La Justicia da a Trinitario una bala para mantener vivos sus derechos sobre los suelos de Chamartín

Después de tres décadas, y si nada vuelve a torcerse, la próxima semana será la firma de la venta los terrenos de Operación Chamartín. Adif, el gestor público ferroviario, traspasará a Crea Madrid Nuevo Norte, promotora controlada por BBVA, Merlin y Grupo San José, una enorme bolsa de suelos que representan la mitad de todo este faraónico proyecto.

Un tesoro sobre el que también puso sus ojos Trinitario Casanova. Hace seis años, el dueño de Grupo Baraka compró sus derechos de reversión a los propietarios originales de los terrenos, a quienes el Estado expropió para construir la estación de Chamartín. En esencia, este derecho les permite recuperar sus tierras, si pasan a tener un uso diferente al alegado cuando fueron expropiadas, como va a ocurrir ahora.

Desde hace décadas, Adif y BBVA han defendido que esta regla ya no aplica en Operación Chamartín por una reforma legislativa de 1999, mientras que los reversionistas sostienen lo contrario, gracias a que solicitaron el reconocimiento de sus derechos justo antes de que entrara en vigor la nueva norma. Una batalla todavía pendiente de resolverse en los juzgados y donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un balón de oxígeno a Trinitario para mantener vivo el pleito.

Ante la inmediatez de la venta, y el rechazo de Crea a llegar a un acuerdo económico, Baraka pidió que se pusiera una anotación preventiva en todas las fincas registrales que reclama a Adif. Con esta medida, Trinitario no solo persigue mantener vivos sus derechos, sino también evitar que ningún potencial comprador pueda declararse en el futuro tercero de buena fe y esquivar la obligación de devolver a Casanova los terrenos si alguna vez consigue hacer efectivos sus derechos de reversión.

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Ruth Ugalde

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, en un auto del pasado mes de abril al que ha tenido acceso este medio, acordó la medida cautelar pedida por Baraka consistente en la anotación preventiva, en todas las fincas que reclama el empresario, del recurso contencioso-administrativo que sigue pendiente de resolverse. De este modo, cualquier potencial comprador futuro, queda informado de que todavía está pendiente de dictaminarse la titularidad de los terrenos.

El TSJM, no obstante, emplazó a Casanova a presentar una fianza por el 50% del valor catastral de estos terrenos, cuantía que Adif cifró en cerca de 300 millones de euros, mientras que Casanova ofreció 20.000 euros. Por el momento, Baraka ha esquivado afrontar esta millonaria caución con el argumento de que necesita las certificaciones catastrales de todas las fincas para poder conocer su valor y, a partir de ese punto, poner la anotación preventiva.

Un último paso que el tribunal despejó el pasado 28 de noviembre, cuando libró oficio al catastro para que remita las certificaciones. En las alegaciones de rigor que todas las partes han hecho contra este auto, Adif ha asegurado que la mayor de estas fincas, que suma 1,3 millones de metros cuadrados, ya no existe registralmente, al haberse dividido en diferentes parcelas. Un nuevo frente que promete abrir otra batalla legal y que afecta a los terrenos de la zona de Fuencarral.

Además, Baraka también ha pedido las referencias de varias fincas ubicadas en el entorno de la estación de Chamartín, que suman 700.000 metros cuadrados, para aplicar la medida cautelar que le ha reconocido el TSJM. Una última bala con la que poder seguir disparando, hasta conseguir dar en la diana que reconozca los derechos de reversión que el Estado lleva años intentando negar a los herederos de los propietarios originales.

En octubre de 2023, la Audiencia Nacional remitió al Superior de Justicia de Madrid hacerse cargo de las actuaciones que deberán determinar si Baraka tiene derecho a ser reconocido como heredero de los propietarios originales de los terrenos de Chamartín y si el Estado, por tanto, debe restituirle la propiedad de estos suelos. Un litigio que, gracias a la anotación preventiva, emplaza a cualquiera que compre esos suelos a darse por enterado si, finalmente, Casanova consigue que algún tribunal le dé la razón.