El gasto público en vivienda desciende en plena crisis habitacional

España se enfrenta a un problema creciente entre oferta y demanda de vivienda. La paralización de la edificación tras el estallido de la burbuja financiera, la ganancia de población de los últimos años y su concentración en los entornos urbanos son el cóctel perfecto para que los precios tanto de la vivienda en alquiler como en propiedad sigan subiendo, convirtiéndose ya en uno de los principales problemas de los españoles.

Ante este escenario, las distintas administraciones públicas anuncian promociones públicas y planes de choque, pero los diversos datos no reflejan un gran auge inversor ni constructor impulsado por el sector público. De hecho, la última cifra difundida por el Ministerio de Hacienda sobre el gasto público por funciones refleja un descenso en vivienda del 2,7% en 2024 en comparación con el año anterior. Esto supone 208 millones de euros menos y se debe casi por completo a las entidades locales, mientras que la caída es muy leve en las comunidades autónomas y existe incluso un repunte en la administración central.

El dato es provisional y no se consolidará hasta 2026, pero es la única división, de las diez que mide la estadística, que desciende en el último año. Se trata de un comportamiento anómalo en un contexto de aumento del gasto público anual de un 6,6%. La función de vivienda nunca ha estado entre los principales destinos del dinero público: llegó a suponer el 1,3% del PIB en el año 2009, máximo de la serie, y se hundió tras la crisis inmobiliaria hasta marcar su mínimo en 2019, el 0,41%. En 2024 alcanzó el 0,48% del PIB y es la función más pequeña (en otras épocas defensa y protección del medio ambiente estuvieron por debajo).

Según Félix Lores, economista de BBVA Research especializado en el sector inmobiliario, la caída en este tipo de gasto público "es algo preocupante" porque "lo deseable, dada la necesidad de vivienda existente, sería destinar lo máximo posible a paliar el problema mediante la construcción de viviendas asequibles, las de mayor necesidad". Coincide Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol: "Lo preocupante es que ese gasto no suba. Fuera del one off de los fondos europeos, el gasto público no solo en vivienda, sino en general en infraestructura, lleva años atascado o incluso en caída relativa y eso lo estamos notando en la falta de vivienda asequible".

El descenso en el gasto se atribuye por completo a la reducción de 205 millones en urbanismo (-6,9%) y de 25 millones en desarrollo comunitario (-3,9%), ya que el resto de partidas compensan parcialmente: abastecimiento de agua, alumbrado público y otras partidas menores. Las dos primeras mencionadas son, respectivamente, la relacionada con la promoción, compra y rehabilitación de vivienda por parte de las administraciones públicas y la vinculada a la normativa de transformación y gestión del suelo, donde hay un gran cuello de botella dada la escasez de suelo finalista.

En el apartado de vivienda no se cuentan como gasto las deducciones fiscales ni los bonos al alquiler, que aparecen en el apartado de prestaciones sociales. Además, es posible que las inversiones realizadas por algunas empresas públicas no aparezcan debido a su clasificación, pero si hubiera un verdadero auge de la construcción pública, se reflejaría en la estadística.

"La reducción del gasto de ambas partidas parece ir en contra de la necesidad de vivienda, ya sea a través de rehabilitación para sacarla al alquiler, ya sea a través de la promoción de vivienda nueva. Todo ello en un contexto en el que el coste de la urbanización en los últimos años ha aumentado considerablemente dadas las mayores exigencias medioambientales y los costes de materiales. La reducción de este gasto no es buena si ello supone un retraso en los procesos", opina al respecto Lores.

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Los últimos datos del ministerio sobre viviendas protegidas calificadas de manera definitiva apuntan a un repunte en 2024, hasta las 14.371, pero siguen siendo cifras inferiores a las de hace diez años. Existe mayor dinamismo en las viviendas protegidas iniciadas, con 23.967 en 2024, pero estas, como las del mercado libre, suelen tardar algo más de dos años en finalizarse.

En cualquier caso, España todavía está lejos de tener un parque protegido de vivienda que se acerque a la media europea (el 3,4%, frente a más del 9%) y del gasto público en vivienda que hacen los países de la UE. En 2023, último año disponible en Eurostat, destacó Italia con un desembolso del 4,3% de su PIB y la media de la UE fue del 1,2%.

¿Limitaciones fiscales en los ayuntamientos?

Realmente, las administraciones encargadas de ejecutar los fondos destinados a vivienda son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que en 2024 gastaron 3.101 millones y 4.317 millones, respectivamente, frente a los 195 millones de la administración central. En las entidades locales, el desplome de la inversión en 2024 es de 217 millones, principalmente por urbanismo (-159) y desarrollo comunitario (-43). En las comunidades autónomas el gasto solo cayó un 0,5%.

Por tanto, el problema se concentra en el ámbito local y, a falta de conocer con detalle cada caso, un factor que podría estar influyendo en términos generales es el cumplimiento de la regla de gasto y de las reglas fiscales desde su reactivación en 2024. Según aclaró en este documento el Ministerio de Hacienda, las entidades locales debían cumplir con el límite de incremento de gasto neto en 2024 y registrar superávit presupuestario. Además, este no se podía dedicar a las llamadas Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), que incluyen inversión en vivienda, situación que se ha mantenido en 2025.

Casualmente, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado una excepción en el real decreto-ley de subida de sueldo a los funcionarios para que las administraciones locales puedan usar el superávit para IFS sin comprometer el cumplimiento de la regla de gasto.