El testigo clave del caso Bernabéu: los conciertos se dieron conscientes de que se saltaban la ley

El pasado 30 de mayo, declaró uno de los testigos clave del caso de los conciertos del Estadio Santiago Bernabéu. Se trata de Julio Aznar Hercilla, el letrado que tramitó los permisos expedidos por la Comunidad de Madrid para todos estos eventos, celebrados en el templo blanco entre el 26 de abril y el 8 de septiembre de 2024.

Desde que los vecinos acudieron a la justicia, todas las partes implicadas -Real Madrid, promotores musicales, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad- han jugado a minimizar su papel en estos eventos e intentar responsabilizar a los otros actores de las irregularidades o ilegalidades que hubieran podido cometerse.

Por eso, la declaración de Aznar es una de las más relevantes. Como letrado que tramita los permisos, tuvo que tratar con todas las partes y conseguir la documentación necesaria para que las administraciones avalaran la celebración de los conciertos, una luz verde que consta de dos partes principales: los límites de ruido y si el estadio contaba o no con licencia.

Respecto a la primera, aseguró que los promotores musicales, con la ayuda del Real Madrid, intentaron que el Ayuntamiento les concediera un permiso para superar los límites que dicta la ordenanza de ruido, luz verde que no consiguieron. A pesar de ello, tras este revés, y ya con plena consciencia de que se superaban los límites, el Bernabéu celebró 16 actuaciones más.

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Según la declaración de Aznar, tras las dos primeras actuaciones, Locos por la Música y Telefónica 100 Live, "se les pidió a los promotores que realizasen un estudio de afección acústica para presentarlo al Ayuntamiento de Madrid y conforme a lo que establece la ordenanza de la protección contra la contaminación acústica y térmica, solicitar una aplicación atenuada de la propia ordenanza, lo que ocurre es que no se pudo conseguir".

Para poder recibir esta exención, los promotores necesitaban "aportar una carta de interés general, cultural o turístico sobre el evento en sí que justificase ese tratamiento privilegiado". Tanto Duki como Taylor Swift, cuyas actuaciones se celebraron entre el 29 de mayo y el 8 de junio, hicieron un estudio de impacto ambiental, según el testigo, con la idea de acompañarlo de la citada carta de interés general y así poder superar los límites de ruido con la ley en la mano. Pero la jugada no salió.

"Se intentó conseguir ese documento a través del Real Madrid en sus relaciones con el distrito, pero la concejala (del distrito del Bernabéu) manifestó que precisamente por la presión de los vecinos del estadio no estaba en condiciones de reconocer ese carácter especial o de interés general de los conciertos para que se permitiese hacer más ruido", señaló Aznar.

Duki llegó incluso a solicitar formalmente ante el consistorio poder superar los límites de ruido, pero al no aportar la justificación de interés general, el consistorio resolvió no autorizarlo. Esta negativa se comunicó tanto a los promotores como a responsables de Real Madrid Estadio, que a pesar de lo cual alquilaron el campo para celebrar los conciertos, conscientes todas las parte de que se estaba cometiendo una ilegalidad al superar los límites de ruido.

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Según explican las fuentes consultadas por El Confidencial, la ordenanza no obliga al Ayuntamiento a suspender la actividad de los conciertos, le faculta y, en todo caso, le concede la potestad de sancionar. Con este abanico de opciones, el camino que decidió adoptar el consistorio fue el de multar a posteriori, una vez se celebraban los eventos. ¿Cómo se explica que estos conciertos se llevaran a cabo si se sabía que estaban saltándose los límites de ruido?

Aquí vuelve el juego de tirar la piedra y esconder la mano. Desde el Ayuntamiento de Madrid siempre se ha defendido que "la Comunidad es quien otorga la licencia para la celebración de los conciertos". Esto es cierto, pero con matices, porque el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso no tiene que entrar a valorar los aspectos de ruido, eso corresponde al equipo de José Luis Martínez-Almeida.

La Comunidad concede el permiso atendiendo a medidas de seguridad y aforo. Según explican desde el gobierno regional, su resolución requiere de los informes de seguridad y protección civil de Ayuntamiento de Madrid, "estos informes son preceptivos y vinculantes. Si el informe del Ayuntamiento no es favorable, no se autoriza". Aquí entra en juego otro de los puntos críticos de este caso: ¿con qué licencia se celebraron los conciertos?

Sigue el lío de las licencias

Los vecinos denunciaron el pasado otoño que los conciertos se celebraron con una licencia de hace 23 años. El Ayuntamiento negó la mayor y aseguró que se celebró con el amparo de una licencia de funcionamiento del año 2017 y que, una vez finalizadas las obras del nuevo Bernabéu, se otorgó una nueva licencia de funcionamiento con fecha 30 de agosto. Para entonces, ya se habían celebrado casi todos los conciertos.

En el juzgado de instrucción número 53 de Madrid, donde se llevan a cabo las diligencias previas de este caso, aportaron como licencia la fechada el 30 de agosto. El problema es que, por una sencilla cuestión de orden temporal, esta nunca pudo ser la que se remitieran a la Comunidad de Madrid, porque 16 de los 18 conciertos se celebraron antes de esa fecha.

Según han llevado al juzgado, los vecinos solicitaron a la Comunidad la documentación con base en la cual concedió el permiso para celebrar los conciertos, y la licencia que se aportó era del año 2001 y referente a unas obras del tercer anfiteatro. Tres versiones distintas para un aspecto crítico como es la licencia de funcionamiento, ya que esta es el marco de referencia para garantizar la seguridad en un macroevento.