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Radiografía al plan de vivienda del Gobierno: una apuesta que necesita un consenso improbable
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PLAN DE DOCE MEDIDAS

Radiografía al plan de vivienda del Gobierno: una apuesta que necesita un consenso improbable

Cinco de las 12 medidas anunciadas por Pedro Sánchez para abaratar la vivienda deberán pasar por el Congreso y el resto quedarán cojas si no logra sacar sus presupuestos

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto. (Europa Press/Eduardo Parra)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto. (Europa Press/Eduardo Parra)
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El Gobierno ha lanzado ya su ofensiva para abaratar el precio de la vivienda. Las doce medidas que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conforman un plan que trata de seguir algunas de las peticiones del sector, como canalizar los esfuerzos para movilizar vivienda asequible y apostar por usar palancas hasta ahora infrautilizadas, como las fiscales. El principal obstáculo es precisamente su nivel de ambición, que requiere de un consenso político en todos los niveles de la Administración Pública que ahora mismo parece muy improbable. Ni tan siquiera para un problema tan acuciante como el del acceso a la vivienda en las grandes ciudades.

Se trata de un golpe de efecto, tras seis años de dejar gangrenar la crisis habitacional y tratar de empezar la casa por el tejado, anunciando periódicamente la construcción de cientos de miles de viviendas sin tener los cimientos. Esta vez el Gobierno ha optado por un plan que aborda el problema de raíz y desde múltiples frentes: incentivando al 85% del mercado, que son los pequeños propietarios, con bonificaciones fiscales a cambio de bajar el precio del alquiler; penalizando impositivamente a grandes tenedores (socimis); gravando la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes; blindando la vivienda protegida para evitar su descalificación y dando avales y beneficios fiscales a quienes tienen pisos vacíos por miedo a la ocupación.

Foto: Los precios de la vivienda se disparan. (iStock)

Algunas de las medidas que anunció ya se conocían, como la creación de una empresa pública de vivienda sobre los cimientos de Sepes o la utilización del Plan Estatal de Vivienda para forzar a las comunidades del PP a adoptar sus políticas. Pero el hecho de sumarlas a esta batería permite ver una foto completa de la estrategia que quiere seguir el Ejecutivo. Esta pasa por movilizar vivienda, incentivar la asequible y penalizar toda compra de inmuebles residenciales que esté presionando al alza el precio, ya sea por razón de su uso (turístico y temporal) o por el perfil del comprador (extranjero no residente o fondo oportunista).

El problema que tiene el Gobierno para llevar a cabo toda esta ofensiva es su debilidad parlamentaria. Esto explica tanto la falta de detalle de estas medidas, al estar a expensas de negociaciones, como el mensaje que lanzó ayer la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, cuando pidió a la oposición dejarse de cuitas partidistas y remar en la misma dirección. El primer frente que pidió resolver fue la Ley del Suelo, norma que gusta al sector y responde a la esencia de la mayoría del hemiciclo, pero que lleva camino de ocho meses en un cajón por la división política.

Foto: Imagen de unos pisos el alquiler en Madrid. (Europa Press/Eduardo Parra)

Cinco de las doce medidas que anunció ayer Sánchez necesitarán pasar por el Congreso de los Diputados para poder ver la luz, lo que deja en el aire el alcance de todo el plan anunciado ayer. Las medidas que necesitarán grandes consensos para salir adelante son, fundamentalmente, las fiscales, lo que a priori promete desatar enfrentamientos entre el PSOE y su socio de Gobierno, Sumar, y con Podemos.

Una de las propuestas que muestra lo endiablada que será la negociación es la exención fiscal del 100% del IRPF para particulares que alquilen su vivienda con rebaja de precios. El Gobierno ha propuesto esta ventaja fiscal para los particulares que abaraten su alquiler al menos un 5%, sin necesidad de que se encuentren en zonas declaradas tensionadas.

Aunque la medida es un dardo para las comunidades del PP, ya que supone llevar una de las medidas estrella de la Ley de Vivienda a su territorio, quien ha saltado en contra son los partidos de izquierda. Consideran que todo aquel que tiene un piso en alquiler es un gran patrimonio. No contemplan que pueda ser un jubilado que usa ese ingreso para completar su pensión o un joven matrimonio que necesita esa renta para pagar el alquiler de otra casa más grande a la que se mudó tras tener hijos.

placeholder Pedro Sánchez con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.
Pedro Sánchez con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El cambio de régimen de socimi también promete tensiones. Por una parte, el PP siempre se ha mostrado contrario a eliminar la bonificación, mientras que Sumar y Podemos han defendido eliminar el régimen para todas las empresas, salvo aquellas dedicadas a alquiler asequible o social.

El PSOE, en cambio, ha apostado por mantenerlo para aquellas socimis que se dediquen a otros activos como oficinas, hoteles o centros comerciales y quitarlo solo a las de vivienda que no sean sociales o asequibles, lo que promete ataques por todos los frentes.

El desarrollo de un sistema de garantías públicas, que busca facilitar a los menores de 35 años acceder a un alquiler, al no necesitar avales ni fianzas, y ofrecer a los caseros un seguro que disipe los miedos a la inquiocupación, también deberá pasar por el Congreso. En este caso, además de lograr los respaldos parlamentarios, el Ejecutivo deberá desarrollar toda una norma llamada a seguir creciendo, para acoger a más perfiles, no solo jóvenes, y para dotar a la nueva Empresa Pública de Vivienda de más contenido, ya que la voluntad del Ejecutivo es que Sepes sea quien gestione este seguro.

Foto: Un turista en Barcelona. (Europa Press/David Zorrakino)

Otra innovadora medida es el rechazo a la compra de vivienda por parte de extranjeros extracomunitarios, iniciativa que promete ser una de las más polémicas. De hecho, para evitar que en el futuro pueda ser anulada por un tribunal, el Gobierno ha evitado prohibir la compra y ha optado por gravarla impositivamente. Actualmente, aún está analizando si encarecer los tributos actuales o, directamente, crear uno nuevo.

En cambio, donde parece que habrá más consenso político será en la ofensiva contra los pisos turísticos, frente que cuenta con el respaldo de alcaldes de toda España y de todo signo político. En esta misma dirección va la propuesta de perseguir el fraude de los alquileres de temporada, con sanciones mayores y la creación de un fondo que ayude a los consistorios a multiplicar las inspecciones.

En este caso, el del fraude, el Ejecutivo no necesita pasar por el Congreso, pero sí dotar de recursos al plan, lo que indirectamente requerirá consensos, ya que necesita el apoyo a sus presupuestos. Algo parecido ocurre con el próximo Plan Estatal de Vivienda, cuyo alcance dependerá del dinero que se le asigne.

Las medidas contra los pisos turísticos y de temporada prometen ser las que más respaldos parlamentarios obtengan

Aquí entra en juego el blindaje de las VPO, ya que la forma que ha encontrado el Gobierno para forzar a las comunidades a mantener indefinidamente esta calificación es condicionando los fondos que recibirán del Plan Estatal de Vivienda y las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías, que también estarán incluidas dentro de este gran paraguas.

Del mismo modo, el futuro PERTE de Vivienda es una medida que difícilmente se podrá atacar políticamente, pero que, por su naturaleza esencialmente presupuestaria, también necesitará la construcción de consensos. Unos puentes cuya gran prueba de fuego será la movilización de los miles de millones de euros que se necesitarán para promover vivienda pública y construir el tan cacareado parque de alquiler social.

La transferencia de todos los activos de Sareb (30.000 pisos este año, otros 10.000 para 2027 y los suelos de Árqura y Viena), de los activos de Adif, Invied, Siepse, Muface y Patrimonio Nacional no deja de ser una reorganización de los bienes públicos: salen de una entidad estatal para engrosar otra.

Para que España realmente cuente con una cartera de viviendas públicas, se necesita incrementar de forma significativa el presupuesto, sobre todo si la nueva Sepes va a ponerse a construir vivienda, como ha dicho que hará. Este doble mortal requiere mucho dinero y, de nuevo, consenso político para sacar adelante los presupuestos.

El Gobierno ha lanzado ya su ofensiva para abaratar el precio de la vivienda. Las doce medidas que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conforman un plan que trata de seguir algunas de las peticiones del sector, como canalizar los esfuerzos para movilizar vivienda asequible y apostar por usar palancas hasta ahora infrautilizadas, como las fiscales. El principal obstáculo es precisamente su nivel de ambición, que requiere de un consenso político en todos los niveles de la Administración Pública que ahora mismo parece muy improbable. Ni tan siquiera para un problema tan acuciante como el del acceso a la vivienda en las grandes ciudades.

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