Florentino cede arrinconado por la presión judicial y las exigencias de los artistas

El Real Madrid no ha podido más. Tras meses intentando huir hacia delante, el equipo presidido por Florentino Pérez ha tenido que ceder y ha suspendido todos los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu.

Un paréntesis que, por lo menos, se extenderá hasta las puertas del verano de 2025, lo que ha obligado al club merengue a suspender los espectáculos ya programados: el evento coreano Music Bank ha sido cancelado definitivamente, mientras que los conciertos de Dellafuente, Aitana y Lola Índigo han sido aplazados sin fecha oficial, por el momento.

En el caso de Aitana, aunque la artista ha asegurado en sus redes sociales que las fechas se posponen al 27 y 28 de junio, el club no ha querido llegar tan lejos en sus comunicaciones oficiales. En la práctica, todo está sujeto a que se encuentre una solución técnica.

El Real Madrid ha tomado esta decisión arrinconado por la presión judicial, tras las denuncias presentadas por los vecinos, y las exigencias de los artistas, cuyas necesidades de sonido chocan frontalmente con el cumplimiento de los límites de ruido que marca la ley.

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La gota que ha rebosado el vaso han sido los conciertos del pasado fin de semana de Aventura. El grupo del Rey de la Bachata, Romeo Santos, tuvo que soportar el bochorno de ver que miles de sus fans, en vez de corear las canciones, protestaban a gritos porque no se oía la música.

Los limitadores que se pusieron para evitar superar los límites de ruido fuera del estadio impidieron que dentro pudiera oírse, ahondando así en la herida de comprobar que el estadio, una infraestructura deportiva, no está preparado para organizar macroeventos sin saltarse la ley.

El problema es que la justicia ya ha imputado al director general del club blanco y mano derecha de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez, y al propio Real Madrid Estadio. Un revés que se suma al fallo que anula la concesión de los parkings que está construyendo el club blanco, fallo que ha sido recurrido por el Ayuntamiento, un consistorio que también está en el punto de mira de los vecinos del barrio, que son quienes han arrinconado al Madrid.

El pasado 24 de julio, la magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta, del juzgado de instrucción número 53 de Madrid, admitió a trámite la querella presentada por la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu contra la sociedad del club blanco y contra su administrador único, José Ángel Sánchez.

Los querellantes imputan al Real Madrid Estadio un presunto delito medioambiental del artículo 325 del Código Penal, acusación que basan en que todos los espectáculos y conciertos que se han venido celebrando desde el 26 de abril "han excedido los límites de emisión de ruidos establecidos en la normativa municipal, sin adoptarse ninguna medida en el edificio para evitar las indeseables consecuencias".

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Tras su imputación, Sánchez deberá sentarse ante la jueza dentro de apenas un mes, el próximo octubre, y hasta entonces, todo nuevo concierto que incumpla la ley podrá ser utilizado en su contra, además de convertirse en una amenaza contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el concejal de Urbanismo y Medioambiente, Borja Carabante.

Los vecinos también dirigieron su querella contra ellos, pero la jueza los dejó fuera por entender que la decisión de limitar las sanciones al pago de multas de 20.000 euros no puede considerarse un delito de prevaricación, decisión que los vecinos dijeron que iban a recurrir. Una espada de Damocles que mete más presión en la coctelera.

En estas aguas revueltas, el ruido de sables de la justicia casa mal con las notas de buena fama que siempre tratan de salvaguardar los artistas, que no quieren ver salpicada su reputación por los decibelios de una crisis que podría terminar salpicando a su fama por partida doble: al aceptar actuar sabiendo que incumplen la normativa de ruido y porque la calidad del sonido dista mucho de ser lo que se espera.

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Con su decisión de ayer, el propio Real Madrid ha cercenado a la mitad el plazo de seis meses que pidió para resolver los problemas cuando, el pasado junio, el histórico Emilio Butragueño, un símbolo del madridismo que dirige las Relaciones Institucionales del club, se sentó con los vecinos para intentar negociar un acuerdo y pedir la bula de seguir saltándose los límites de ruido hasta final de año.

El Madrid contrató a la empresa inglesa Vanguardia para poner un toldo absorbente en la cubierta, mamparas en los laterales, cambiar el sentido de los conciertos e instalar dobles puertas de seguridad. Pero nada de eso está funcionando y el Madrid ha cedido ante la evidencia.