La regularización masiva: una discrepancia democrática

Seguro que a usted le ha pasado: esa incómoda sensación de que alguien esquiva una discusión importante llevándola al terreno de los sentimientos. Sepa que últimamente ocurre mucho en política. Es un viejo recurso de los populistas.

En su carta, desde China con amor, nos ha dicho Pedro Sánchez a los españoles que su regularización masiva es poco menos que un deber moral, y lo dice con la desfachatez de quien lleva años convirtiendo las vías legales en un laberinto y empujando a cientos de miles de personas hacia la única opción que les dejan, la irregular, como si el médico que inocula la enfermedad mereciera gratitud por recetar el antídoto.

Como miembro del principal partido de España, el Partido Popular, mi discrepancia con esa afirmación no es sólo sentimental o ideológica, sino democrática. Tengo la firme convicción de que las democracias no se debilitan cuando renuncian a exhibir superioridad moral, sino cuando sus políticas dejan de ser justas. Y la justicia se quiebra cuando un Estado decide favorecer a quienes quebrantan la ley frente a quienes la respetan.

Esa decisión, tomada de manera masiva, sin apenas control ni condiciones y con la única garantía de que jamás serán expulsados, no es una afirmación ética. Es una decisión política de enorme alcance que rompe la igualdad ante la ley, traslada una presión insostenible a los servicios públicos, dificulta la convivencia en nuestras comunidades y vacía de sentido las vías legales de entrada.

Hay una trampa en el argumento moral de Sánchez que merece ser desmontada. Regularizar no es proteger, es reconocer el fracaso de un Estado. Las personas empujadas a la irregularidad no han vivido con la dignidad que se les debe, sino a merced de quien decide mirar hacia otro lado. La dignidad no viene de la benevolencia de ningún gobierno. Viene de derechos inherentes a cada persona. Y eso es precisamente lo que este Gobierno ha negado durante ocho años. Porque un Estado que condena a las personas a vivir en la sombra no les ofrece humanidad. Les roba la libertad.

Para entender la magnitud de ese fracaso hay que mirar el cuadro completo. Desde que gobierna Pedro Sánchez han llegado a España más de tres millones de personas y la inmigración irregular se ha incrementado un 685%. Todo esto en un país en el que el peso de la población extranjera respecto a la española ha pasado del 2% al 20% en apenas dos décadas. Es un cambio demográfico profundo, no una emergencia puntual, y es imposible abordar sus consecuencias sin decir la verdad.

Y la verdad, aunque incómoda para muchos, es que el grueso de la irregularidad no empieza en ninguna frontera, sino en un visado de turista que caduca y en un Gobierno que ha elegido deliberadamente ignorarlo. Sólo ellos saben el porqué. O quizá lo sabemos todos. Es el mismo Gobierno que hoy regulariza por decreto lo que antes dejó crecer sin control, y que se presenta ante el mundo como el salvador de quienes no tuvo ninguna voluntad de normalizar y proteger cuando pudo.

Ese es el país real. El que no sale en los comunicados desde Pekín. Y ese país merece un debate honesto sobre la inmigración. Sobre ritmos, límites y consecuencias reales. No una regularización masiva presentada como inevitable al amparo de un crecimiento económico que no está llegando a la vida de la gente. Porque si los grandes números macroeconómicos no se traducen en acceso a la vivienda, seguridad en las calles o servicios públicos que funcionen, dejan de ser un argumento y se convierten en una excusa. Y cuando los problemas reales no encuentran respuesta en la ley, otros vienen a levantar banderas radicales e identitarias que complican, aún más, la situación.

Yo creo que España necesita inmigración, claro que sí; ordenada y legal. Pero lo que necesita, antes que nada, es que la ley se aplique igual para todos. No puede ser que la única vía que funciona en España sea la irregular. Eso no protege a nadie, ni a los que vienen ni a los que están. Por eso el camino que defiende Alberto Núñez Feijóo es el de la sensatez: control efectivo de fronteras, lucha real contra las mafias, inmigración legal vinculada al empleo, derechos ligados a deberes y una política de retornos creíble. No porque seamos menos generosos, sino porque somos serios.

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Seguro que a usted también le ha pasado: alguien le ha dicho que un problema complejo tiene una solución sencilla, que en inmigración basta con elegir entre buenos y malos. Sepa que su incomodidad no es cinismo; es criterio. Y desconfiar de los falsos discursos moralizantes, sobre todo cuando los pronuncia quien más ha contribuido a agravar el problema, es una forma racional ¡y moral! de responsabilidad democrática.

*Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular.