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El pacto de Estado por la Vivienda que se cuece entre bambalinas con la VPO
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El sector pide dejar las guerras políticas

El pacto de Estado por la Vivienda que se cuece entre bambalinas con la VPO

Una medida clave de la ofensiva que anunció ayer Sánchez, y que ha pasado desapercibida, es el Plan de Vivienda 2026-2030, que el Ejecutivo aprovechará para blindar la VPO

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los presidentes autonómicos. (Europa Press/C. Ortiz)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con todos los presidentes autonómicos. (Europa Press/C. Ortiz)
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"Todo está muy bien, pero sigue sin abordarse el problema de fondo, que es la falta de vivienda", "la única solución es producir más", "necesitamos incentivar la oferta, no seguir engordando la demanda". Estas frases recogen el sentir de gran parte del sector inmobiliario, que ha recibido con bastante escepticismo el nuevo plan del Gobierno contra la crisis de la vivienda.

Las medidas, en general, parecen acertadas, pero se quedan cortas y hay serias dudas de que puedan llevarse a cabo. La división política y el reparto de competencias entre las tres administraciones (estatal, autonómica y local) dejan en el aire el alcance de todo este plan, que necesitará de grandes consensos para poder aplicarse y de presupuesto para financiarse.

Este complejo puzle explica que el sector lleve mucho tiempo pidiendo abandonar las guerras políticas y trabajar de la mano para solucionar el problema número uno para la ciudadanía, según el último CIS. Se necesita un gran pacto de Estado por la Vivienda. Sin embargo, ninguna de las doce medidas presentadas por Pedro Sánchez ayer hizo referencia a ello. ¿Ninguna? Bueno, puede que una sí.

El último de los puntos que anunció el presidente del Gobierno fue el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que deberá entrar en vigor en 2026 y que nada tiene de novedoso. Al contrario, se trata de algo bastante pautado. Cada cuatro años, a través de estos planes, el Gobierno central negocia con las autonomías las líneas maestras que quieren desarrollar en materia de vivienda, una competencia cedida en todo, salvo en la caja.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto. (Europa Press/Eduardo Parra)

El modelo que tenemos basado en la Constitución de 1978, que habilitó a las comunidades a asumir la competencia en materia de vivienda a través de sus respectivos estatutos de autonomía, un bastón de mando que fueron cogiendo todas las regiones, mientras que el Gobierno central se reservó una llave maestra: ser el guardián del dinero. Desde este punto de vista, el grueso de la obligación de construir vivienda recae sobre las espaldas del PP, al gobernar la mayoría de autonomías.

En torno al 70%-75% de los recursos que tienen las autonomías para hacer políticas de vivienda son transferidos por el Estado. Un arma que la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ya dijo el pasado septiembre que estaba dispuesta a utilizar para forzar a las comunidades del PP a acercar posturas con las políticas del Gobierno. Entonces, el circo político se dirigió a intentar convertir en escándalo el hecho de que la ministra llamara insumisas a estas autonomías. Un término que repitió Sánchez en este lunes. Ruido, que diría Sabina, porque fuera de los focos, la música sigue sonando.

placeholder La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la presentación del nuevo plan de medidas contra la crisis de la vivienda. (EFE/J.P. Gandul)
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la presentación del nuevo plan de medidas contra la crisis de la vivienda. (EFE/J.P. Gandul)

En las reuniones que mantiene el ministerio con las autonomías para diseñar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es donde se está cociendo a fuego lento el anhelado pacto de Estado y donde sí se están intentando poner los cimientos para construir el parque de vivienda asequible que necesita este país. Todos los partidos coinciden en que hace falta producir masivamente vivienda protegida (VPO). Donde difieren es en el tiempo que debe mantenerse esta calificación.

Madrid, por ejemplo, permite liberalizar estos hogares en apenas 15 años y vender el suelo protegido al precio que se quiera; mientras que Cataluña lo tiene todo topado y blindado. Unas diferencias que prometen empezar a acortarse a partir del próximo año. La coalición PSOE-Sumar ha dejado claro que su vocación es blindar la vivienda pública y, para conseguirlo, condicionará la concesión de los fondos del próximo Plan Estatal a que las comunidades se comprometan a prohibir su descalificación.

Las autonomías necesitan ese dinero, porque les corresponde a ellas construir los cientos de miles de hogares que faltan para equilibrar la oferta y demanda (600.000, en concreto, según el Banco de España), y porque todas tienen sobre la mesa proyectos de colaboración público-privada para promover vivienda asequible, como el VIVE en Madrid o HMB en Cataluña.

Foto: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, inaugura el foro 'Vivienda, quinto pilar del Estado del Bienestar'

Esta fórmula, además, en nada impide que cada región aplique sus propios modelos, construyendo tanto vivienda de alquiler como para la venta, de titularidad pública y privada. Tampoco es obstáculo para que los particulares dueños de una VPO puedan venderla a otra familia al cabo de los años; podrán seguir haciéndolo. Pero, si se acepta un modelo que veta la descalificación, deberán hacerlo al precio del módulo protegido que tenga fijado cada autonomía.

Para evitar la pérdida de poder adquisitivo, una carta que el sector ha puesto sobre la mesa es seguir el modelo catalán y actualizar anualmente el precio del módulo conforme al IPC. Esta fórmula, además, también sería interesante para los grandes fondos institucionales que invierten en vivienda asequible y que buscan una rentabilidad más moderada pero estable.

De hecho, Cataluña y Madrid, con todas sus diferencias, han coincidido en tener que recurrir a capital privado para poder salir adelante: el área metropolitana de Barcelona se alió con Neinor, promotora que tiene detrás a los fondos Orion, Stoneshield y Adar; mientras que el Plan VIVE de Madrid ha despertado ya el apetito de la mayoría del sector, como Culmia, Aedas, Ares, Vía Ágora, Pryconsa, DeA Capital, Ferrocarril o Salas.

Blindar la VPO para evitar su liberalización debe acompañarse de la actualización anual del precio de módulo con el IPC

La propuesta lanzada por el PP este fin de semana con su declaración de Asturias, además de la innovadora propuesta de rebajar al 4% el ITP, también aboga por construir el mayor número posible de vivienda asequible por dos vías. Una va en la línea del Plan VIVE y consiste en movilizar todo el suelo público disponible para hacer vivienda en alquiler un 30% más barata, y otra, facilitar el acceso a la VPO en propiedad al mayor número de ciudadanos posible.

Un modelo compatible con la máxima de blindar la calificación protegida y de prohibir que se venda cuando sea pública. Las posturas, por tanto, no están tan distantes, como tampoco lo están en la tan necesaria Ley del Suelo, que lleva ocho meses guardada en un cajón. Pero, para avanzar, hace falta quitar ruido y seguir negociando entre bambalinas.

"Todo está muy bien, pero sigue sin abordarse el problema de fondo, que es la falta de vivienda", "la única solución es producir más", "necesitamos incentivar la oferta, no seguir engordando la demanda". Estas frases recogen el sentir de gran parte del sector inmobiliario, que ha recibido con bastante escepticismo el nuevo plan del Gobierno contra la crisis de la vivienda.

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