La crisis de la vivienda rompe los diques ideológicos y fuerza nuevos equilibrios políticos

El Gobierno de coalición volvió a escenificar ayer sus dos almas. Lo hizo, una vez más, a cuenta de la crisis de vivienda y de las medidas que necesita el país para frenar el alza de precios, una escalada que solo en los últimos cinco años ha disparado un 35%-40% de media los alquileres. Para intentar contenerlo sin invadir competencias autonómicas ni enfrentarse a reveses judiciales, el presidente Pedro Sánchez anunció que bonificará al 100% a los propietarios que aceptan prorrogar los contratos sin subir la renta.

Apenas una hora después, su socio en el Ejecutivo, Sumar, salió en tromba a mostrar su oposición a lo que considera un premio para los caseros. "No va a contar con nuestro apoyo", señaló el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; "regalar dinero público a los rentistas es un grave error", añadió la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también entró en el debate, al prometer la construcción de un millón de viviendas cuando llegue al Palacio de la Moncloa.

Tras todo este ruido, la realidad es que Sánchez deberá empezar ahora a negociar con todos sus socios para intentar conseguir sacar adelante el real decreto que ha prometido presentar de manera inmediata. Una norma que llega en un momento en el que la crisis de la vivienda está rompiendo todos los diques ideológicos y haciendo que formaciones ubicadas en extremos opuestos respalden medidas similares.

Para muestra, el botón del presidente estadounidense, Donald Trump, un hombre de negocios, pura raza de Wall Street, que, sin embargo, anunció la semana pasada que va a prohibir a los fondos invertir en viviendas unifamiliares. "La gente vive en casas, no las corporaciones", dijo el líder republicano. Esta medida es similar a una de las propuestas estrella del borrador de real decreto que presentó Sumar hace tres meses: prohibir la compra especulativa de vivienda.

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En aquel documento, los morados ya plantearon la prórroga obligatoria de todos los alquileres, de manera que las rentas solo puedan actualizarse conforme al IRAV, indicador que ha sustituido al IPC. Esta medida enlaza con la Ley de Arrendamiento Urbanos de 1964, normativa franquista que permitió equilibrar la protección del inquilino, al mantener la prórroga forzosa, e introdujo las actualizaciones de renta. Este marco estuvo vigente durante dos décadas, hasta que un ministro socialista, Miguel Boyer, abrió la puerta a la caducidad de los contratos y, con ella, a las subidas de precios.

Estos ejemplos ponen de manifiesto cómo la complejidad del problema de la vivienda está dejando vacías de sentido las guerras ideológicas y está haciendo que formaciones absolutamente opuestas en un hemiciclo —recordemos que Trump es el aliado natural de Vox en nuestro país— defiendan medidas similares en diferentes geografías o momentos históricos.

Del mismo modo, la propuesta fiscal que anunció ayer Sánchez toca la misma música que el PP, formación que ya presentó una batería de deducciones para intentar contener los precios, como la bonificación del 100% en el IRPF a propietarios de casas que hayan estado vacías al menos dos años y que se saquen al mercado, siempre que el contrato sea de larga duración y el inquilino sea menor de 35 años.

El periodo de negociación que va a abrir ahora el Gobierno para intentar aprobar el real decreto que anunció ayer, por tanto, no solo va a poner a prueba las costuras del Ejecutivo, sino que también obligará a retratarse al resto de formaciones en una materia tan sensible y en un momento tan crítico como el actual, lo que podría dar lugar a nuevos equilibrios políticos.

¿Con qué argumentos se podrá oponer el PP a la bonificación que propone Sánchez? ¿Qué posición tomará Vox si el PSOE coge el guante de Sumar e incluye medidas que veten la inversión en vivienda, como defiende Trump? ¿Cómo justificaría Sumar tumbar un real decreto que también va a regular el alquiler de temporada y el de habitaciones?

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Desde Moncloa se insiste en que van a intentar sacar adelante su propuesta con el respaldo de los socios habituales, lo que pone el foco en ERC y Junts. A la espera de conocer la letra del real decreto, ninguna de estas formaciones tiene mucho que ganar o perder en su territorio, Cataluña, con la bonificación a los caseros, ya que el grueso de esta comunidad se ha declarado la zona tensionada y tiene otras palancas para bajar los alquileres, como el tope de rentas o la desgravación del 90% para quien baje un 5% el precio.

Desde esta perspectiva, el anuncio de ayer de Sánchez puede llegar a interpretarse como un dardo envenenado al PP, ya que las comunidades llamadas a resultar más beneficiadas son las gobernadas por los populares, por ser las únicas donde no se aplica la Ley de Vivienda. Resulta fácil imaginar al presidente del Gobierno echando en cara a la oposición que impida a madrileños y andaluces acogerse a una bonificación fiscal que beneficia a todos, inquilinos y caseros, por intereses políticos.

Tampoco sería una sorpresa ni la primera vez que la lógica política se impusiera a la económica, ya se vio con la Ley del Suelo. El problema, y la brújula que podría estar guiando muchos cálculos, es que la dimensión de la crisis pueda estar llegando a unos niveles en los que la falta de soluciones empuje a gran parte de la ciudadanía, cansada de la falta de consenso, a abrazar posiciones más extremas o populistas. De hecho, el plan Sánchez para seguir vivo de cara a las próximas elecciones pasa por alimentar el crecimiento de Vox, y la vivienda puede ser un nuevo frente.