La división política amenaza el nuevo índice de referencia del alquiler que sustituirá al IPC

La división política que impidió aprobar la nueva Ley del Suelo también amenaza a otra de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda: el nuevo índice de referencia de precios del alquiler.

Se trata de un indicador que está elaborando el INE (Instituto Nacional de Estadística), y que debe de estar listo antes del próximo 31 de diciembre, que sustituirá al IPC (Índice de Precios al Consumo) y que permitirá que la actualización anual de las rentas sea siempre inferior al coste de la vida.

El problema, según ha advertido públicamente el subdirector general de Políticas y Ayudas a la Vivienda del Ministerio, es que la aplicación de este cambio de referencia exige modificar el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que, en su opinión, podría someterlo a una tensión como la fallida de la Ley del Suelo.

Tras la publicación de este artículo, y tras varias semanas sin atender a las consultas de este medio, un portavoz del Ministerio ha negado la mayor a sus técnicos y ha defendido que se podrá hacer la modificación sin problema al estar recogido en la Ley de Vivienda.

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La creación de este nuevo índice se aprobó dentro de la Ley de Vivienda con el objetivo de que empiece a funcionar el 1 de enero de 2025. Como la idea es que su aplicación sea inmediata, a partir de ese día todos los contratos de alquiler que se encuentren dentro de los cinco años de rigor (o siete si el casero es un gran propietario) solo podrán encarecerse en el porcentaje que dicte este nuevo indicador.

En los últimos dos ejercicios, 2023 y 2024, las actualizaciones de rentas han estado capadas por los límites que marcó el Gobierno, que fijó un máximo del 2% y del 3%, respectivamente. De este modo, ha ganado tiempo para que el INE elabore el nuevo índice, un referente del que, por el momento, nada se sabe sobre cuál va a ser su composición definitiva.

La vivienda se ha convertido en una prioridad para todas las formaciones, con un protagonismo creciente, ante la cada vez mayor dificultad de acceso, tanto en régimen de alquiler como de compra. Esto es un arma de doble filo, ya que, por una parte, sitúa el problema en el centro de la agenda política, lo cual es bueno, pero por otra, convierte una necesidad vital en una herramienta electoralista, como tristemente se vio con la Ley del Suelo.

El pasado 23 de mayo, a las ocho de la mañana, apenas una hora antes de que el pleno del Congreso debatiera la proposición de ley que iba a dotar de mayor seguridad jurídica a todas las actividades de gestión y desarrollo de suelo, el Ejecutivo optó por retirarla ante la falta de apoyos parlamentarios.

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La noticia fue un auténtico jarro de agua fría para el sector, que confiaba en que el PP respaldara una norma que, en 2018, diseñaron los populares, pero que quedó sin tramitar por la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Sobre aquel anteproyecto, el Ministerio de Vivienda desarrolló la fallida Ley del Suelo actual, que no ha podido ver la luz por las divisiones políticas, hasta el punto de que el PP está diseñando su propia normativa para llevarla al Senado, mientras PSOE y PNV han registrado una nueva proposición de Ley en el Congreso.