España colapsa por la falta de inversión en infraestructuras y la elevada deuda pública

Cuando estalló la crisis financiera, España era un país quebrado con infraestructuras de potencia mundial. Su red de aeropuertos llegaba hasta Huesca, Albacete o Burgos; sus kilómetros de alta velocidad solo eran superados por Japón; urbanizaciones fantasma como Valdeluz, en Guadalajara, contaban con su propia estación de AVE y para recorrer los apenas 75 kilómetros que separan Madrid y Toledo se podía elegir entre autopista de pago o gratuita. Era la exuberancia irracional en versión cañí.

Las arcas públicas vivían un espejismo de riqueza alimentado por la generosa recaudación y creación de empleo que trajo el boom inmobiliario. Sin embargo, todo este dinero, tal como vino, se fue. Cuando todo explotó, nuestro país se enfrentó a la mayor crisis desde la posguerra, y las otrora saneadas arcas públicas a punto estuvieron de ser rescatadas por Bruselas. Papá Estado no solo dejó de ingresar, sino que necesitó tirar de chequera para pagar subsidios, pensiones, sueldos públicos e incluso años de facturas impagadas en los despachos de todas las administraciones.

La fiesta se acabó y, con ella, los sueños de grandeza. Las familias vivieron un acelerado proceso de empobrecimiento, el desempleo se disparó hasta rozar el 25% y la deuda pública pasó del 35% a superar el 100% del PIB (Producto Interior Bruto), nivel en el que todavía continúa. En aquella España postburbuja no había dinero y sobraban infraestructuras, la moraleja estaba clara: tocaba aplicar tijera.

El fuerte ajuste presupuestario que acompañó al estallido de la crisis provocó un retroceso sin precedentes en la inversión pública en España, que entre 2007 y 2014 redujo su peso sobre el PIB a casi la mitad, con duras consecuencias directas en la inversión en infraestructuras, que cayó cerca de un 72%. El problema es que, todavía hoy, casi dos décadas después, el peso de la inversión de las administraciones sobre el PIB es prácticamente la mitad que antes de la crisis y la actividad de obra civil sigue un 40% por debajo de los niveles registrados en 2009, según datos recopilados por FAES.

Esta falta de inversión está detrás del caos ferroviario y energético que periódicamente copa los titulares, unas noticias que amenazan con convertirse en cotidianas por el natural deterioro de las infraestructuras con el paso del tiempo y la falta de capacidad de las administraciones para darle la vuelta ellas solas. Para corregir ahora la situación, se necesita elevar el volumen de inversión a unos niveles difíciles de sostener por unas cuentas públicas como las españolas, cuya deuda se sitúa en el 102% del PIB. La alternativa es la colaboración público-privada o la privatización de algunos activos, como ya se barajó en el pasado para las radiales, pero más allá del coste político de este tipo de decisiones, está el problema de la Ley de Desindexación.

Esta norma es otra de las herencias de la burbuja. Su origen se remonta a 2015, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó una ley que libera a las administraciones de tener que actualizar los contratos al IPC y, así, abarata su factura. Durante los años de inflación negativa que siguieron a la crisis financiera, apenas tuvo impacto, pero tras el covid, cuando todos los materiales dispararon su precio y se incrementó el salario mínimo, la situación cambió, hasta el punto de que, solo en 2023, quedaron desiertas 1.939 licitaciones públicas, según datos de la CNC (Confederación Nacional de la Construcción).

A esto se une el abuso de medios propios, nombre con el que se conoce la adjudicación de contratos públicos a dedo a empresas públicas, principalmente Tragsa e Ineco, situación que la CEOE ha denunciado en Europa y que desalienta a los grandes inversores institucionales de participar en procesos. Y ahora son más necesarios que nunca. El problema que hasta ahora se circunscribía a las infraestructuras, fundamentalmente de transporte, ha dejado ver su peor cara en las energéticas, con el clímax del apagón del pasado abril, y torpedea el desarrollo de un gran parque de vivienda en alquiler asequible.

Para poder promover con celeridad las miles de casas que necesita España (más de 400.000, según el Banco de España) se requieren fórmulas de colaboración público-privada, como las que se están aplicando, con las administraciones sacando suelos en concesión y los inversores privados financiando y gestionando los hogares. Pero, si el marco jurídico no aporta seguridad, su participación será limitada. Incluso las entidades del Tercer Sector, sobre las que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer descansar gran parte de la gestión del futuro parque público de vivienda, han pedido eliminar la Ley de Desindexación, porque también las ahoga a ellas.

La vivienda también está siendo víctima de esta falta de inversión en infraestructuras por el lado de la electricidad. En un momento en el que se necesita construir casas lo más rápido posible, los promotores se encuentran con un problema de falta de conexión a la red. La situación está llegando a unos niveles de preocupación que, por ejemplo, en Nuevo Brunete, uno de los mayores desarrollos de obra nueva en el entorno de Madrid, donde están proyectadas 20.000 viviendas, corre serio riesgo de sufrir una falta de potencia que impediría desarrollar todas las viviendas previstas.

Falta luz

España lleva desde 2019 guiándose, aunque no cumpliendo, por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que se actualiza cada dos años. La última revisión prevé un crecimiento del 34% en la demanda eléctrica entre 2023 y 2030, siendo uno de los factores clave el aumento de la electrificación de procesos industriales. Para cumplir con lo propuesto, el PNIEC movilizará una inversión total acumulada de 308.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales el 17%, 52.360 millones de euros, estarán destinados a infraestructura eléctrica o, como se conoce vulgarmente, redes.

Porque este PNIEC ha provocado un desequilibrio. Las redes actuales se han saturado de oferta de electricidad, principalmente de renovables. La potencia instalada de renovables ha aumentado un 60% en ese período, de 55 a 88 gigavatios (GW), y la demanda máxima horaria en España, a diferencia de 2019, ya no supera los 40 GW. Para compensar el desnivel entre oferta y demanda, la clave es que se conecten a la red cuanto antes industria, promotores de planeamientos urbanísticos, almacenamiento o centros de datos.

Como explican desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc, anteriormente UNESA), tenemos consumidores de sobra para compensarlo, lo que no hay es infraestructura eléctrica. Los socios de aelēc, principalmente Iberdrola y Endesa, que son las grandes distribuidoras de electricidad en España, tienen que rechazar solicitudes de conexión porque ni sus redes ni las de Red Eléctrica están preparadas.

De los 130 GW que han pedido conectarse a la red desde 2022, han sido rechazados 90 GW. Eso quiere decir que un 69% de los consumidores que quieren conectarse, la mayoría de ellos industria y promotores, han sido rechazados. Según estimaciones “conservadoras” que hace el sector, teniendo en cuenta que 32 gigavatios corresponden a la industria, sus cifras apuntan a que se están perdiendo oportunidades de inversión en España por esta vía, que rondan los 200.000 millones por no tener la red eléctrica adecuada.

Las previsiones de futuro no invitan a la esperanza en lo que respecta a la inversión pública. Según datos de Eurostat, en 2025/2026 España tendrá la menor ratio de inversión pública de la Unión Europea, con 2.314 euros por kilómetro cuadrado por millón de habitantes, ampliándose así la brecha con Alemania, Italia y Francia, que invertirán un 49,6%, 52,0% y 24,3% más, respectivamente. Seopan, patronal de las grandes constructoras, en su último informe publicado con la ingeniería Sener, identifica unas necesidades de inversión pública para la creación y modernización de infraestructuras en España de 349.268 millones de euros.

Para poner este número en contexto, basta recordar que, en 2012, el stock de capital del conjunto de las administraciones públicas marcó su máximo de 481.465 millones, año a partir del cual la inversión bruta ha ido descendiendo hasta nuestros días, en que el stock acumulado se ha reducido un 2,5%, hasta 469.430 millones. En este mismo tiempo, la población española ha crecido un 4,4%, el PIB un 23%, el tráfico ferroviario de pasajeros se ha disparado un 71,5%, el de mercancías un 9,3%, el tráfico por carretera un 16% y el aeroportuario un 59,3%.

Toda la sobrecapacidad que tenía España cuando estalló la burbuja se ha más que consumido y ahora nuestro país tiene el reto de no morir de éxito.