Un informe de Abogacía del Estado avala la estrategia de los reversionistas en Operación Chamartín

El informe fantasma de Abogacía del Estado ha terminado apareciendo. Como publicó este diario, el pasado diciembre, justo cuando Adif y Renfe estaban firmando la venta de los terrenos de Operación Chamartín, los servicios jurídicos estatales negaron la existencia de un dictamen al que estas dos empresas ferroviarias se habían acogido, en 2018, para eliminar los derechos de reversión.

Estos derechos son una vieja reclamación de los propietarios originales de los terrenos donde se levanta la estación de Chamartín, a quienes el Gobierno expropió para hacer la infraestructura. Al cambiar el uso y vender los terrenos para hacer viviendas, oficinas y comercios, estos antiguos terratenientes defienden su derecho a recuperar la propiedad o ser indemnizados.

Una máxima que Adif y Renfe eliminaron del contrato con CREA, promotora controlada por BBVA que acaba de adquirir los terrenos, con el argumento de que Abogacía del Estado defendió en el ya famoso dictamen fantasma que no iban a generarse derechos de reversión.

El pasado noviembre, cuando Trinitario Casanova, empresario que se ha aliado con los reversionistas, pidió a través del portal de transparencia conocer el dictamen, los servicios jurídicos estatales negaron su existencia. Entonces, el dueño de Baraka recurrió a los tribunales para aclarar cómo era eso posible, estrategia que ha terminado dando frutos.

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A principios de marzo, el Ministerio de Transportes (de quien dependen Adif y Renfe), aportó finalmente el escrito en su respuesta a la demanda presentada por Baraka. Un mes antes, el 31 de enero, Abogacía del Estado había tenido que reconocer ante el juez que sí existía el dictamen y que su negativa anterior había sido un error.

En concreto, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, los servicios jurídicos alegaron que "a pesar de la búsqueda exhaustiva que se realizó y de no obrar el informe en ninguno de los registros informáticos de la Abogacía General del Estado, con los datos identificativos que aportaba el solicitante, se ha continuado la búsqueda, lo que ha permitido encontrar el documento en otros archivos físicos".

Este dictamen avala la estrategia que están siguiendo los reversionistas, ya que, aunque su visión es que el derecho de reversión ya no debería aplicar, también defiende que debe reconocerse tanto la disputa que existe, como las consecuencias que tendría si los propietarios originales de los terrenos consiguen finalmente ganar.

En concreto, señala que "las modificaciones contractuales que se introduzcan sobre esta materia deberían prever la necesaria constancia escrituraria y registral de la situación litigiosa de los bienes objeto de un procedimiento o proceso de reversión cuando se proceda a transmitirlos por Renfe (ahora también Adif) a DUCH (ahora CREA)".

Además, subraya que "no se deberían excluir del contrato las previsiones sobre las consecuencias que tendría la eventual ejecución "in natura" del derecho de reversión que (en hipótesis, no por remota imposible) pudiera reconocerse sobre alguna de las parcelas objeto del contrato, sin perjuicio de que puedan incluirse previsiones sobre responsabilidades indemnizatorias si la reversión in natura no fuera posible".

Precisamente, Casanova y la asociación No Abuso lograron en abril del año pasado que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) acordara la medida cautelar pedida por Baraka, consistente en la anotación preventiva, en todas las fincas que reclama el empresario, del recurso contencioso-administrativo que sigue pendiente de resolverse en esa instancia.

Posturas opuestas

Ni Adif ni Crea han querido hacer declaraciones a la pregunta planteada por este medio de por qué, en la modificación del contrato de 2018, no se hizo referencia a estas dos conclusiones de Abogacía del Estado. No obstante, sí han señalado que su decisión de eliminar el derecho de reversión respondió también a la existencia de numerosas sentencias del TSJM, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, inadmitido o desestimado las pretensiones de los antiguos propietarios.

Adif y CREA han basado siempre su argumento de que no ha lugar a reclamar los derechos de reversión porque, en 1999, la ley se modificó y redujo a diez años el plazo de afección al dominio público. Esto significa que si la Administración expropia un terreno para un determinado uso, y lo explota como tal en ese plazo, ningún antiguo propietario puede reclamar nada pasado ese tiempo. En Chamartín, durante seis décadas se ha dedicado la tierra a uso ferroviario.

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Sin embargo, unos días antes de que entrara en vigor esta norma, unos reversionistas, agrupados en la Asociación No Abuso, presentaron la solicitud del ejercicio del derecho de reversión, anticipación que les ha dado alas para seguir peleando en los tribunales desde entonces. A ellos se unió Trinitario Casanova en 2018, justo antes de la última modificación del contrato con CREA, con una reclamación que inicialmente cifró en 713 millones.

Sin embargo, esta cifra ha ido creciendo hasta los mil millones de euros en que Casanova ha cifrado, en unas cartas remitidas a los supervisores de la bolsa estadounidense (SEC) y española (CNMV) la potencial compensación que deberá pagarse a No Abuso y Baraka si alguna vez consiguen que los tribunales les den la razón. "Hipótesis, no por remota, imposible", según el dictamen de Abogacía del Estado.