El Gobierno ya estudia cómo forzar a las CCAA a aplicar la Ley de Vivienda a partir de 2026

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha lanzado un órdago a las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) con el anuncio de que "condicionará" la concesión de fondos a que se acate la Ley de Vivienda. "No puedo tratar por igual a aquel que está cumpliendo con la ley, que está haciendo esfuerzos y dando respuesta a sus conciudadanos, que a quien, por atacar al Gobierno, se muestra insumiso", dijo la política manchega el jueves.

Su amenaza fue rápidamente respondida por el PP. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, calificó este viernes de "injustificable e irresponsable" la acusación de la ministra, y le recordó que la propia Ley de Vivienda reconoce a las autonomías la potestad de no declarar zonas de mercado tensionado, y que comunidades gobernadas por el PSOE, como Navarra, Castilla-La Mancha o Asturias, "cumpliendo la ley" no han dado ese paso. Al menos, por el momento.

Más allá del rifirrafe político, el globo sonda que lanzó Rodríguez deja en el aire una pregunta: ¿puede realmente el Gobierno, con la ley en la mano, vetar la concesión de fondos a las comunidades autónomas que se resistan a controlar los precios del alquiler? La respuesta es sí y, además, hace tiempo que en los despachos de Nuevos Ministerios se está estudiando cómo articular medidas en esta dirección, según ha podido confirmar este medio.

La clave está en el próximo Plan Estatal de Vivienda, en cuyo contenido ha empezado ya a trabajar el Ejecutivo y que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. A lo largo del próximo año, el Ejecutivo terminará de definir con las autonomías el grueso de las políticas de vivienda que imperarán en nuestro país hasta 2030, unas líneas maestras que, en todo o parte, tendrán sus fondos condicionados a aplicarse solo en zonas que se estén aplicando la Ley de Vivienda.

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Del mismo modo que, históricamente, los diferentes Gobiernos han definido políticas para facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda o ayudar a las madres solteras, el Ejecutivo puede, por ejemplo, poner en el centro de sus políticas combatir las zonas tensionadas y, por tanto, quien no tenga declarado este problema en su comunidad autónoma quedaría fuera, según explican los expertos legales consultados.

El modelo que tenemos actualmente en España bebe de la propia Constitución de 1978, que habilitó a las comunidades para asumir la competencia en materia de vivienda a través de sus respectivos estatutos de autonomía. A principios de los 80, se transfirieron a las comunidades estos servicios, los funcionarios aparejados, etcétera. Todo, excepto una cosa: el dinero.

Unos fondos que sigue teniendo el Estado y que representan entre el 70% y el 75% de los recursos con que cuentan las comunidades para financiar sus políticas de vivienda. Esta potestad del Gobierno central es una potente arma, ya que le permite unificar políticas en todos los territorios en una materia tan importante como vivienda, para que todo el conjunto reme en una misma dirección en función de las circunstancias que atraviese el país en cada momento.

Las únicas comunidades que quedan fuera son País Vasco y Navarra, ya que al tener hacienda propia no participan de este esquema y, por tanto, no estarán condicionadas a declararse zona tensionada si, finalmente, Rodríguez cumple su amenaza, para poder financiar sus políticas de vivienda. Curiosamente, Cataluña, la primera Comunidad Autónoma en aplicar este punto de la Ley de Vivienda, también quedaría fuera si en algún momento llegara a aplicarse su financiación singular.

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La manera de hacerlo es con los citados planes estatales, que el Gobierno de turno aprueba cada cuatro años tras debatirlos con las diferentes autonomías, y donde determina las políticas a las que se deben dedicar los fondos estatales. A partir de esta columna vertebral, cada comunidad diseña programas que entren dentro de las casuísticas defendidas en cada plan y el Estado los dota económicamente con la firma de convenios.

El plan actualmente vigente se remonta a enero de 2022 y llega hasta final de 2025. Calendario que el Ejecutivo ha decidido usar en su favor al haber empezado ya a trabajar en el próximo Plan Estatal, una anticipación inédita que pone de manifiesto la decisión del equipo de Rodríguez por aplicar mecanismos que fuercen a adoptar la Ley de Vivienda cuanto antes.

Además, cabe la posibilidad de, por motivos electorales, anticiparlo y aprobar el próximo año un nuevo plan estatal donde se vinculen una serie de programas a la declaración de zonas tensionadas. Esto no significa que todos los fondos vayan a exigir aplicar la Ley de Vivienda, porque hay otras políticas importantes donde el Estado y las comunidades van de la mano, como puede ser la descarbonización, pero sí que es una potente arma que tiene el Ejecutivo para condicionar a los diferentes gobiernos autonómicos. Y está decidido a utilizarla.