversionistas ya no aplicaban, afirmación que nunca se acompañó del correspondiente informe que supuestamente la avalaba. Hasta que el ministerio ha tenido que hacerlo en sede judicial por los pleitos que Casanova ha conseguido mantener vivos.

La sorpresa ha sido comprobar que, lejos de dar por enterrados los derechos de reversión, Abogacía del Estado defiende que "las modificaciones contractuales que se introduzcan sobre esta materia deberían prever la necesaria constancia escrituraria y registral de la situación litigiosa de los bienes objeto de un procedimiento o proceso de reversión cuando se proceda a transmitirlos por Renfe (ahora Adif) a DUCH (ahora CREA)".

Algo que no se hizo en 2018, ni tampoco en 2021, cuando Adif canceló unilateralmente los derechos de reversión que tenían reconocidas las fincas que reclama No Abuso, justo el mensaje contrario al defendido por Abogacía del Estado. Una actuación que los reversionistas han llevado también ante los tribunales, sumando así pleitos a una historia que nunca ha terminado de resolverse y que parece no tener fin.