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La ministra de Vivienda avisa de una mayor ofensiva legal para limitar alquileres y blindar la VPO
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SESIÓN DE CONTROL DEL CONGRESO

La ministra de Vivienda avisa de una mayor ofensiva legal para limitar alquileres y blindar la VPO

Isabel Rodríguez se refrenda en la postura del Gobierno de agotar todo el margen que permite la regulación para controlar los precios del alquiler en toda España y blindar la vivienda pública

Foto: La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez
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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acudido a la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados dispuesta a enumerar las medidas aplicadas en estos años por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y, sobre todo, con el claro mensaje de que va a seguir avanzando, con todas las herramientas que le permita el marco jurídico, para aplicar la Ley de Vivienda en todos los rincones de España.

Un discurso que ha desatado ya fricciones con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que se enfrentan a recibir menos fondos del plan estatal si rechazan aplicar los topes del alquiler en zonas tensionadas. Lejos de rebajar el tono, Rodríguez ha sido clara al afirmar que "vamos a agotar todo el margen de actuación que nos otorga el ordenamiento jurídico, para conseguir el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible".

Una máxima que aborda con la fuerza que le confiere el pronunciamiento a favor del Tribunal Constitucional, que ha avalado el grueso de la polémica norma. Entre los artículos que, no obstante, no han recibido el respaldo del alto tribunal destaca la prohibición de descalificar las viviendas protegidas, posibilidad que el alto tribunal considera que queda fuera de la Ley de Vivienda porque se trata de una competencia cedida.

Este rechazo del Constitucional pone en jaque el eslogan gubernamental de que va a blindar el parque público de vivienda y el suelo. Sin embargo, Rodríguez no tira la toalla y ha dejado ver su decisión de volver a la carga para garantizar la perpetuidad de la vivienda protegida al afirmar que, "por la vía de los hechos, a través de la Ley de Vivienda, tenemos otros instrumentos para hacerlo viable".

Foto: Identificación de las viviendas públicas construidas durante la dictadura. (Propia)

También ha lanzado un claro mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que "la barra libre no sirve para bajar el precio del alquiler en Madrid". No obstante, Rodríguez también ha querido lanzar un guante al resto de partidos al asegurar que "aquí no sobra nadie, me da igual cómo piense, me da igual cómo piense y de dónde venga".

Firme en mantener la misma línea de actuación que ha defendido hasta ahora su ministerio, Rodríguez ha echado por tierra las máximas de quienes sostienen que el problema de vivienda se resuelve con más oferta, al recordar que cuando se gestó la burbuja inmobiliaria se promovía más del doble de vivienda que ahora cada año y, lejos de bajar, el precio de los hogares se disparó.

La ministra ha aprovechado su intervención para hacer un breve repaso a diferentes políticas de vivienda que se han llevado a lo largo de las últimas décadas, como la promoción de vivienda pública para la venta, lo que ha permitido a 2,5 millones de familias tener su propio hogar. Una medida de éxito que, sin embargo, ha tachado de ser en gran parte responsable de la falta de un parque público de vivienda asequible que padece ahora el sistema, al haberse permitido que esos hogares sean descalificados y convertidos en vivienda libre.

En su diagnóstico del problema del mercado de la vivienda, Rodríguez ha destacado como otro de los principales responsables la falta de promoción de hogares desde 2012, lo que ahora se ha traducido en una grave falta de vivienda pública y asequible. Como dato desolador, Rodríguez ha destacado que el 45% de la población que vive de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza, lo que la refrenda en su postura de defender su medida de topar los alquileres.

La ministra ha sintetizado en cinco líneas de actuación su política: movilización de recursos económicos (20.400 millones de euros en los últimos seis años), regulación, incentivos fiscales para quienes pongan en alquiler su vivienda a precios más baratos, movilización de suelos públicos para vivienda asequible y colaboración con todos los agentes. Además, ha recordado que su Ejecutivo ha habilitado a todos los ayuntamientos, sean del color que sea, para poder gravar las viviendas vacías y les ha animado a hacerlo.

De cara a futuro, Rodríguez ha avanzado que quiere conformar con las comunidades autónomas cuatro o cinco objetivos concretos, dejando entrever su disposición a impulsar la promoción de vivienda protegida, eso sí, siempre y cuando se “blinde a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público”, un punto en el que las “comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero que este acuerdo sea unánime”.

Su decisión a la hora de garantizar que las viviendas protegidas nunca pasen a ser libres le ha llevado a afirmar que si las comunidades no aplican medidas en este sentido por ley "se hará condicionando y condicionar no es una amenaza, es defender el interés de todos", ha asegurado Rodríguez. "No sé confundan. Lo vamos a hacer".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acudido a la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados dispuesta a enumerar las medidas aplicadas en estos años por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y, sobre todo, con el claro mensaje de que va a seguir avanzando, con todas las herramientas que le permita el marco jurídico, para aplicar la Ley de Vivienda en todos los rincones de España.

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