El Gobierno lanza una guerra de cifras para contrarrestar las críticas a la Ley de Vivienda

El primer aniversario del tope de rentas ha sido el momento elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para lanzar una ofensiva de datos con la que pretende contrarrestar las cifras que, desde el mundo empresarial, se usan como arma arrojadiza contra la Ley de Vivienda.

El pistoletazo de salida lo dio la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, el viernes de la semana pasada, cuando, acompañada por el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consejera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, aseguró con rotundidad que "la Ley de Vivienda funciona".

Consciente de que el relato necesita acompañarse de datos, centró sus cifras en dos frentes clave: el precio y la oferta. Respecto al primero, aseguró que los 140 primeros municipios catalanes en aplicar el tope de rentas abarataron sus alquileres de media un 3,7%, mientras que en el total de Cataluña el ajuste fue del 3,3%, y en Barcelona, de un espectacular 6,4%. En relación con la oferta, dijo que hay 17.000 contratos de arrendamiento más que antes del tope.

Tres días después, fue el propio presidente del Gobierno quien sacó pecho de estos datos en un acto de entrega de vivienda asequible en Sevilla. Delante de Juanma Moreno, uno de los grandes líderes del PP, pidió a todas las comunidades aplicar la Ley de Vivienda para los ciudadanos de toda España puedan beneficiarse de los mismos resultados que está teniendo ya Cataluña.

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El enfoque nacional fue la siguiente ofensiva del Ejecutivo, que el martes aprovechó la actualización del índice de precios para anunciar que, tras la aprobación de la Ley de Vivienda, el número de casas en alquiler habitual en toda España se incrementó un 4,9%, hasta los 2,3 millones de contratos. Un mensaje sobre el que insistió el secretario de Estado, David Lucas, el jueves, en un curso sobre vivienda social en la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) de la Ciudad Condal.

Estos números son todo un disparo a la línea de flotación de la principal crítica que hacen los opositores de las políticas del PSOE: la reducción de oferta. La tesis mayoritaria en el mundo empresarial es que los caseros, asfixiados por tanta regulación, están retirando los pisos del mercado del alquiler, lo que dificulta todavía más el acceso a la vivienda, especialmente a los más vulnerables, ya que los pocos pisos que hay se los quedan los bolsillos más acomodados.

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Por ejemplo, Alquiler Seguro cifra en cerca de 100.000 el número de pisos que han desaparecido del alquiler en 2024, la inmensa mayoría, en la provincia de Barcelona, con 37.000 bajas, equivalente al 38% de ese mercado. Pero el Ejecutivo asegura que hay 17.000 más que un año antes. ¿Quién miente?

Para que cuadre el número del Gobierno, se necesitaría que, solo en el último trimestre del pasado ejercicio, se hubieran puesto en alquiler 60.000 casas en esta provincia, hasta llegar a 150.000. Un número, a priori, difícil de digerir. No obstante, es cierto que hay un factor que puede haber actuado de palanca para aumentar la oferta en la recta final del año: las normativas contra los alquileres turísticos y temporales.

Barcelona ha apostado por la tolerancia cero hacia estos modelos, hasta el punto de que retirará las licencias a los airbnb legales en menos de tres años, y ha aprobado multar con hasta 900.000 euros a quienes firmen contratos de temporada con el único objetivo de evitar la Ley de Vivienda. Este tipo de medidas son todo en revulsivo para llevarse los pisos al alquiler habitual, lo que explicaría el aumento de oferta que defiende el Gobierno, o a la venta, lo que respalda las tesis de las empresas.

De hecho, según los datos del Consejo General del Notariado, durante el año pasado crecieron un 11,5% las compraventas, hasta alcanzar las 716.183 operaciones, un alza donde parece lógico pensar que hay una importante bolsa de pisos retirados del alquiler. Pero también es evidente que han entrado en juego más factores, lo que impiden responsabilizar solo a la Ley de Vivienda el aumento de las compraventas.

Por una parte, la relajación de los tipos de interés y el elevado precio del alquiler ha despertado el apetito por las hipotecas. De hecho, estas han crecido un 21,5% en 2024, frente al 11,5% que se han elevado las compraventas. Por otra, la mayor producción de obra nueva también ha alimentado el incremento de las adquisiciones de vivienda, ya que esta producción suele ir mayoritariamente a la venta y no al alquiler.

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Aquí el Ejecutivo también ha entrado a jugar la partida de los datos. Por una parte, para dar credibilidad a sus cifras, Isabel Rodríguez firmó el pasado 13 de marzo un convenio con el Consejo General del Notariado para aportar datos y estadísticas que permitan llevar un seguimiento de las políticas públicas de vivienda. Por otra, el pasado jueves, la ministra aseguró triunfante estar "invirtiendo la tendencia de los últimos cuatro años".

Los datos sobre los que sustentó dicha afirmación fueron que, en 2024, se visaron 126.761 casas y se finalizaron 110.306, un 7,6% más que el año anterior, mientras que la creación de nuevos hogares fue de 111.548. Un dato que, como ocurre con todos en esta guerra de cifras, por sí solo puede dar la imagen contraria a la real y llevar a creer que se está promoviendo la suficiente vivienda como para satisfacer toda la demanda. Cuando la realidad es justo la contraria

Basta con abrir esos portales que tanto demonizan desde el Ejecutivo para comprobar que la oferta, ya sea para compra o para alquiler, se ha desplomado. Otra cosa es que se pueda responsabilizar de ello exclusivamente a la Ley de Vivienda cuando, probablemente, el único punto en el que todas las partes coinciden es en que hace falta más producción de vivienda para hacer frente a la creciente demanda.

Este desequilibrio entre una creciente demanda para una oferta incapaz de producir al ritmo que se necesita lleva años presionando al alza los precios, tanto en zonas reguladas (Barcelona) como no reguladas (Madrid), y son responsables todas las administraciones, precisamente, porque se trata de una competencia cedida. Quizás por ello, prefieren llevar el debate de los datos a otros terrenos de juego.