La ministra de Vivienda pide apartar las cuitas partidistas y aprobar la Ley del Suelo

El Museo del Ferrocarril ha sido el entorno elegido por el Ejecutivo para organizar las jornadas "Vivienda, el quinto pilar del estado del bienestar", un evento estratégicamente diseñado para convertir el "derecho a techo en el centro de la actuación de nuestro Gobierno". Con estas palabras, ha defendido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la nueva ofensiva lanzada desde Moncloa para convertir el grave problema de acceso a un hogar en una de sus grandes banderas políticas.

Un estandarte que también quieren liderar formaciones tan antagónicas como PP, que este mismo fin de semana ha anunciado una batería de medidas que prevé aplicar en todas las comunidades donde gobierna (la vivienda es una competencia mayoritariamente cedida), y Podemos, que nació con este problema como base de su ADN. Tres vértices de un triángulo que no consigue encajar en el complejo puzzle de piezas que se necesitan encajar si, realmente, se quiere solucionar el problema de acceso a la vivienda y no utilizarlo políticamente.

El claro ejemplo de cómo las guerras políticas están echando por tierra soluciones compartidas por todo el sector es la Ley del Suelo, que el Gobierno no pudo aprobar el año pasado al no conseguir el respaldo ni de los populares ni de los morados. Una carta que Rodríguez ha utilizado este lunes para intentar jugar la baza de que el Ejecutivo quiere realmente solucionar la situación, y que la oposición únicamente pone palos en las ruedas.

"Aprovecho para insistir en la necesidad de aprobar de una vez por todas la Ley del Suelo que está presentada en el Congreso de los Diputados", ha señalado la ministra, para quien conseguir "el consenso político no sería muy difícil si apartáramos las cuitas partidistas y nos pusiéramos a trabajar", ha añadido. Un mensaje de mano tendida que choca con los dardos que ha lanzado contra los populares por su rechazo a la Ley de Vivienda.

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Rodríguez no ha dejado escapar la oportunidad para criticar al PP y sus políticas en favor de un modelo menos intervencionista en el alquiler y con mayores incentivos fiscales. "En Cataluña, las rentas del alquiler han bajado un 5% la mayor caída trimestral desde 2005, mientras que en Madrid se han incrementado un 7%", ha dicho, sin aclarar a qué periodo concreto se refiere ni a qué municipios.

En cualquier caso, los números demuestran que el modelo está roto y, en palabras de la ministra, que "la barra libre y la desregulación no funcionan". De ahí que el Ejecutivo haya apostado por crear una gran promotora estatal sobre los cimientos de Sepes. La hasta ahora empresa pública de desarrollo de suelos está siendo transformada en una gran inmobiliaria que también va a promover vivienda (hasta ahora vendía los suelos para que construyeran terceros) y se las va a quedar como patrimonio público, para así ir construyendo un gran parque de hogares sociales y asequibles.

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"Hay que tener determinación política para demostrar que la política está también para dar respuesta", ha defendido la ministra, que lejos de anunciar ninguna novedad, ha aprovechado el acto para repasar las medidas que el Gobierno ha ido desarrollando en los últimos años. Un periodo en el que ha contado con la ventaja de los fondos europeos, lo que ha permitido multiplicar por ocho la inversión en vivienda e invertir más 20.000 millones.

Ahora, el Gobierno quiere seguir impulsado la vivienda asequible con los 4.000 millones de euros en préstamos ICO y los 2.000 millones en avales ya aprobado. Con este dinero, se prevén movilizar 40.000 hogares y permitirá al ICO financiar más viviendas que el total de los últimos 35 años. De cara a futuro, con Sepes como buque insignia, Rodríguez ha vuelto a insistir en la idea de blindar el parque público que se quiere construir tanto con obra nueva (el Ejecutivo lleva años prometiendo la promoción de 185.000 pisos), como con la movilización de miles de inmuebles en manos del Estado.

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Para ello, el Gobierno está modificando todo el marco jurídico de Sepes y ya en diciembre aprobó transferirle las casas de Invied (Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa), Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) y Siepse (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado), y darle la gestión de las viviendas de Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado) y de Patrimonio Nacional, con las que deberá firmar un convenio para tal fin.

La primera promoción que prevé llevar a cabo Sepes bajo este nuevo modelo son 438 pisos que ya anunció el pasado diciembre que levantará en Valencia, junto al antiguo Cuartel de Ingenieros, terrenos sobre los que también lleva años trabajando. La decisión de que esta empresa pase a tener un gran patrimonio de viviendas en propiedad es la fórmula que ha elegido el Gobierno para blindar el parque de hogares públicos y evitar que las promociones de vivienda protegida sean vendidas a particulares.