El juez del caso de la Torre Cepsa libra a la rama española del banquillo de los acusados

La investigación judicial por la compraventa de Torre Cepsa encara su recta final. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama dictó ayer un auto en el que ordena la busca y captura del jeque Al Qubaisi, expresidente de la antigua Cepsa (hoy Moeve), por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra Hacienda derivados de la plusvalía de 100 millones que obtuvo por la venta de la torre a Pontegadea, el brazo inversor de Amancio Ortega.

El juez tomó esta decisión tras la nula colaboración de las autoridades de Emiratos Árabes y la imposibilidad de tomar declaración al expresidente de la compañía energética. Al Qubaisi es la única persona, de la lista de 29 investigados y testigos a los que Calama dictó tomar declaración, que no ha podido ser interrogado, lo que llevó al magistrado a ordenar su busca y captura. De este modo, puede enfilar el fin de la fase de instrucción y abrir la puerta a ir a juicio.

En la resolución de ayer, el juez también acuerda archivar la causa contra Ramón Merino, Rafael García Tapia y Felipe Oriol al considerar que no hay indicios de que supieran que, con el operativo montado por el jeque, colaboraban en el blanqueo de capitales. Estos tres empresarios fueron los únicos citados como investigados, además del jeque y de su presunto testaferro, Naser Mohammed Almud Alzaabi.

“Al Qubaisi creó y utilizó instrumentalmente sociedades ad hoc para el blanqueo de capitales obtenidos a través de negocios jurídicos delictivos cometidos fuera de nuestro país, y eludió las obligaciones fiscales derivadas de la obtención de ganancias obtenidas dentro de nuestras fronteras con estos fondos ilícitos”, concluye Calama. “De esta manera, Al Qubaisi, mediante la utilización de una ingeniería jurídico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados ámbitos de nuestra economía, ha contribuido a oscurecer las relaciones negociales auténticas entre las diversas personas jurídicas y físicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal”.

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Ruth Ugalde

El origen del presunto fraude se remonta a 2013, año en el que Al Qubaisi alquiló la torre a su por entonces dueño, Bankia, y en el contrato incluyó una opción de compra por 400 millones que ejecutó en 2016 a través de la sociedad Muscari. Inmediatamente después de aquirir el rascacielos, el jeque lo revendió a Pontegadea por 490 millones, tal y como adelantó entonces este medio, y se anotó una plusvalía cercana a los 100 millones.

Cuando llegó el momento de ejecutar esta compraventa, esta se encontró con un serio problema para cualquier departamento de cumplimiento: el magnate árabe hacía semanas que había aparecido en prensa vinculado al escándalo del desfalco del fondo soberano malayo 1Malaysia Development Berhad (1MDB). La jugada del jeque se tambaleó seriamente, ya que la opción de compra tenía fecha de caducidad y, si no compraba en ese momento, la perdía y Bankia era la que podría haberse beneficiado de la venta a Pontegadea.

La entidad, cuando todavía era Caja Madrid, adquirió el rascacielos a Repsol por 815 millones, con lo que el acuerdo con Al Qubaisi le generó unas millonarias minusvalías, agujero que fue a la cuenta de todos los españoles, ya que Bankia protagonizó el mayor rescate de la crisis financiera al requerir una inyección de 22.000 millones. Si el jeque no hubiera conseguido ejecutar la opción, el Estado habría podido recuperar al menos 100 millones que se llevó Al Qubaisi.

Los fondos introducidos en España desde la cuenta luxemburguesa tienen “origen en previos delitos de estafa y/o apropiación indebida”

El expresidente de Cepsa pudo completar su jugada gracias a la estructura paralela que se creó. Los fondos canalizados a España para la operación tuvieron su origen en la mercantil Vasco Investment Services SA, “que formaba parte del entramado societario al servicio de Al Qubaisi para el desvío de fondos de 1MDB”, explica Calama. “Así, el origen de los fondos aplicados en España se encuentra en la cuenta abierta por esta mercantil en la entidad bancaria Edmond de Rothschild de Luxemburgo”.

Según señala Calama en el auto, los fondos introducidos en España desde la cuenta luxemburguesa tienen “origen en previos delitos de estafa y/o apropiación indebida”. El juez tomó declaración hace menos de un mes al responsable de Ingeniería Financiera de Edmond de Rothschild, que declaró que el banco le dotó "de una estructura societaria que posibilitara el blanqueo en España", según reza la resolución.

Esos 100 millones de plusvalías fueron ingresados en la sociedad Muscari Property BV. De ahí el dinero se dividió a diferentes cuentas en el extranjero, entre otros lugares Emiratos Árabes y Curaçao. Esta sociedad estaba representada en España por Rafael García y Ramón Merino. También recibió una parte la sociedad Royal Arrow, en la que figuraba como representante Felipe de Oriol.