La vivienda muestra los primeros síntomas de agotamiento sin visos de consenso político para encontrar soluciones

El acceso a la vivienda es un problema creciente para la ciudadanía española, hasta el punto de que el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) del pasado junio reveló que se sitúa ya en el segundo puesto de preocupaciones para los españoles.

Razones para avalar estos temores sobran, como demuestra el dato de que, en el 56% de los municipios con más demanda de vivienda, la tasa de esfuerzo está ya por encima del 35% razonable, y en 15 de ellos se supera el 45% considerado crítico, según los últimos datos de Tinsa.

Chiclana, Marbella y Vélez-Málaga, en Andalucía; Barcelona, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet, Montgat, El Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besós y Sant Feliú, en Cataluña; y Alcorcón, Getafe, Leganés, Madrid y San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid, superan el tope máximo de gravedad, con la Ciudad Condal y la capital de España en niveles que podrían calificarse como insostenibles, al alcanzar ambos el 52,9% de tasa de esfuerzo.

Si se amplía el foco a toda la provincia, se comprueba cómo el furor inmobiliario de Málaga está pasando una dura factura a sus ciudadanos, ya que la tasa de esfuerzo medio se ha disparado hasta el 52,1%, número condicionado por el peso de las localidades turísticas, como Marbella, récord nacional con una tasa de esfuerzo del 61,2%.

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También es preocupante el dato de la Comunidad de Madrid, donde la media se sitúa en el 44,9%, cuatro puntos por encima de los números que registra el conjunto de la provincia de Barcelona, cuya tasa media, en cualquier caso, también es muy alarmente, al llegar al 40,2%.

Las dimensiones que está alcanzando la brecha entre el poder de compra de los españoles y los precios de la vivienda parece que están empezando a producir los primeros síntomas de agotamiento, con caídas de precios en la segunda mano de los barrios más humildes de Madrid o con un más generalizado ajuste en los ayuntamientos que rodean Barcelona.

En la capital de España, en el último trimestre, se han registrado caídas del 8,9%, en Villaverde; del 6,9%, en Usera; del 4,1%, en Puente de Vallecas y del 1,8% en Villa de Vallecas, mientras que en otros distritos con bajos niveles de rentas como Carabanchel y San Blas la subida pierde fuelle, con avances del 4,3% y del 1% respectivamente.

En el área metropolitana de la Ciudad Condal, en el último trimestre, ha habido recortes en El Prat de Llobregat (-1,6% intertrimestral), L'Hospitalet de Llobregat (-1,7%), Esplugues de Llobregat (-2,7%), Sant Just Desvern (-1,6%), Sant Joan Despí (-0,9%), Cerdanyola del Vallès (-1,9%), Montcada i Reixac (-2,3%) y Santa Coloma de Gramanet (-1,4%), según el último barómetro de Gloval Analytics.

No es casualidad que estas caídas lleguen solo medio año después de que el Banco Central Europeo completara las subidas de los tipos, un movimiento que arrancó en julio de 2022 y terminó en septiembre de 2023, cuando se situaron en el 4,5%. El modelo de revisión de hipotecas, que suele ser semestral o anual, retrasó hasta el último trimestre del año pasado el momento en el que todos los hipotecados vieron llegar a su letra mensual el efecto completo de la subida.

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Esto, unido al agotamiento del colchón de ahorro que construyeron las familias durante la pandemia, tiene especial impacto en la segunda mano y en las rentas más bajas, precisamente, los mercados donde están notándose ya los ajustes de precios.

Desde hace años, la receta que están ofreciendo los Ejecutivos de todo signo pasa por desarrollar grandes parques de viviendas asequibles en alquiler, unas promesas que, sin embargo, se vislumbran muy difíciles de conseguir en un contexto de creciente fragmentación política y de uso electoralista.

El más claro ejemplo, probablemente, sea lo que ocurrió con la Ley de Suelo el pasado mes de mayo, cuando el Gobierno la retiró apenas una hora antes de su debate en el pleno del Congreso, ante la falta de apoyos parlamentarios.

Muchas promesas y pocos frutos

El fuerte desequilibrio que existe entre el precio de la vivienda y la capacidad de acceso es una de las principales amenazas a las que se enfrenta la economía española, según dijo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace apenas dos semanas, en el acto de suscripción de los convenios entre el Ministerio de Vivienda, el de Economía y el ICO, para financiar la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible.

"Tenemos que evitar que la vivienda se convierta en una suerte de cuello de botella y una restricción a la continuidad del crecimiento económico y la creación de empleo", advirtió el inquilino de la Moncloa. Palabras vacías tras años de grandes titulares y mensajes electoralistas sin cimientos sólidos, con el agravante de una creciente división política que hace muy difícil confiar en la capacidad de nuestros políticos de encontrar soluciones a este grave problema social.

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Según los últimos datos oficiales, el Gobierno ha movilizado menos de la mitad de las cerca de 200.000 viviendas en régimen de alquiler asequible que, bajo un eslogan u otro, lleva seis años prometiendo sin poner un ladrillo, hogares que, además, en su inmensa mayoría todavía tienen por delante varios años para poder entregar las llaves.

En concreto, desde el Ministerio de Vivienda se quiere construir un parque de 123.040 hogares, a los que se sumarán 50.000 pisos proyectados por la Sareb y otros 11.000 del Fondo Social que se constituyó hace ya 11 años, cuando el popular Luis de Guindos, actual vicepresidente del BCE, era ministro de Economía.

Para hacerse una idea del tiempo que todavía falta para que las 123.040 viviendas impulsadas por el Ejecutivo tengan inquilinos, basta recordar que en esta cifra se incluyen 20.000 viviendas de Operación Campamento, cuyos primeros hogares, en el mejor de los escenarios, estarán terminados dentro de tres años, o los 43.000 pisos que se beneficiarán de la línea de préstamos ICO que acaba de aprobarse y que todavía están pendientes de construirse o rehabilitarse.