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Pagar para recuperar tu vivienda: la otra realidad tras la moratoria antidesahucios
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EL PROBLEMA DE LA INQUIOKUPACIÓN

Pagar para recuperar tu vivienda: la otra realidad tras la moratoria antidesahucios

El Gobierno ha convertido a 80.000 propietarios en víctimas de su escudo social, al obligarles a tener a inquilinos que no pagan. Es el fracaso del sistema y el caldo perfecto para las mafias

Foto: Una mujer muestra una pancarta contra las ocupaciones. (EFE/Alejandro García)
Una mujer muestra una pancarta contra las ocupaciones. (EFE/Alejandro García)
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Carmen tiene 86 años, una pensión de viudedad de apenas 429 euros, un hijo discapacitado y, desde hace dos años, es víctima de la inquiokupación. Su hija Carmen denunció ayer su caso ante los medios de comunicación, cansada de ver cómo el Gobierno intenta invisibilizar esta realidad, mientras sigue alimentándola con cada nueva moratoria antidesahucios, como la pactada ayer con Junts.

Hace ocho meses, Carmen sufrió un ictus que la dejó en silla de ruedas y la convirtió en dependiente. Sin embargo, a ojos del sistema, el vulnerable es su inquilino, una persona con menores a cargo que, tras cuatro años alquilado por 300 euros al mes en una casa de cinco habitaciones en el centro de Elche, dejó de pagar. Cuando iba a llevarse a cabo el lanzamiento, los servicios sociales le declararon vulnerable y dejaron a esta octogenaria alicantina sin el ingreso que complementaba su pensión.

Poco importó que su hija presentara el informe de un detective donde se aseguraba que su inquiokupa estaba trabajando en B, ni que Carmen necesite ahora disponer del piso para afrontar los cuidados que requiere tras el ictus. A ojos del sistema, la víctima es el otro, y ella, casi culpable por haber heredado el piso donde vivieron sus padres. "Parece que por ser propietarios de un piso estemos cometiendo un pecado", se lamenta su hija.

El de Carmen es solo un caso de los muchos que han sido denunciados a la Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO), que cifra en cerca de 80.000 las víctimas por la inquiokupación, un problema que para el Gobierno no existe. El Ejecutivo centra sus cifras en los delitos por allanamiento de morada y usurpación, que en 2023, último ejercicio con cifras oficiales, sumaron 15.289 denuncias.

Esta indefensión está llevando a cada vez más afectados a intentar recuperar su vivienda por otras vías. En concreto, según datos de Asval (Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler), el 80% de quienes consiguieron volver a tener las llaves de su casa el año pasado recurrió a acuerdos extrajudiciales, que en la inmensa mayoría de los casos supuso pagar una cantidad para convencer al inquiokupa de que se fuera. La alternativa, en el resto de casos, es dar ese dinero a una empresa de desokupación.

Foto: Paloma, vecina de Villaverde, es víctima de la inquiokupación. (A. B.)
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El foco del problema debe ponerse en los servicios sociales, que no respondieron ni ofrecieron ninguna ayuda en el 99% de los casos que se les remitieron el año pasado, según se desprende de la encuesta realizada por Asval entre sus 6.000 asociados, el 95% de ellos pequeños propietarios. Este sistema obliga a un agente privado, ya sea un pequeño propietario o un gran tenedor, a hacerse cargo de un problema -el de las soluciones habitacionales para familias vulnerables- que compete a las administraciones resolver.

De hecho, tras el primer decreto antidesahucios que se aprobó en 2020, cuando estalló la pandemia del covid, el Ejecutivo reconoció que se debía compensar a los propietarios. Pero únicamente el 7% ha conseguido cobrar algo, según denuncian desde la PAO. El propio Observatorio DESCA, defensor de la moratoria antidesahucios, señala en su informe del pasado mes de noviembre que "es probable que se haya abonado una parte, pero no el monto más importante asociado a las suspensiones que se han prorrogado debido a las ampliaciones de la moratoria". DESCA cifra en 58.000 los lanzamientos suspendidos gracias a la moratoria.

"Para nosotros, que se vuelva a prorrogar este decreto, saca a la luz la debilidad del Gobierno a la hora de apoyar a las familias vulnerables, porque está volviendo a usar los recursos de otros para acoger a estas familias. Lleva siete años sin construir vivienda social ni dotar de recursos a servicios sociales. Lo único que hace es prorrogar hasta el infinito, para que no vuelva a haber un escenario de desahucios como en 2008, pero lo está haciendo tirando de terceros", critica Ricardo Bravo, portavoz de la PAO.

placeholder Protesta contra los desahucios. (EFE/Miguel Toña)
Protesta contra los desahucios. (EFE/Miguel Toña)

Para conseguir el respaldo de Junts a esta nueva prórroga, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa la medida que ya anunció hace pocas semanas, consistente en establecer un sistema de avales y garantías que asegure el cobro de la renta a los propietarios que alquilen dentro de los topes del índice de la Ley de Vivienda.

Las fuentes consultadas aseguran que esta medida solo se aplicará a quienes denuncien un caso de inquiokupación a partir de hoy, lo que deja en el limbo a los actuales 80.000 afectados. La idea es tener el reglamento listo en un plazo de seis meses y articularlo a través de las comunidades y ciudades autónomas. Además, en el caso de la ayuda para afrontar destrozos en las viviendas, los afectados tendrán que esperar seis meses desde que recuperen su casa para poder solicitarla, lo que en la práctica supone que no estará operativo hasta dentro de un año.

Hasta entonces, Carmen, como el resto de afectados, tendrá que seguir financiando el escudo social del Gobierno. Y eso, suponiendo que esta vez las comunidades autónomas sí paguen a los afectados. Hasta ahora, salvo excepciones como País Vasco, ningún ejecutivo autonómico, del color político que sea, ha compensado a los propietarios, como están obligados a hacer.

El sistema de garantías anunciado por el Gobierno solo aplicará a las nuevas denuncias, lo que deja en el aire a 80.000 afectados

Según datos de Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, la deuda media de los inquilinos en España asciende a 7.957,6 euros, tras haber crecido otro 4,23% en 2024. Esta cifra equivale a unos siete meses de renta. Cataluña lidera este triste ranking, con una deuda media de 10.996,79 euros, seguida por Baleares (10.233,66 euros), Madrid (9.812,96 euros) y País Vasco (8.372,91 euros). La otra cara de la moneda son Asturias (4.718,02 euros), Castilla y León (4.321,93 euros), La Rioja (3.882,14 euros) y Extremadura (3.385,24 euros).

La falta de soluciones y el creciente desgaste están llevando a cada vez más gente a plantearse soluciones extrajudiciales. El gran problema, más allá del drama personal, es que esto genera el caldo de cultivo perfecto para que surjan mafias: por un lado, grupos organizados para vivir sin pagar, hasta que les dan un dinero por abandonar la vivienda; y por otro, organizaciones que vacían las casas con el uso de la violencia. Son las vergüenzas del sistema.

"En los últimos tiempos hemos percibido que casi el 50% de las llamadas que recibimos son de gente que no denuncia, que se está planteando fórmulas extrajudiciales y, por tanto, no aparece en las estadísticas", señala Bravo, para quien la caída de las cifras de okupación en los últimos dos años responde, precisamente, a este fenómeno: la gente ha dejado de confiar en el sistema y ha optado por recurrir a fuerzas externas.

Al no denunciar, han dejado de aparecer en las estadísticas, pero el problema sigue ahí. Para combatirlo, Bravo pide "una ley integral, que dote recursos a servicios sociales, que haga seguimientos de los casos, que hable de okupación e inquiokupación, que proteja al vulnerable, pero también al propietario. Porque, muchas veces, por este perverso sistema, el propietario termina siendo el vulnerable y no tiene ninguna ayuda". Como Carmen.

Carmen tiene 86 años, una pensión de viudedad de apenas 429 euros, un hijo discapacitado y, desde hace dos años, es víctima de la inquiokupación. Su hija Carmen denunció ayer su caso ante los medios de comunicación, cansada de ver cómo el Gobierno intenta invisibilizar esta realidad, mientras sigue alimentándola con cada nueva moratoria antidesahucios, como la pactada ayer con Junts.

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