"El Gobierno debe usar las viviendas de Sareb para alquiler asequible y echar a los okupas"

Paloma Martín (Madrid, 1970) es la política a la que Alberto Núñez Feijóo ha confiado una de las grandes materias de esta legislatura: la política de vivienda. Vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, llegó a Génova hace un año con los galones de haber llevado adelante el madrileño Plan VIVE, el programa de colaboración público-privada que más alquileres asequibles ha puesto en el mercado de toda España. Su éxito ha convencido a los populares de que es el camino a seguir y prometen aplicar la misma receta, cuando lleguen a Moncloa, en todo el país.

Por el momento, como líder de la oposición, ultiman una Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda que modifica hasta cuatro textos legales: la Ley del Suelo, la Ley de Vivienda, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y una ley de concesión de obra pública. Una ofensiva cuyos principales objetivos son terminar con la ocupación, reducir la burocracia, acelerar la generación de suelo y duplicar la actual cifra de construcción de vivienda, hasta alcanzar los 200.000 hogares al año. Convencida de que la obligación de la Administración es gestionar el patrimonio, acusa al Gobierno de invertir siempre la verdad y hacer lo contrario de lo que predica, como haber vendido un edificio de María de Molina al mayor fondo de inversión del mundo para hacer viviendas de lujo.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Rey Juan Carlos, Martín ha trabajado tanto en el sector público, donde ha desarrollado el grueso de su carrera en diferentes etapas que suman casi 25 años, como en el privado, en firmas de servicios profesionales como Deloitte. Ahora, su principal desafío está en la amenaza del Gobierno de premiar con más fondos a las comunidades autónomas que apliquen el tope del alquiler, un chantaje, en su opinión, ante el que no piensan ceder.

PREGUNTA. El PP ha anunciado una inminente Ley de Vivienda. ¿Qué consensos tiene?

RESPUESTA: Hablamos mucho con el sector. Hemos tenido 37 reuniones con el sector, con las comunidades autónomas, los ayuntamientos, colegios profesionales, plataformas de educación, promotores, gestores de vivienda, plataformas antiokupación, es decir, con todo el mundo que tiene algo que decir en el ámbito de la vivienda.

P: ¿Y con el sindicato de inquilinos o plataformas similares?

R: No se han acercado a nosotros ni nosotros a ellos. Nosotros nos hemos acercado a quien defiende el derecho a la propiedad privada y a los que son víctimas de ocupaciones.

P: ¿Consiguieron la semana pasada acercar posturas con el Gobierno en relación a qué va a pasar finalmente con los fondos de vivienda?

R: La ministra se ha visto obligada a rectificar, a decir que buscará fondos adicionales y se los transferirá a través del Plan Estatal de Vivienda. La postura es un cambio radical: de una amenaza de "se van a quedar sin fondos" a "premiaremos con fondos adicionales a aquellas que sí establezcan zonas de mercado tensionado".

P: ¿En la conferencia de la semana pasada pactaron si van a elevar los fondos para premiar o se mantendrán los mismos fondos? Porque, en ese caso, solo con premiar ya se estaría penalizando a quienes no declaren zona tensionada

R: Es responsabilidad del Gobierno diseñar ese plan y fijar las cantidades. Lo que no van a hacer las comunidades autónomas del Partido Popular es permitir que se trate de manera desigual a unos ciudadanos. El Gobierno está obligado a mantener la equidad en la distribución de fondos públicos.

P. Las políticas de vivienda siempre han discriminado: ayudas para menores de 25 años, ¿y por qué no de 28? Ayuda a madres solteras y familias numerosas, ¿y por qué no a padres viudos?

R: La política de vivienda tiene que estar basada en criterios objetivos, no en posiciones ideológicas. Lo que no es tolerable es romper la equidad en la distribución de los fondos bajo la justificación de una ideología que quieren imponer y que se ha mostrado fracasada. Las comunidades autónomas no se presentaron a las elecciones autonómicas con un programa en el que recogieran la intervención del mercado de alquiler, y no puede el Gobierno imponer su ideología, debe ser capaz de diseñar criterios objetivos orientados a ese interés, a ese bien común que es que se incremente la oferta de vivienda en España. Dentro de los distintos planes y programas que se incluyan en el Plan Estatal de Vivienda, las comunidades tienen la posibilidad de hacer más fuerza en unos programas que en otros. Lo que no pueden hacer es, por obtener fondos, comprar el discurso ideológico y fracasado de la izquierda. Las comunidades son las primeras que pidieron a la ministra diálogo. Es más, el Partido Popular lleva en su programa electoral un Pacto Nacional por la Vivienda, porque sabemos que la vivienda no admite objetivos a corto plazo.

P: ¿En qué se diferenciaría una ley de vivienda impulsada por el PP si llegara a gobernar y qué políticas diferentes a las actuales aplicaría para poder aumentar la oferta?

R: Para incrementar la oferta, hay que poner suelo en el mercado, generar nuevos desarrollos urbanísticos, reducir burocracia y acabar con la ocupación. Son recetas en las que coinciden todos los expertos, no hay un solo analista económico que diga que intervenir el mercado del alquiler da como resultado una bajada de los precios, todo lo contrario.

P: El mercado de la vivienda siempre ha estado intervenido, por ejemplo, con el sometimiento de la actualización de rentas al IPC. La labor de la administración es intervenir en el mercado para que haya una distribución justa de los recursos. ¿No será mejor decir que se debe intervenir de manera correcta?

R: Con Sánchez, desde el año 2022, el precio de actualización de los alquileres lo marca Sánchez. Para 2022, estableció un incremento del 2%. En 2023 pactó con Bildu el límite de los incrementos y en 2024 blindó en la Ley de Vivienda ese incremento de las rentas al 3%. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que desde que se ha intervenido el mercado, lejos de limitar el incremento de los precios a ese 3%, se ha incrementado un 13% con la Ley de Vivienda. Y desde que Sánchez es presidente, un 32%. La ley es papel mojado.

P: El Ayuntamiento de Madrid, del PP, ha limitado el alquiler turístico a particulares. Eso también es intervenir en el mercado

R: El alquiler turístico no se rige por la Ley de Arrendamientos Urbanos, se rige por las competencias que vienen del ámbito del turismo y son los ayuntamientos los que tienen una doble capacidad: uno, fijar las normas urbanísticas para autorizar cómo deben desarrollarse los pisos turísticos en las ciudades; y dos, son los responsables de dar la licencia de actividad para poner en funcionamiento ese piso turístico. Precisamente, la Ley de Vivienda ha provocado que muchas viviendas huyan de esta ley y se trasladen al mercado del alquiler turístico para evitar ese estrangulamiento al que está llevando. Eso ha provocado que disminuya la oferta de pisos de alquiler permanente. Aquí hay que hacer una reflexión de que las situaciones no son iguales en función de la ubicación de los pisos turísticos. Nada tiene que ver el centro de Madrid con la periferia, o un municipio costero donde los pisos turísticos forman parte de la oferta habitual. Es más, esos pisos turísticos muchas veces están donde no hay hoteles suficientes para atender la demanda.

P: ¿Cuál sería la primera medida que aplicaría el PP en materia de vivienda si mañana llegara a gobernar?

R: Un gran plan para incrementar la oferta y eso se consigue, primero, sacando suelo que tienen las tres administraciones, suelos que están improductivos, vacantes, y que pueden dedicarse a la construcción de viviendas a precios asequibles, para que, ofreciéndose a la iniciativa privada, se construya vivienda, se gestione durante unos años el alquiler de esa vivienda y luego revierta al patrimonio público. Es el modelo del Plan VIVE que iniciamos en la Comunidad de Madrid y se ha extendido a otras comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía y Valencia, que tienen ya sus propios planes VIVE. Eso significa que, preferentemente los jóvenes, van a poder acceder a viviendas en alquiler hasta un 30% por debajo del precio del mercado. Ese es un modelo y esa sería la primera de las iniciativas que el presidente Feijóo desarrollará.

"La primera de iniciativa que el presidente Feijóo desarrollará será un plan de alquiler asequible como el Plan VIVE de Madrid"

P: Reconociendo que VIVE ha sido un modelo de éxito, también es verdad que sus cifras finales distan mucho de lo que se anunció, han quedado lotes desiertos... Parece que promover vivienda asequible no es tan fácil y eso que hablamos de Madrid

R: Se han dado todos los pasos para desarrollar el plan VIVE y siguen dándose. Ya se han entregado más de 400 viviendas. La propuesta del Plan VIVE eran 15.000 en dos legislaturas y se van cumpliendo todos los trámites.

P: Si los alquileres están descontrolados, incluso un 30% por debajo sigue siendo inasequible para muchas familias. ¿Cómo pueden hacer accesible a todos esos hogares?

R: Para eso están los fondos del Plan Estatal de Vivienda. El plan que se está desarrollando en las comunidades gobernadas por el PP no supone, en la mayoría de los casos, un esfuerzo financiero. Las comunidades no están invirtiendo dinero, lo que hacen es poner suelo público y la iniciativa privada hace la inversión, y luego se ofrece un alquiler a un precio un 30% por debajo de mercado. En lugares donde es muy difícil recuperar la inversión, está el plan estatal para incentivar a través de programas concretos la construcción de vivienda asequible, porque los costes de construcción son muy elevados. Los fondos europeos, los Next Generation, han venido a aportar financiación para construir vivienda asequible, aportan una financiación extra para que se construya esa vivienda con eficiencia energética.

P: ¿Son ayudas al promotor o también al inquilino que sobrepase ese 30%?

R: Es una ayuda que da la administración para la construcción, el dinero lo gestiona la comunidad autónoma. Lo que hace el Gobierno, a través del Plan Estatal de Vivienda, es transferir créditos a las comunidades, y las comunidades, al igual que ponen el suelo, ponen parte de ese dinero para la construcción. Es decir, no va ni al promotor ni al inquilino, va a construir la vivienda, y de eso se beneficia el inquilino, porque se sacan al mercado a un precio hasta un 30% inferior al de mercado.

P: Con su modelo, promover vivienda es, más o menos, igual de caro en una zona de renta alta que en otra de renta baja, porque el suelo, que es lo que marca la diferencia y lo ceden las administraciones. Pero, no es lo mismo pagar 700 euros por una vivienda en un buen barrio de Madrid que en una ciudad dormitorio. ¿Cómo hacen aquí para atraer a los promotores?

R: Hay que ser eficaz en la gestión. Eso el PP ya lo tiene resuelto. Cuando sacan ese suelo público, establecen lotes donde se incluyen distintos municipios, para que quien vaya a construir esos lotes lo haga en un municipio con alta demanda y atractivo y en otro que no lo es.

P: Han dicho que van a facilitar la promoción de 200.000 viviendas al año. ¿No suena a mucho?, ¿cómo lo van a hacer?

R: Las proyecciones que hace el INE sobre la creación de hogares son de 200.000 al año. El Banco de España eleva esa previsión a 375.000. A día de hoy, se están construyendo 100.000 viviendas al año, entre libre y protegida. Bien, pues ha habido años, entre 2000 y 2009, que se han construido cada año en España 400.000 viviendas.

P: ¡Pero se creó una burbuja y un millón de viviendas vacías!

R: Yo estoy haciendo un diagnóstico. Luego vamos a las soluciones. Cuando hablamos de viviendas protegidas, en 2023 pasado se han construido 8.600 viviendas. ¡Nunca se había construido tan poca vivienda protegida en España! Ha habido años en que se han construido entre 70.000 y 80.000 viviendas protegidas. Por lo tanto, hay un gap enorme. No se construye ni vivienda libre, ni protegida. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Generar las condiciones adecuadas para que se construya vivienda libre y vivienda protegida. Lo primero que nos pide el sector es seguridad jurídica; y en segundo lugar, reducción de la burocracia administrativa. Necesitan saber que no se interviene el mercado del alquiler, que no se tolera la ocupación ni la inquiocupación; necesitan reformas legislativas importantes. Y en cuanto a vivienda protegida, el presidente Feijóo ya dijo que la primera medida que pondrá en funcionamiento será la construcción de vivienda protegida, de alquiler asequible, como no se ha conocido hasta ahora, sacando suelo que tenemos improductivo, tanto por parte de la Administración General del Estado como de las comunidades.

P: ¿Están a favor de que se destine suelo protegido a promover vivienda para la venta o consideran que la vivienda protegida deba ser siempre de alquiler?

R: Hay viviendas de protección oficial de titularidad pública y de titularidad privada. Parece razonable que quien construye de titularidad privada, pasados unos años, una vez ha cumplido ya su función, esa protección decaiga y lo lógico es que entre en el mercado al precio ordinario. Todas las comunidades autónomas, con independencia del color político del gobierno autonómico, tienen establecidos en sus leyes autonómicas esos plazos y lo tienen resuelto con horquillas que van entre 10, 15, 20, 25 años. ¿En función de qué? En función de bajo qué normativa se ha levantado esa vivienda. Cada comunidad, en función del año de edificación de esos pisos, conoce muy bien cómo está el mercado del alquiler y de la venta en su región y va tomando decisiones. No es lo mismo unos años en los que la vivienda no ha sido un problema y se podía acceder, que años en los que, como ahora, tenemos estrangulado el mercado de la vivienda.

P: ¿Esto no es intervencionismo? Es fijar el precio de la vivienda

R: Las leyes están para regular las normas que entre todos nos queremos dar. Pero una cosa es regular y otra cosa es intervenir. Y lo que ha hecho este gobierno es estrangular el mercado del alquiler. Solo desde que entró en vigor la Ley de Vivienda ha disminuido la oferta de vivienda un 15%. Se han incrementado los precios un 13%. Y el dato más grave, la inversión inmobiliaria en España ha disminuido un 36%. El mercado está estrangulado, el Gobierno ha roto el acceso a la vivienda en España y, además, ha tolerado la ocupación y la inquiocupación. Tenemos datos récord. Se producen en el año entre 15.000 y 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación, según datos del Ministerio del Interior. Hay en estos momentos 80.000 viviendas ocupadas en España. Se ha generado un problema que antes no existía, que se llama inquiocupación. Los expertos ya están diciendo que se está convirtiendo en un problema crónico. Hay 25.000 viviendas ocupadas. Y de esto hay un único responsable, que es el Gobierno de España. Con Sánchez, los procesos de recuperación de la posesión de la vivienda se han incrementado de 11 a 21 meses de media. No se puede proteger a los okupas. Hoy, el okupa es intocable. Por eso nosotros llevamos al Senado una ley de lucha contra la okupación para desalojar en 24 horas. Esa ley inició su tramitación en el Senado y salió adelante con el apoyo de Vox y la abstención de Junts y PNV. Han pasado nueve meses, y la presidenta del Congreso está prolongando sine die el plazo de enmiendas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que a Sánchez le sobra el legislativo. Es intolerable, en una democracia avanzada, que una de las dos cámaras desatienda las leyes que se tramitan en la otra.

P: Dice que si gobiernan se van a promover 200.000 hogares al año. Ahora se están construyendo 100.000 y se nota un problema de mano de obra y tejido industrial. ¿Qué medidas proponen para paliarlo si quieren doblar la producción?

R: Nosotros proponemos, en el Plan Más Vivienda que presentamos desde el Partido Popular, una medida para fomentar la industrialización en la construcción de vivienda, porque somos conscientes de la dificultad que hay de encontrar mano de obra. Parte del Plan Vive se está construyendo con industrialización. Siempre hay programas que pueden destinarse a fomentar la industrialización. Los fondos Next Generation eran una oportunidad extraordinaria para modernizar la industria y apostar por proyectos como este con programas específicos de construcción industrializada.

P:¿Qué ayudas propone para el usuario final de la vivienda?

R: El presidente Feijóo ya anunció que establecía bonificaciones en el IRPF para los jóvenes que se incorporen al mercado laboral durante cuatro años. El primer año se desgravarán el 100% en el IRPF de sus ingresos, el 75% el segundo, el 50% el tercero y el 25% el cuarto, siempre y cuando destinen esas cantidades a continuar formándose o a independizarse, alquilar una vivienda o comprarla. Otra de nuestras medidas es bonificación del 100% de las donaciones que los familiares puedan hacer a sus hijos para que se independicen,alquilen una vivienda o la compren. Y también proponemos bonificaciones en las cuotas del IRPF para aquellos propietarios que pongan viviendas en alquiler después de dos años en desuso.

P: Si el 80% del mercado del alquiler en España está en manos de particulares. ¿Se plantean incentivar fiscalmente sólo a pequeños propietarios que alquilen un 30% por debajo del precio de mercado, por ejemplo? No me refiero a quien puede permitirse tener una casa vacía dos años, sino a quien alquila para complementar la pensión, pagar la hipoteca o el alquiler de otra casa a la que se mudó al tener familia. Ese colectivo, cuando es la gran masa y donde está la riqueza patrimonial de los españoles

P: Nosotros tenemos muchas propuestas para esos propietarios. Proponemos desde medidas fiscales hasta seguros por impago de rentas. Pero, sobre todo, lo que nos piden esos ahorradores es que les demos seguridad, porque, para ellos, sacar su piso en alquiler con el riesgo de que haya un ocupa o un inquiocupa es el mayor desincentivo que puede haber. Nosotros defendemos al inquilino y al propietario. Lo que no hacemos es defender al ocupa. Hoy, un ocupa es intocable, porque se le considera vulnerable aunque cobre 1.800 euros al mes. ¿Cuál es el resultado de esta política? Que se están exigiendo nóminas de 2.000 euros para poder alquilar, porque con 1.800 se les está considerando vulnerable. Por lo tanto, como ya hemos anunciado, vamos a modificar la Ley de Vivienda para que no se pueda considerar vulnerable a un okupa que cobra 1.800 euros.

"Un ocupa es intocable porque se considera vulnerable aunque cobre 1.800€. ¿Resultado? Se están exigiendo nóminas de 2.000€ al mes"

P: Pero, ¿qué medida concreta plantea para combatir el problema de la vivienda actuando sólo sobre los pequeños propietarios? Se me ocurren varias, como deducción del 100% del alquiler siempre que esté dentro del indicador del Gobierno, exención del IBI , pago de un seguro de impagos. La Comunidad de Madrid tiene ya una estrategia en ese sentido con el Plan Alquila

R: Hemos anunciado varias medidas: los seguros de impago, bonificaciones fiscales en el IRPF para aquellos que saquen su vivienda al mercado si lleva al menos dos años cerrada. A día de hoy hemos anunciado estas dos medidas, pero seguiremos dando pasos, porque estamos presentando nuestro plan de vivienda.

P: También han anunciado que van a rebajar de 1.800 a 1.050 euros el límite de ingresos para ser considerado vulnerable. Si llegan a gobernar, ¿qué harán con inquiocupas que ganen menos de 1.050 euros al mes, justifican hacer recaer sobre un privado la responsabilidad de hacerse cargo del vulnerable?

R: El Gobierno no puede hacer recaer una responsabilidad que corresponde a las administraciones sobre un pequeño ahorrador. No puede pensar que es el pequeño ahorrador el que tiene que soportar el coste que supone mantener una familia. En el caso de que sea vulnerable, tenemos que proteger a las familias vulnerables desde los servicios sociales y desde los servicios de vivienda. Lo que nosotros vamos a hacer es reforzar, en la Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, esa atención que se debe prestar a las familias que, de verdad, tienen una situación de vulnerabilidad.

P: Si el PP gobierna, ¿ninguna persona va a tener que mantener en su vivienda a una familia vulnerable?

R: Nosotros no vamos a tolerar la ocupación ni la inquiocupación. Donde haya una familia vulnerable, necesariamente, tienen que entrar los servicios sociales y los servicios de vivienda públicos. No hacer recaer una obligación que no le corresponde al pequeño ahorrador.

"Donde haya una familia vulnerable deben entrar los servicios sociales y de vivienda. No hacer recaer esa obligación en el pequeño ahorrador"

P: ¿Qué papel quieren que juegue ahí Sareb?

R: La Sareb, lo primero que tiene que hacer, es desalojar a los okupas. En segundo lugar, recuperar la posesión. Y en tercer lugar, gestionar su enorme parque público de viviendas. El Gobierno, a través de la Sareb, es uno de los mayores propietarios de vivienda que hay en España. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es una buena gestión de el patrimonio público y destinar esas viviendas alquiler asequible

P: Pues las van a vender, porque Sareb ha encargado a Deloitte la venta de su promotora Árqura

R: Esa es la coherencia del Gobierno. Pero como esas coherencias, guión incoherencias, hay muchas. Acusa al PP de la venta de suelo a fondos de inversión y el Ministerio de Hacienda acaba de vender en el centro de Madrid un edificio a BlackRock por 200 millones. Esa es la coherencia, lo que tiene que hacer es desalojar a los okupas, recuperar la posesión y gestionar la vivienda de forma asequible.

P: ¿Habría preferido que ese patrimonio público fuera para vivienda social?
R: El Ministerio de Hacienda disponía de un inmueble y podía haberlo dedicado a alquiler asequible o hacer lo que ha hecho: vendérselo a BlackRock para construir vivienda de lujo. Es una decisión que toma el Ministerio de Hacienda. Nosotros qué decimos: primero, que la Administración tiene que gestionar de manera eficaz, y segundo, que nosotros no caemos en contradicciones. Quien invierte la verdad de forma permanente es el Gobierno, que lanza un mensaje populista diciendo que quieren construir 183.000 viviendas. Han transcurrido seis años y no hay 183.000 viviendas. Están lejos. No les salen los números. No han puesto vivienda en el mercado, siendo uno de los mayores propietarios del suelo a través del Sepes y uno de los mayores propietarios de vivienda a través de la Sareb.

P:¿Por qué cree que ha ocurrido eso? Porque no saben o porque no es tan fácil

R: Porque invierten la verdad. Ellos viven de la comunicación política. Y cuando llega la hora de la responsabilidad y de trabajar de forma eficaz, son incapaces.

P: ¿Su prioridad es destinar cualquier edificio público, María Molina o cualquier otro, a alquiler asequible?

R: Nosotros no tenemos ningún problema para expresar que el patrimonio público tiene que ser gestionado en interés de los ciudadanos. Y ese interés es construir vivienda asequible o si esos terrenos se encuentran en unas zonas donde no hay demanda de alquiler asequible, que se pueda destinar a otros usos. El problema es la falta de coherencia que tiene el gobierno, que invierte la verdad, dice una cosa y hace la contraria en un abuso de mensajes populistas.

P: ¿Apoyaría una ley que blindar la propiedad del parque público vivienda y que no se vuelva a vender?

R: El parque público de vivienda tiene que gestionarse. Sólo tiene que entrar en la página web de distintos ministerios para ver que Defensa tiene a la venta once inmuebles por valor de siete millones de euros. Adif, en estos momentos, tiene a la venta ocho inmuebles por valor de dos millones de euros. Es decir, las administraciones públicas gestionan su parque de viviendas. Gestionan sus inmuebles.

P: ¿Operación Campamento es venta de parque público de vivienda?

R: A ver las operaciones de nuevos desarrollos urbanos, en la mayoría de ocasiones, tienen como base suelo público y construcciones que ya están levantados. Madrid Nuevo Norte, Campamentos, son proyectos en los que hay suelo público e inmuebles y se tienen que transformar. Pero nosotros siempre nos hemos sentido cómodos con ese modelo. El problema es que la izquierda dice una cosa y hace la contraria, Tiene una deriva populista para comunicar a la gente de la calle que ellos no venden suelo ni inmuebles, cuando están haciendo todo lo contrario. Han invertido la verdad.

P: Esas operaciones no salieron hace años, cuando el PP estaba en las tres administraciones

R: Justo lo contrario. En Madrid Nuevo Norte fuimos dos gobiernos del PP los que lo sacamos adelante: el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y lo hicimos gracias, en primer lugar, a un impulso político; en segundo lugar, con un trabajo serio, multiplicamos por tres el personal que teníamos para estudiar y sacar adelante el desarrollo, y en tercer lugar, con auténtico rigor. Tan es así, que hubo nueve recursos presentados y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no sólo tumbó los nueve, sino que les condenó en costas a todos. Es decir, hay una forma de gestionar eficaz y otra que no lo es. Y Madrid Nuevo Norte, donde van 10.500 viviendas, es un claro ejemplo de gestión eficaz.

P: Ha hablado de la importancia de un pacto de Estado, de un gran plan de vivienda, de movilizar suelos... Pero cuando tuvo oportunidad de ponerlo en práctica con la Ley del Suelo, el PP rompió la baraja y el sector se lo ha echado en cara

R El Gobierno es quien, sin consultar al sector, sin consultar a las comunidades, sin consultar a la alternativa de gobierno, que es el PP, aprueba en Consejo de Ministros un proyecto de ley de reforma de la Ley del Suelo, lo lleva al Congreso y son sus propios socios los que presentan enmiendas a la totalidad: Esquerra, Junts y Podemos. El Partido Popular no presenta enmienda a la totalidad, porque sabemos que es una reforma urgente y necesaria, que ya habíamos planteado nosotros antes. Lo que ocurre es que el Gobierno no consigue los apoyos de sus socios y decide retirar el proyecto de ley antes de que se debatiera en el Congreso. Vuelve a presentar el Grupo Socialista la misma iniciativa en el Congreso y el 2 de septiembre vuelve a retirar su firma de esa iniciativa el Grupo Socialista. Es decir, la Ley del Suelo se ha retirado dos veces porque el Gobierno no es capaz de conseguir el apoyo de sus socios. Es su responsabilidad. A día de hoy, no hay proyecto del Gobierno o del PSOE registrado sobre el que podamos debatir. Y sí que hay un anuncio reiterado por parte del PP de presentar nuestra Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda, que incluye la modificación de varias leyes, entre ellas, la del suelo.

""La Ley del Suelo se ha retirado dos veces porque el Gobierno es incapaz de conseguir el apoyo de sus socios. Es su responsabilidad"

P: ¿Cuándo van a presentarla?

R: En las próximas semanas, lo anunció el otro día el presidente

P Pero cuando, ¿en octubre?

R: En las próximas semanas. Pero no solo esta ley ambiciosa, reformista, que va a transformar el urbanismo, sino que estamos presentando un plan muy ambicioso de vivienda para favorecer el acceso a la vivienda de los jóvenes, de las familias, para generar oferta, para disminuir la burocracia y terminar con la ocupación y la inquiocupación.

P: Tras la retirada de la Ley del Suelo, ¿el Gobierno se ha acercado alguna vez a ustedes para acercar posturas?
R: El gobierno, antes de que aprobar la ley, no se acercó a nosotros, la llevó al Congreso y no supo o no tuvo la capacidad de concitar el apoyo de sus socios. Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos a hablar. Lo que sucede es que también hemos dicho que esa ley estaba coja. Tan solo reformaba un texto normativo, la ley del suelo, sacaba de la reforma la ley de la jurisdicción Contencioso administrativa, que para nosotros era clave y sí la habíamos presentado junto con la reforma de la Ley de Suelo, porque es la traslación al ámbito de la aplicación que tienen que hacer los jueces y tribunales luego de las normas, de las reformas que tienen que ir en la ley del suelo, y esa la obviaba en el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Y por que hay una ley, La Ley de Vivienda, que es la que ha estrangulado definitivamente el mercado del alquiler. Por lo tanto, nosotros proponemos deshacer los nudos que tiene estrangulado el mercado del alquiler que están recogidos en la Ley de Vivienda, como es derogar zonas de mercado tensionado, como es derogar el índice de precios de los alquileres. Nuestra propuesta es una Ley de Medidas para el Desarrollo Urbano y la Vivienda que modifica hasta cuatro textos legales, la Ley del Suelo, la Ley de Vivienda, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y una ley de concesión de obra pública, no porque vayamos a tocar la concesión de obra pública, sino porque esa ley arrastraba una modificación que afectaba a la emisión de informes sectoriales en materia de planeamiento.

P: Después de aquella retirada de la ley del Suelo, ¿alguna vez les han llamado para sentarse con ustedes y consensuar posturas?

R: La ministra se puso en contacto conmigo y difirió nuestra futura conversación a después de las elecciones europeas, para evitar el ruido político, y pensó que antes de las elecciones europeas iba a poder negociar con sus socios, pero fueron sus socios los que la abandonaron. Y antes siquiera de sentarse a hablar con nosotros, ya tuvo que retirar la Ley de Suelo.

P: ¿Nunca llegaron a reunirse?

R: No, porque la tuvieron que retirar antes

P: Podría haberse acercado usted y tenemos que encontrar una solución. Se lo están pidiendo todos

R: Sí, pero retiró la ley. La volvió a presentar y la ha vuelto a retirar el 2 de septiembre. Es decir, el gobierno no tiene interés en sacar la reforma de la Ley del Suelo. Si no, no se entiende que a día de hoy no haya ningún texto vivo presentado por el Gobierno, ni por el PSOE, para poderlo debatir. Una vez más, han invertido la verdad. Están diciendo que quieren reformar la ley del suelo y que es urgente. Se lo cuentan al sector, lo cuentan a los medios de comunicación, pero la realidad es que hoy no hay un solo texto, ni del Gobierno ni del Grupo Socialista registrado en el Congreso para reformar la ley del Suelo. Está retirada el 2 de septiembre, invierten la verdad de forma sistemática.

P: Habla mucho de seguridad jurídica, pero muchos inversores dicen que la principal inseguridad jurídica de este país es que haya 17 comunidades con competencia en vivienda y tres administraciones. ¿No llevan un poquito de razón, no había que simplificarlo?

R: Sin duda, tiene una complejidad añadida, pero lo que de verdad lo hace todavía más difícil es que el Gobierno arremeta contra las comunidades autónomas, que amenace con retirarle fondos. Eso sí genera al sector una inseguridad enorme. Lo que nosotros decimos es que debemos ser capaces de ponernos de acuerdo. Por eso, nuestro programa electoral lleva un pacto de Estado por la vivienda, donde nos podemos sentar a hablar y trabajar por el interés general de los ciudadanos, donde pongamos oportunidades encima de la mesa. Lo que necesitamos es un pacto de Estado en el que podamos hablar también con comunidades autónomas y entidades locales, donde le digamos la verdad a la gente, donde hagamos todos un esfuerzo en poner suelo en el mercado, en reducir burocracia, donde acabemos con la ocupación y la inquiocupación y donde seamos capaces de generar un gran parque de vivienda asequible. Esa es la propuesta del Partido Popular, un gran pacto para construir la mayor oferta de vivienda que se haya conocido.

P: Si la ministra no llama, pueden acercarse ustedes, ya que quieren un gran pacto de Estado

R: Nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral. Los socios en materia de vivienda que ha elegido este gobierno son Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya y Podemos. Con ellos están pactando sus medidas, no con el Partido Popular. Al Partido Popular siempre lo encontrarán en este pacto de Estado que llevamos en nuestro programa electoral y siempre nos encontrarán dispuestos a que nuestras comunidades autónomas, nuestros ayuntamientos, participen de una manera eficaz en la construcción de esa vivienda pública.