La gran carambola legislativa que traerá la enmienda 'antiokupas' antes de Navidad

De chiripa y con algunos grupos políticos pidiendo perdón con la boca pequeña. El Parlamento español está a punto de aprobar un cambio legal que permitirá agilizar los desalojos en casos de okupación por allanamiento de morada y usurpación. Se trata de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que el PNV incluyó en el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y que quedó aprobada, de rebote, el pasado 14 de noviembre. Una luz verde que contó con el voto favorable "por error" de ERC y Bildu, mientras que Vox, que defiende el espíritu de la medida, se abstuvo. El PP la apoyó pero ahora ha presentado un veto a la norma por considerarla nociva

Aunque, si hubo una posición fingida, fue la del PSOE, que votó en contra por no molestar a Sumar y a Podemos. Pero se trata de un rechazo impostado, porque, lejos de discutir que se deben abreviar los desahucios por okupación, lo apoyan. De hecho, en 2022, los socialistas registraron dos enmiendas para desalojar en 48 horas, lo que provocó una crisis interna con Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. "Asumen la agenda de la derecha", se quejaron los de Pablo Iglesias. La iniciativa llegó por la presión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la dirección de Pedro Sánchez la hizo suya.

Los socialistas son muy sensibles con la situación de Cataluña, la comunidad más afectada por la okupación, ya que sufre el 40% de los 15.289 casos registrados en 2023. Salvador Illa, hoy presidente de la Generalitat, prometió reforzar los Mossos para luchar contra este fenómeno. Esta es, precisamente, la medida estrella de la propuesta de ley antiokupación que el PP aprobó en el Senado a comienzos de año y está durmiendo en el cajón congelador del Congreso de los Diputados.

Fuentes parlamentarias ponen en duda que ERC votara "por error", como aseguraron en un comunicado junto con Bildu. Según estas fuentes, la diputada republicana era perfectamente consciente de lo que votaban. Desde el grupo no se han pronunciado sobre esta cuestión y se han limitado a presentar una enmienda en el Senado para intentar corregir su voto, aunque no servirá de nada. El pleno del Senado votará el próximo día 10 el veto del PP a la norma, y la devolverá al Congreso, donde la mayoría de investidura la volverá a ratificar, de modo que quedará definitivamente aprobada a mediados de mes. Su entrada en vigor será el 1 de enero.

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Fuentes de ERC y Bildu aseguran a El Confidencial que dejarán que la ley vaya al Boletín Oficial del Estado, pese a que sus portavoces aseguraron que harían "todo lo posible" para revertir el cambio legislativo. "No vamos a apoyar al PP. Hacer todo lo posible no significa sacrificar otras victorias políticas. Ya hay una enmienda registrada en el Senado. Y, en cualquier caso, seguir haciendo lo posible es seguir legislando", apuntan fuentes de los independentistas catalanes. Desde Bildu, reconocen también su interés en que se apruebe la Ley de Eficiencia de la Justicia, porque recoge el requisito del euskera para plazas en la administración vasca. "No vamos a tumbar nada. Es importante que salga", afirman. Para el Gobierno, es vital aprobar esta norma, porque está comprometida ante Bruselas en el Plan de Recuperación y de ello dependen 2.500 millones de euros.

Dentro de esa gran carambola política que permitirá agilizar los desahucios para Navidad, la abstención de Vox respondió a que desconfiaron de la enmienda al llevar la firma del PNV. Los de Santiago Abascal admiten estar "escarmentados" por el error anterior de apoyar la ley sobre antecedentes penales en la que el PSOE y sus socios colaron de tapadillo una reforma por la que se beneficiarán los presos de ETA que han cumplido años de condena en el extranjero.

Medida insuficiente

A pesar del avance que supone para luchar contra la okupación la enmienda incluida en la Ley de Eficiencia de la Justicia, el hecho de abordar únicamente la okupación por allanamiento de morada y usurpación hace que desde el sector se vea esta medida como un buen primer paso, pero todavía insuficiente, porque deja fuera la inquiocupación.

Bajo ese nombre se conoce el fenómeno de inquilinos que dejan de pagar su alquiler y, lejos de abandonar la vivienda, continúan en ella hasta que son desahuciados, un lanzamiento que suele extenderse entre uno y dos años, y que deja a sus propietarios una deuda media de 7.600 euros, según un estudio de Alquiler Seguro, que dispara esta cifra hasta los 13.000 euros en el caso de Cataluña, la comunidad más afectada.

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Desde la pandemia, este fenómeno se ha disparado hasta alcanzar cifras de 25.000 nuevas inquiocupaciones cada año, según ha denunciado la Plataforma de Afectados por la Inquiocupación. Esto, unido a los mayores problemas que ha introducido la Ley de Vivienda para poder llevar a cabo un lanzamiento, habría generado ya una bolsa de 80.000 viviendas con inquilinos morosos, frente a los 15.289 casos de okupación que sí entran dentro de la reforma de la enmienda del PNV.

La Ley de Vivienda permite legalizar el acceso a la vivienda vía ocupación o inquiocupación, siempre y cuando se acredite ser vulnerable. ¿Y quién puede ser considerado vulnerable? Quien tenga unos ingresos anuales de hasta tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples mensual (Iprem), es decir, 1.800 euros mensuales, o 21.600 euros anuales, importe que va aumentando en función del número de hijos a cargo y que puede llegar hasta 3.000 euros al mes, si en la unidad familiar hay algún miembro con una discapacidad igual o superior al 33%, en situación de dependencia o con una enfermedad que le incapacite de manera permanente para trabajar.

En España, según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), la renta anual neta media por hogar se sitúa en 32.689 euros si el cabeza de familia es hombre y en 27.599 euros si es mujer, cifras que ponen en contexto la amplia bolsa social que puede llegar a ser considerada vulnerable y, por tanto, beneficiarse de las medidas antidesahucios que recoge la ley de vivienda, sobre todo, si se deja abierta la puerta a la picaresca, cuando no a las mafias.

Consciente de ello, el portavoz de la formación jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, también advirtió esta semana que su formación no apoyará a los inquilinos "jetas" y que está dispuesta a poner pie en pared si fuera necesario. Un aviso a navegantes que, sin embargo, carece de consecuencias prácticas. Al menos, por el momento.