La Diada más melancólica y Salvador Illa como el nuevo Pujol

El once de septiembre es la fiesta oficial de Cataluña. No apareció así en el primer Estatuto de Autonomía, el de 1932, ni en el de 1979. Aunque la fecha se viene conmemorando desde tiempo inmemorial, su declaración como "fiesta nacional" de Cataluña fue el objeto de la primera ley del Parlamento autonómico elegido en marzo de 1980, con la Constitución y el Estatuto de Sau ya en vigor, y apareció en el BOE con la firma de Jordi Pujol, recién elegido presidente de la Generalitat. Se trata, pues, de un producto más de la Transición (sospecho que se esperó deliberadamente a ese momento porque, de haberse hecho antes, el firmante habría sido Josep Tarradellas).

Obsérvese que nadie objetó entonces ni después que la fecha se declarara "fiesta nacional"; una muestra más del carácter escurridizo y polisémico de esa expresión, que hoy es objeto de debates tan absurdos como furibundos. Al parecer de unos, Cataluña no es una nación, pero puede celebrar una fiesta nacional. Y al parecer de otros, el hecho de ser nación conduce automáticamente a convertirse en Estado. El caso es que lo que empezó siendo fiesta nacional (se supone que de todos los catalanes) degeneró progresivamente a revuelta nacionalista: es decir, la rebelión tumultuaria de media Cataluña para enterrar en las catacumbas a la otra media y, de paso, llevarse por delante la Constitución española.

El secuestro de los símbolos comunes por parte de una facción política es típico de los nacionalismos excluyentes (perdón por la redundancia). El PNV tuvo el cuajo de convertir su marcha partidaria en himno oficial de Euskadi, por no evocar la apropiación totalitaria del franquismo del himno y la bandera, que está en el origen de la aún incómoda relación de la izquierda con esos emblemas de la nación.

Lo ocurrido en la segunda década de este siglo liquidó la Diada como elemento de identificación común y convivencia de los catalanes y arruinó por mucho tiempo cualquier posibilidad de que el resto de los españoles contemplen la fecha sin recelo. El tono crecientemente melancólico que ha ido adquiriendo la festividad en los últimos años es reflejo del fracaso de quienes hicieron de ella un instrumento de segregación entre catalanes y de hostilidad frente a España. Hoy la Diada no solo evoca la derrota carlista de 1714, sino también el descalabro de la sublevación secesionista de 2017. Se comprueba una vez más que los nacionalismos de cualquier especie corrompen todo lo que tocan.

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Pese a todo, la delegada del Gobierno sanchista en el Congreso de los Diputados, de apellido Armengol, ha sido instruida por sus jefes para obligar a los diputados de toda España a hacer suya una fiesta autonómica, suspendiendo una sesión plenaria por el mero hecho de coincidir con el 11 de septiembre; una excentricidad que ninguno de sus doce antecesores tuvo jamás la ocurrencia de hacer y ningún diputado o gobernante catalán, nacionalista o no, de proponer.

De hecho, chocaría conceptualmente con la lógica de los nacionalistas que la institución más prominente de la democracia española se preste a compartir una festividad que ellos consideran de su exclusiva propiedad. Pero el sanchismo ya no sabe qué hacer para bailar el agua a los separatistas; y si de paso se ahorra un día en el Parlamento, menos da una piedra.

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En puridad, la cabriola de Armengol daría paso a que Andalucía exija que el Parlamento español cancele su actividad el 28 de febrero, Madrid el 2 de mayo, Galicia el 25 de julio y así sucesivamente, puesto que las 17 comunidades autónomas tienen sus respectivas fiestas oficiales. Espero que no ocurra por preservar algo de la poca cordura institucional que nos queda, pero no sería mal escarmiento para la tontería de Armengol, siempre servil al mando.

Se dice que esto de la Diada fue una de las prendas que Salvador Illa, de parte de Sánchez, ofreció a Puigdemont en su vergonzante reunión de Bruselas, a cambio de unas gotas más de oxígeno. Tan vergonzante fue el encuentro que aún no está claro quién recibió a quién y al presidente de la Generalitat no le parece conveniente explicar a los ciudadanos catalanes ni a su Parlamento de qué se trató en la larga conversación.

Es probable que no haya nada serio que explicar en relación con los intereses de los catalanes. Para preparar su próxima visita de pleitesía al fugitivo, Sánchez va enviando sucesivos emisarios, elevando paulatinamente el nivel. Primero se retrató allí Santos Cerdán, hoy alojado en el hotel público de Soto del Real: de malhechor a malhechor. Después envió a Yolanda Díaz, que acaba de descubrir ayer mismo que el partido de Puigdemont es reaccionario y xenófobo, pese a lo cual le parece excelente seguir disfrutando de sus votos para mantenerse como vicepresidenta. El tercero en aparecer (en realidad, el primero) fue nada menos que un expresidente español, el intermediario de verdad desde el primer instante (al diplomático salvadoreño ya la han pagado y agradecido sus servicios como pantalla). Y el más reciente ha sido Salvador Illa, no se sabe si en condición de presidente de la Generalitat, de secretario general del PSC o de simple heraldo del zar de la Moncloa. El efecto formal de esa visita ha sido el reconocimiento de Puigdemont como president legítimo en el exilio, justamente lo que el PSC lleva ocho años negando.

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Más pronto que tarde, Sánchez se subirá al Falcon camino de Bruselas con cualquier pretexto relativo a la Unión Europea, y se hará la foto que le exigen. Por cierto, debería tener más cuidado que Illa en la elección del local; porque, si la delegación de la Generalitat en Bruselas es territorio español, Puigdemont debería haber sido arrestado nada más entrar en ella.

Illa es actualmente el personaje más interesante de la política española, lo que no es mucho decir. Por un lado, su imagen se beneficia del hecho de que, en plena degradación de la esfera pública, cualquiera que hable bajito, no grite ni insulte, pasa fácilmente por un estadista, fascinando incluso a la gente más perspicaz.

En realidad, Illa fue un mediocre secretario de organización del PSC de Iceta durante el procés y un pésimo ministro de Sanidad en la pandemia. Pero el olfato de Sánchez para las cosas del poder y la burricie de los partidos secesionistas colocaron al PSC en condiciones de ocupar el centro de una escena política -la catalana- que entre todos habían convertido en un campo de cenizas y encaramarse al trono del Palau Sant Jaume.

Desde ahí descubrió dos grandes oportunidades:

Primera, el PSOE de Sánchez depende desesperadamente de los votos del PSC en las elecciones generales. No para ganar, sino para asegurar al menos una derrota digna. Nunca antes fue tan extenso el poder del PSC en Madrid; y no es difícil imaginar que, tras las próximas elecciones autonómicas, Cataluña sea la única comunidad gobernada por los socialistas. Illa es actualmente el único dirigente socialista capaz de condicionar políticamente a Sánchez, y ambos lo saben.

Segunda, Cataluña necesita desesperadamente un segundo Pujol; y el proyecto a medio plazo de Illa consiste precisamente en ocupar ese papel, con el PSC como reproducción de lo que fue en su día Convergència. Para ello, necesita enviar al olvido la famosa doble alma del PSC y asentarlo firmemente como el componente menos agresivo -pero más insidioso- de la familia nacionalista: lo que intentó Pasqual Maragall, pero ejecutado con más sesera. De ahí el entusiasmo con que ha abrazado la causa del cupo catalán y va recibiendo las estructuras de Estado que ERC y Junts le arrancan a Sánchez.

Por supuesto, el poder del PSC respecto al PSOE y su conversión al nacionalismo extractivo que encarnó Pujol servirá para asentar su hegemonía política en Cataluña; y, a la vez, para conducir al precipicio al PSOE en el resto de España. Por si algo les faltaba, los Óscar López, María Jesús Montero, Diana Morant, Víctor Ángel Torres, Pilar Alegría y demás cabecillas regionales del PSOE serán sacrificados por el ascenso a los altares de Salvador Illa, salvador de sí mismo.