Más mercados, más protección: nuevo seguro de ingresos y rentas

El campo español se enfrenta hoy a un desafío que no admite simplificaciones: necesita abrir nuevos mercados a clientes cada vez más alejados y exigentes, y no podrá hacerlo sin ser competitivo y disponer de las herramientas de seguridad adecuadas. Ya que abrirse al mundo, en el escenario actual, sin protección no es un avance, es una imprudencia.

Una población europea cada vez más envejecida, con nuevos hábitos de consumo y nuevas exigencias en la producción alimentaria, obligan a mirar más allá de las fronteras del viejo continente para garantizar la comercialización de nuestros productos. Los recientes acuerdos comerciales —con Mercosur, India, Australia o el propio entorno mediterráneo— responden a esta realidad.

Los conflictos bélicos, los cambios geopolíticos o las subidas inesperadas y caprichosas de aranceles, son la muestra más evidente de que la globalización exige nuevos instrumentos de protección.

Sin duda, la apertura comercial de Europa es necesaria, pero supone hoy un doble reto para el campo español. Por un lado, la oportunidad de exportar más y ganar más; por otro, una presión creciente sobre nuestros productores, que deben competir con países que operan con costes más bajos, estándares diferentes y, en ocasiones, controles menos exigentes.

Opinión

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El caso de Marruecos es especialmente ilustrativo. La falta de garantías efectivas en el cumplimiento de condiciones de producción y control han generado un desequilibrio competencial con muchos agricultores españoles. No se trata de un debate ideológico, sino de una cuestión de cumplimiento de la legalidad, de equilibrio comercial y de seguridad alimentaria. No se pueden exigir máximas garantías a nuestros productores mientras se permite la entrada ilegal de productos que no cumplen esas mismas condiciones.

Este es el contexto real de incertidumbre en el que se mueve hoy el sector primario. Hoy, un agricultor puede hacer bien su trabajo, obtener una buena cosecha y, aun así, no tener la rentabilidad esperada, bien porque hay nuevos riesgos, como plagas y enfermedades, bien porque el problema ya no es solo producir, sino vender en condiciones justas.

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Por eso, si Europa y España quieren seguir avanzando en la apertura comercial, deben actuar de forma urgente y hacerlo con reglas claras y mecanismos de defensa eficaces.

En Europa, el camino se ha empezado a dibujar con las recientemente aprobadas Salvaguardias de nueva generación, pero es imprescindible extenderlas a todos los acuerdos comerciales, no como un gesto simbólico de aplicación lenta y consensos imposibles, sino como herramientas ágiles y operativas que permitan, si es preciso, activar automáticamente y en pocos días el freno a la aplicación de los acuerdos. Se deben reforzar los controles en frontera y en origen, con criterios homogéneos en todos los puestos de control europeos, evitando así distorsiones dentro del propio mercado comunitario. Y en paralelo, urge revisar determinadas exigencias productivas que se han demostrado más ideológicas que técnicas y que, lejos de mejorar la sostenibilidad, han mostrado escasa viabilidad práctica, una mejora ambiental muy discutible y ser un serio problema de productividad y competitividad para nuestros agricultores que llega, incluso, a poner en riesgo ingresos y rentas, elementos claves para subsistir.

La evolución de la Política Agraria Común (PAC) ya reconoce la necesidad de instrumentos de estabilización de ingresos. La propia experiencia del sector ha demostrado que los instrumentos actuales son insuficientes para hacer frente a esa inestabilidad. España ha construido durante décadas un sistema de seguros agrarios sólido frente a riesgos climáticos de todo tipo, heladas, sequías, inundaciones, pero hoy ese modelo, aunque eficaz, es insuficiente al no contemplar uno de los principales riesgos: la volatilidad de los ingresos.

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Es aquí, donde cobra especial relevancia la reforma de la Ley de Seguros Agrarios Combinados impulsada por el Partido Popular para crear el nuevo seguro sobre los ingresos y las rentas, y reforzar la sostenibilidad de las producciones agrarias. Esta propuesta da un paso decisivo, amplía la red de seguridad económica para el sector y reconoce algo fundamental, que la viabilidad del campo no depende solo de factores naturales, sino también de dinámicas económicas globales.

Ante ellas, el Estado debe ofrecer herramientas para amortiguar sus impactos y cubrir los riesgos vinculados con los ingresos o rentas agrarias, provocados por fluctuaciones en los precios de los productos agrícolas, cambios en la demanda, o problemas de acceso a mercados, que repercutan en los ingresos y que pueden afectar la rentabilidad de la explotación.

No se trata de proteger al sector de la competencia, sino de permitirle competir en condiciones más justas. De combinar apertura con seguridad. De entender que, lejos de lo que promueve el Gobierno de España, la competitividad no se construye con promesas incumplidas, sino reduciendo cargas, rebajando impuestos y eliminando incertidumbres.

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Procedimentalmente, la proposición de ley del Partido Popular se aprobó hace unos días, con el voto mayoritario del Congreso de los Diputados, y ahora el reto es conseguir que el Gobierno no paralice su tramitación, como ya ha hecho con otro medio centenar de proposiciones de ley. El debate y el consenso, sobre este nuevo instrumento, es posible, su implementación urgente. Diseñar este seguro de rentas exigirá rigor técnico, datos fiables y coordinación institucional.

España, con esta iniciativa, podría ser pionera al adaptar su sistema de seguros a una realidad marcada por la globalización y la volatilidad. De hecho, el impacto de esta medida trasciende lo económico, un agricultor con ingresos estables es un agricultor que invierte, que innova y que planifica. Es, en definitiva, un agricultor más competitivo. No olvidemos que la estabilidad del sector agrario es clave para el mantenimiento del medio rural, para el equilibrio territorial y para la cohesión social. Sin rentabilidad, no hay relevo generacional. Sin relevo, no hay futuro.

En un momento de inestabilidad política en el que España necesita consolidar su posición en los mercados internacionales sin debilitar a su sector primario, este nuevo seguro impulsado por el Partido Popular supone una gran oportunidad y marca una línea clara de futuro: apertura sí, pero con garantías.

*Milagros Marcos, diputada del Partido Popular.