Artículo 18.5: el arma del Gobierno para forzar a las CCAA a topar el alquiler y blindar la VPO

Tras cuatro horas sometida al control de los grupos, en el Pleno del Congreso de los Diputados, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se despidió ayer del hemiciclo dejando clara su determinación para que la Ley de Vivienda se aplique en todos los rincones de España. "No se confundan, lo vamos a hacer", dijo tajante justo antes de detallar el resorte que le habilita para ello.

Se trata del artículo 18.5 de la Ley de Vivienda. En apenas 150 palabras, está sintetizada la hoja de ruta que está dispuesto a llevar a cabo el Ejecutivo para condicionar a las comunidades autónomas que se resistan a declarar las zonas tensionadas. "Y condicionar no es una amenaza, es defender el interés de todos", aseguró ayer Rodríguez dirigiéndose a la bancada del PP.

Al formar parte de la Ley de Vivienda, este artículo cuenta ya con las bendiciones del Constitucional. El pasado mayo, el alto tribunal avaló el grueso de esta norma, tras el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía, lo que deja ahora el camino libre para tratar de llevarla hasta el último rincón que le permita el marco jurídico.

En esencia, lo que defiende el punto 18.5 es que el Estado "podrá desarrollar, de acuerdo con la administración territorial competente, un programa específico para dichas zonas de mercado residencial tensionado, que contemplará la diversidad territorial, tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en zonas rurales, que modificará o se anexará al plan estatal de vivienda vigente.

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Este programa "habilitará al Estado para: a) Promover fórmulas de colaboración con las administraciones competentes y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho ámbito y en su entorno. b) El diseño y adopción de medidas de financiación específicas para ese ámbito territorial que pudieran favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta. c) El establecimiento de medidas o ayudas públicas específicas adicionales dentro del plan estatal de vivienda vigente, de acuerdo con las previsiones que en su caso éste establezca".

Pero la concesión de todas estas ayudas está condicionada a que, previamente, la comunidad autónoma haya declarado mercado residencial tensionado, ya que todo el artículo 18 se centra únicamente en esta casuística. Por tanto, aquellas que se resistan a dar este paso, tampoco podrá beneficiarse de las ayudas y medidas de financiación que se diseñarán ad hoc.

Cuando se aprueba la declaración de mercado tensionado, inmediatamente entra en vigor el tope de precios del alquiler en los municipios que se suman a esta iniciativa. Este límite, en principio, se limita a tres años, ya que para corregir los desequilibrios, el gobierno regional de turno debe presentar un plan de acción para conseguir la moderación de precios y poder destopar el mercado.

Para desarrollar medidas de manera efectiva, son claves los fondos que pueda aportar el Estado a través de los planes estatales de vivienda, ya que, de media, el 70% de los recursos que destinan las comunidades a políticas de vivienda vienen del dinero que les transfiere el Gobierno central. Para este, es crítico construir un parque de vivienda asequible y controlar el precio de los alquileres, dos objetivos hacia los que dirigirá gran parte de sus esfuerzos.

Para conseguir construir un gran parque de vivienda asequible, la clave está en movilizar gran cantidad de suelos sobre los que promover vivienda protegida. Pero aquí entra en juego otro punto de fricción entre los diferentes grupos del hemiciclo. Mientras las formaciones de izquierda, incluido el PSOE, abogan por mantener a perpetuidad la calificación de VPO, regiones como Madrid apuestan por permitir la descalificación a los 15 años.

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El Ejecutivo ya intentó imponer su visión en este punto con la Ley de Vivienda, pero este fue uno de los pocos puntos que anuló el Constitucional. No obstante, Rodríguez está decidida a aprovechar las opciones que le deja el marco jurídico para tratar de condicionar que los fondos estatales vayan a viviendas protegidas cuya calificación quede blindada a perpetuidad.

El juego de los apoyos

Más allá de si el marco jurídico ampara la estrategia del Ejecutivo, está la aritmética parlamentaria y la necesidad de grandes consensos que necesita este Ejecutivo para sacar adelante sus iniciativas. Una debilidad que quedó patente con la Ley del Suelo, una norma que en lo fundamental tiene el respaldo de los dos grandes partidos, pero que se retiró justo antes de su tramitación.

Los socios de Gobierno dieron la espalda al PSOE y el PP lo aprovechó para dejar en evidencia al Ejecutivo. Los populares trataron de justificar su postura en que la Ley del Suelo queda coja si no se acompaña de medidas contra la okupación y para agilizar los desahucios. Dos puntos que, sin embargo, ayer brillaron por su ausencia durante la sesión de control al Gobierno, ya que prácticamente nadie hizo referencia a ellas.

En este juego de los apoyos, los populares están trabajando en su propia Ley de Vivienda, que prevén presentar y negociar con todos los grupos parlamentarios en las próximas semanas, con la vista puesta en atraer a grupos como Junts o PNV.