Europa saca los colores a Dinamarca, adalid de vivienda social, por discriminación étnica

Es, junto con Países Bajos (24%), Austria (20%) y Francia (17%) uno de los países europeos con mayor porcentaje de vivienda en alquiler social respecto al número de hogares. Hablamos de Dinamarca que, con un 20%, se lleva la medalla de bronce de toda la Unión Europea (UE), superando con creces la media europea del 8%. En concreto, cuenta con algo más de medio millón de alquileres sociales, lo que supone 8,6 viviendas sociales por cada 100 habitantes. En España, dicho porcentaje apenas es del 3,3%, 1,3 viviendas por cada 100 habitantes. A la cola de Europa.

Dinamarca también es uno de los países dentro de la UE con mayor gasto en protección social en vivienda. En este caso, es Irlanda quien lidera el ránking con un gasto de 334,8 euros por habitante, entre 2007 y 2021, seguido de Dinamarca (318,8 euros por habitante), Francia (274), Finlandia (246,2), Alemania (209), Suecia (187,4) y Países Bajos (171,6), cuyas cifras de gasto en esta materia son de las más elevadas de Europa. En el caso de España, según esta estadística, la cifra media de gasto en protección social en vivienda se situó en 34 euros por habitante al año. De nuevo, a la cola de Europa.

"La legislación danesa que regula la vivienda pública en zonas de transformación discrimina y se basa en un criterio étnico"

Junto a Austria o Suecia, Dinamarca es uno de los países europeos en los que los expertos en materia de vivienda invitan a mirar. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de sacar los colores al país danés por discriminación étnica. Al menos, así lo entiende la Abogada General, Tamara Ćapeta, cuyas conclusiones no son vinculantes para el TJUE. Según la abogada general, "la legislación danesa que regula la vivienda pública en zonas de transformación constituye una discriminación directa basada en un criterio étnico".

La legislación danesa de vivienda pública distingue varios tipos de barrios con situaciones socioeconómicas desfavorables en términos de tasas de desempleo, delincuencia, educación e ingresos. Estas dos zonas son Schackenborgvænge, en Slagelse, y Mjølnerparken, en Copenhague. Zonas en las que, además de una situación socioeconómica desfavorable, hay una proporción de inmigrantes procedentes de países no occidentales y de sus descendientes que ha superado el 50% durante el último lustro han sido calificadas de "zonas de transformación" (anteriormente, "guetos severos").

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Oscar Gelis Pons. Copenhague

Los bloques de Mjølnerparken en Copenhague se han convertido en un símbolo de las protestas vecinales contra el plan del Gobierno desde hace años, pero no es la única localidad afectada de Dinamarca. Como publicó El Confidencial, en total, hay una decena de zonas que el Gobierno considera como “sociedades paralelas” repartidas por las principales ciudades del país, como el barrio de Vollsmose, en Odense, o el de Gellerup, en Aarhus. En todo el país hay 4.000 viviendas sociales afectadas por el plan que tendrán que ser vaciadas o derrumbadas antes del año 2030. A finales de 2023, al menos 430 de ellas ya habían desaparecido.

El polémico plan de urbanismo marca que en las zonas afectadas solo puede quedar un 40% de vivienda social y la ley obliga a las asociaciones de vivienda pública propietarias de esas zonas a elaborar un plan de desarrollo en el que se detalle de qué manera el porcentaje de viviendas públicas en las zonas de transformación va a reducirse a ese 40% antes del 1 de enero de 2030, por ejemplo, mediante la venta de inmuebles a promotores privados, su demolición o la transformación de viviendas familiares en viviendas para jóvenes.

Pero, ¿qué pasa con quienes vivienda actualmente en esas viviendas en alquiler? En estos casos, los contratos de arrendamiento con los antiguos arrendatarios deben resolverse. Los arrendatarios que se encontraban en esa situación en dos zonas de transformación como Schackenborgvænge y Mjølnerparken decidieron entonces impugnar judicialmente la legalidad de los planes de desarrollo adoptados sobre la base de la legislación danesa de vivienda pública. Fue entonces cuando el Tribunal de Apelación de la Región del Este (Dinamarca), al albergar dudas sobre la compatibilidad de la legislación danesa con la Directiva sobre el Origen Racial o Étnico de la Unión Europea, decidió recurrir al TJUE para resolver esta cuestión.

En sus conclusiones presentadas hoy, la Abogada General indica que "la división entre los inmigrantes "occidentales" y "no occidentales" y sus descendientes se basa en el origen étnico" y considera que, "aunque los "no occidentales" son un grupo diverso desde un punto de vista étnico, lo que une a este grupo no es un conjunto de elementos que conformen su "etnicidad", sino la percepción, por el legislador danés, de que no posee las características del otro grupo (el de los "occidentales")".

La Abogada General recuerda a continuación que existe discriminación directa cuando el trato desfavorable se basa directamente en el origen étnico. Por consiguiente, "aunque los arrendatarios cuyos contratos de arrendamiento se resolvieron no fueron seleccionados en función de su origen no occidental, sí fueron objeto de discriminación directa sobre la base del criterio étnico".

En opinión de la Abogada General, la primera razón por la que se produjo discriminación directa es que "la legislación coloca a dichos arrendatarios en una situación precaria por lo que respecta a la seguridad de su derecho a vivienda, lo que se traduce en que reciben un trato menos favorable que los arrendatarios de otros barrios comparables en los que la mayoría de la población es de origen "occidental"".

Asimismo, considera que "el criterio étnico empleado por la legislación danesa estigmatiza el grupo étnico cuya desventaja estructural en su capacidad de integración en la sociedad danesa ha sido reconocida, de modo que, en lugar de mejorar sus posibilidades de integrarse en dicha sociedad, las empeora".

La polémica arranca en 2018

Dinamarca ya tuvo que responder el pasado mes de septiembre ante el TJUE por las acusaciones en torno a que su política de demolición de barrios con presencia de minorías para promover la integración equivale a discriminación racial. El país nórdico introdujo en 2018 lo que llamó un paquete de guetos, un controvertido plan para alterar radicalmente ciertas zonas residenciales, incluso derribando viviendas sociales para dispersar a los residentes. Fue entonces cuando una decena de residentes de Mjolnerparken, una zona residencial de Copenhague, presentaron por primera vez una demanda contra el Ministerio de Asuntos Sociales de Dinamarca en 2020 tras enfrentarse a un desahucio.

Un tribunal danés solicitó en 2023 una audiencia preliminar ante el TJUE para determinar si el término "origen étnico" debía interpretarse en el sentido de que incluía el origen "no occidental" y, en caso afirmativo, si era discriminatorio. Una vez que el TJUE haya llegado a una conclusión, el caso volverá al tribunal danés, que decidirá cómo aplicar la sentencia.

Los residentes de estos barrios "se sienten ofendidos y estigmatizados"

Respecto a los residentes de estos barrios, "se sienten ofendidos y estigmatizados por el hecho de que en el discurso cotidiano, en la legislación, en todas las propuestas políticas que rodean a este asunto, se hayan referido a ellos como residentes de zonas gueto", dijo a Reuters Eddie Khawaja, abogado de los residentes.

Como publicó El Confidencial, los expertos alertan de las consecuencias que puede tener hacer políticas sociales urbanas que trasladan población de una zona a otra. La investigadora en la Universidad de Aalborg Marie Stender, que ha estudiado en profundidad las zonas afectadas y ha hablado con centenares de sus vecinos, señala que “Dinamarca no ha sido el primer país en intentarlo, pero, al observar ejemplos internacionales, no podemos encontrar evidencias de que esto funcione”.