Tensión entre las inmobiliarias ante una nueva ofensiva para subir impuestos a las socimis
Las espadas vuelven a estar en alto tras la proposición no de ley presentada por Sumar para que las socimis tributen por sociedades. Se teme que pueda haber un desenlace en breve
Las espadas vuelven a estar en alto ante la creciente posibilidad de que el Gobierno retome su amenaza de elevar la fiscalidad a las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), que están exentas de tributar al Impuesto de Sociedades siempre y cuando distribuyan, al menos, el 80% de su beneficio vía dividendos.
El régimen de estos vehículos se aprobó en 2009, bajo el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, pero fue tres años después, durante el Ejecutivo del popular Mariano Rajoy, cuando cogieron impulso, entre otros puntos, porque se eliminó la tributación al Impuesto de Sociedades.
Una ventaja fiscal que siempre ha estado en el centro de la diana de los partidos de izquierdas y que, ahora, ha vuelto a coger impulso. La chispa que ha encendido la llama ha sido una proposición no de ley presentada por Sumar, uno de los dos partidos que forman el actual Gobierno, para "revisar el régimen legal y fiscal de las socimi y proponer, en el menor plazo de tiempo posible, su modificación".
La ofensiva de la formación de la vicepresidenta Yolanda Díaz va más allá y se dirige hacia todos los vehículos de inversión inmobiliaria que gocen de beneficios fiscales en el impuesto de sociedades, como son, entre otras, las EDAV (Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas) y las Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria.
Aunque esta propuesta concreta se ha retirado en la Comisión de Vivienda del Congreso, ha caído como una auténtica bomba en el sector, que ve con preocupación las negociaciones que se están manteniendo en el seno del Ejecutivo, en una legislatura que vuelve a tener a la vivienda en el centro del debate político y de las protestas sociales.
De hecho, varias fuentes consultadas por este medio reconocen estar seriamente preocupadas ante el convencimiento de que, esta vez sí, el Gobierno pueda terminar con la ventajosa fiscalidad de estos vehículos. En el sector se teme que una medida en este sentido pueda aprobarse más pronto que tarde y que eleve la tributación al Impuesto de Sociedades al 15%-20%. Esta horquilla está en línea con el 18% de carga fiscal con la que se crearon, en 2009, estas figuras.
Desde otras fuentes empresariales, no obstante, se trata de acortar la amenaza y se confía en que finalmente no vaya a mayores. A la espera de acontecimientos, de confirmarse el alza, sería la segunda gran modificación impositiva en apenas tres años. Ni desde el Ministerio de Hacienda ni desde Vivienda han querido hacer comentarios sobre las opciones reales de que esta nueva carga impositiva pueda cristalizar.
En diciembre de 2021, se aprobó un nuevo tributo que grava con un 15% las ganancias no distribuidas de las socimis, que correspondan a rentas que no hayan tributado al tipo general del 25%. Una medida que ha tenido más ruido que nueces, ya que apenas ha tenido impacto recaudatorio.
Durante la sesión al control del Gobierno de este miércoles, en ningún momento la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, hizo referencia alguna a esta propuesta, ni tampoco desde la oposición se le preguntó por la tributación a las socimis.
En las conversaciones que desde diferentes frentes se están manteniendo con todas las almas que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se está tratando de esta nueva ofensiva deje fuera a las socimis especializadas en vivienda o, al menos, para aquellas centradas en alquiler asequible.
Estos movimientos pueden ser una respuesta a la propuesta de Sumar, que también planteaba "estudiar nuevos modelos de inversión inmobiliaria para vivienda social que, evitando toda lógica especulativa, puedan gozar de un régimen fiscal específico que favorezca la inversión en un parque público de vivienda de alquiler".
La formación de izquierdas también propueso "rebajar el IVA al 4% para las promociones de VPO de alquiler gestionadas por la Administración o por entidades con las que el sector público colabore o haya realizado adjudicaciones de licitaciones públicas. Siempre que el alquiler sea protegido y se vaya a realizar esta actividad como mínimo durante 75 años".
Las espadas vuelven a estar en alto ante la creciente posibilidad de que el Gobierno retome su amenaza de elevar la fiscalidad a las socimis (sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), que están exentas de tributar al Impuesto de Sociedades siempre y cuando distribuyan, al menos, el 80% de su beneficio vía dividendos.