Crónica de un desajuste: la vivienda preocupa a los españoles pero no a sus políticos

Los problemas para encontrar y acceder a una casa donde vivir, ya sea en propiedad o en alquiler, debido a los altos costes de los alquileres, la dificultad para acceder a una hipoteca, la falta de oferta y los precios disparados en la compraventa, han situado a la vivienda entre las tres principales preocupaciones de los ciudadanos, según el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La vivienda, por detrás de la inmigración y de la crisis económica, anota un 22,7% en octubre, siete puntos más que el mes anterior y su máximo de los últimos años.

Esa preocupación ha saltado a la calle con movilizaciones en buena parte de la geografía española. Movilizaciones que han evidenciado un enorme malestar por la fuerte subida de los alquileres y que giraron en torno al derecho a una vivienda. Un malestar social palpable que ha puesto sobre la mesa incluso la posibilidad de hacer una huelga de alquileres, un llamamiento del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid que animaba hace unos días a miles de inquilinos a declararse en rebelión y dejar de pagar el 60% de la renta a sus caseros.

Y, a pesar de ello, a pesar de que el problema de la vivienda está en el centro de la atención informativa y ciudadana, y a pesar de que lleva semanas acaparando comparecencias de la ministra de Vivienda, lo cierto es que, desde el punto de vista político, la vivienda no es la principal preocupación de los políticos en el Parlamento.

La vivienda no es la principal preocupación de los políticos en el Congreso de los Diputados

Para el PSOE, por ejemplo, la vivienda no figura entre sus temas destacados. Su actividad en el Congreso se ha centrado, de hecho, en la infancia, la igualdad de género, la educación, la sanidad y el empleo. Tampoco para Sumar la vivienda figura en su top 5 de prioridades (infancia, empleo, igualdad de género, cambio climático, política energética y sanidad), ni para el PP (empleo, infancia, educación, España vaciada y sanidad). La situación se repite en el resto de grupos parlamentarios. La vivienda está en la protesta social y en el debate político con más intensidad fuera que dentro del Congreso de los Diputados.

Así lo reflejan los datos recopilados por Political Watch, a través de su herramienta 'Qué hacen los diputados: el Congreso fácil'. Entre los temas de vivienda, ni la vivienda asequible, ni la vivienda social, ni la vivienda protegida o los alquileres turísticos figuran entre las principales preocupaciones de nuestros políticos; es la ocupación la que acapara las iniciativas parlamentarias, una de las grandes preocupaciones de propietarios grandes y pequeños e inversores en el mercado del alquiler.

Se habla más de ocupación que de alquiler social

Los datos hablan por sí solos. Según los datos recopilados por Political Watch, durante esta legislatura se han presentado 198 iniciativas parlamentarias que abordan la ocupación, una situación que solo afecta al 0,06% del parque inmobiliario. En cambio, el alquiler social se ha tratado en 54 iniciativas, tres veces menos.

"El asunto de la ocupación ha protagonizado 198 iniciativas en el Congreso en lo que llevamos de legislatura, desde preguntas de control parlamentario (la mayoría) hasta iniciativas legislativas (la minoría). Son tres veces más que las 54 sobre alquiler social y más del doble que las 83 sobre acceso a la vivienda", destacan desde Political Watch, una organización independiente que, a través del desarrollo de tecnologías cívicas, acciones de incidencia política e investigación, lucha por una sociedad más justa.

"Esto, en un contexto en el que la preocupación por el acceso a la vivienda sigue alta en la lista de preocupaciones de la población española. Según las encuestas del CIS, siempre está entre los tres problemas que más afectan directamente a la ciudadanía, junto a la economía y la sanidad. Este problema afecta especialmente a los jóvenes, como corroboran estudios desde la OCDE hasta el Consejo de la Juventud. Sin embargo, este clamor, reflejado en la multitudinaria manifestación de Madrid para llamar la atención sobre los elevadísimos alquileres en la capital, no parece tener un reflejo paralelo en la Cámara Baja", destacan desde esta organización.

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Ruth Ugalde

Si dejamos de lado la Ley de Vivienda, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2022, por el Congreso en abril de 2023 y definitivamente por el Senado en mayo de ese año, ¿cuál ha sido y es la actividad política en torno a los temas de vivienda en el Congreso? Según los datos de Political Watch, en esta legislatura, el Gobierno ha promovido un solo proyecto de ley relacionado directamente con la vivienda, el que buscaba modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que fue retirado por falta de apoyo.

Un segundo proyecto, el de la Ley de Familias, que también incorpora medidas para facilitar el acceso a la vivienda, continúa en proceso de enmiendas desde hace siete meses. Además, está en trámite la iniciativa del Gobierno para prorrogar las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual, que extiende la suspensión de los desahucios a personas vulnerables hasta el 15 de mayo de 2028, y proviene de la convalidación de un RDL anterior, el 1/2024. "Es decir, no ha salido adelante ni una sola iniciativa legislativa para abordar un problema que afecta a buena parte de la ciudadanía", destacan desde la organización.

Por su parte, las iniciativas sobre ocupación provienen en su mayoría del PP (178 de un total de 198), que ha preguntado al Gobierno por el número de ocupaciones en cada provincia desde 2021. En menor medida, también provienen de partidos como Vox (11), grupo autor de una proposición de ley que liga ocupación con inmigración. No obstante, como recuerdan desde Political Watch, la ocupación de viviendas está lejos de ser un problema extendido: ha alcanzado sus cifras más bajas, afectando solo al 0,06% del parque de inmuebles el año pasado. Según las últimas cifras del Ministerio del Interior, las denuncias por este motivo disminuyeron en 2023 respecto al año anterior.

Poco interés parlamentario por el alquiler social

La gran mayoría de las iniciativas parlamentarias del PP relacionadas con la ocupación (168 de 178) son preguntas de control al Gobierno en el Congreso, además de dos Proposiciones No de Ley (PNL). En contraste, el Grupo Popular solo ha mostrado interés en el alquiler social en 12 ocasiones, mayoritariamente registrando también preguntas al Gobierno (9). Los diputados del PP más activos en relación con el alquiler social han sido los de la provincia de Albacete: Antonio Martínez Gómez y Carmen Navarro Lacoba, con el apoyo del balear Joan Mesquida.

Sobre vivienda en general —incluyendo la solicitud de un Pacto de Estado sobre este tema—, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado seis PNL en el Pleno, tres de ellas relacionadas con rebajas fiscales a la electricidad. Por su parte, las propuestas para evitar los desahucios provienen en su mayoría de los bloques progresistas, principalmente de Sumar, del grupo Mixto y del propio Gobierno, en algunos casos a raíz de suicidios vinculados a situaciones de desahucio.

El Grupo Popular solo se ha interesado por el alquiler social en 12 ocasiones

Entre las proposiciones de ley promovidas por los grupos parlamentarios relacionadas directamente con este asunto, destacan dos del Grupo Mixto, lideradas por Podemos: la Proposición de Ley de prevención de la especulación y garantías de la vivienda como bien social y la Proposición de Ley de reducción temporal del diferencial aplicable en las hipotecas a tipo variable de la vivienda habitual en situaciones de vulnerabilidad económica, también con la firma de los cinco exdiputados de Sumar. Ambas siguen en tramitación y con pocas probabilidades de ser aprobadas.

Sin haber iniciado aún su tramitación parlamentaria, hace menos de diez días, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó en el Consejo de Ministros el Real Decreto que regula los alquileres de corta duración, donde se incluyen el alquiler turístico, de temporada y de habitaciones, con el objetivo de que entre en funcionamiento a comienzos de 2025. La normativa crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para que las viviendas que quieran arrendarse en alguna de estas modalidades obtengan un número de registro para comercializarse en las plataformas de gestión.

La ministra de Vivienda ha anunciado una mayor ofensiva legal para limitar los alquileres y reforzar las viviendas de protección oficial

Se trata de un real decreto que, por vía de urgencia, desarrolla un reglamento. Al tratarse de un desarrollo normativo, no debe pasar por las Cortes, ya que no implica modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), como proponían los sindicatos de inquilinos, en una solicitud respaldada por los partidos a la izquierda del PSOE.

Este miércoles, en la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados, la vivienda ha vuelto al discurso político. En su comparecencia, la ministra de Vivienda ha anunciado una mayor ofensiva legal para limitar los alquileres y reforzar la VPO. Pero, ¿realmente ha captado la vivienda protegida el interés parlamentario? Según la herramienta de Political Watch, la vivienda protegida o similares (vivienda social, vivienda de protección social, vivienda pública…) han generado 201 iniciativas parlamentarias, de las cuales ocho son proposiciones de ley. La última en tramitación es la proposición no de ley impulsada por el PSOE para garantizar el parque público de vivienda protegida.