Con los conceptos políticos sucede como con las viejas monedas que a fuerza de rodar, van limando poco a poco siluetas del perfil hasta devaluar su ley. Es entonces cuando su identidad se vacía y algún aprovechado procura acudir a los detalles para enredarse en un galimatías de matizaciones —los ingleses dirían un diablo– que los inutiliza intelectualmente y torna aptos para referir un contenido, o su contrario.
Algo o mucho de eso está pasando en la vida española con la responsabilidad política, sólo que al revés. De no usarla, de desconocerla, el común de los mortales no entiende verdaderamente qué es, o al menos no sabe explicarlo más que aludiendo a un diablo de detalles que confunde todo, empezando por sus protagonistas.
¿Cómo se expresa la responsabilidad política? Rindiendo cuentas de la confianza recibida, lo que los anglosajones llaman accountability. Dando razón de los hechos acontecidos y asumiendo las consecuencias de no haber sido coherente con las posibilidades de acción que la responsabilidad confería.
Todo viene del término confianza, o para decirlo con las palabras originales, deriva de la palabra trust:la divisoria de aguas que en derecho Constitucional separa la posición de los poderes públicos del estatus de ciudadano.
La diferencia la establece el artículo 9.1 CE cuando enuncia separadamente unos y otros porque ambos responden a categorías distintas. Mientras los ciudadanos beben de una libertad que les corresponde naturalmente y que el Estado garantiza, porque es un límite infranqueable a su acción, los poderes públicos nacen directamente de la Constitución. Existen porque la Constitución lo dice, ni más ni menos. Y si no fuera así, sencillamente no serían.
Las consecuencias de semejante dicotomía resultan obvias. Los ciudadanos, en el uso de su libertad, pueden hacer todo aquello que no proscriba expresamente la Constitución y la ley que la desarrolla. De aquí deriva la presunción de inocencia del art. 24.2 CE, regla que no juega en el caso de los poderes públicos (fiscal general del Estado incluido) que son responsables desde el primer momento, porque operan desde un depósito de confianza que no es parte de su pecunio. Porque son gestores de un trust.
Trust alude a uno de los grandes conceptos del common law anglosajón. Posiblemente el más elaborado de sus nada sofisticadas categorías. Literalmente equivale a confianza. La confianza que no ejercen directamente los titulares de un bien o un derecho y que depositan en manos de quienes lo gestionan. Es clave en la cultura democrática anglosajona y está presente en la Constitución norteamericana: "In God we trust", reza su motto.
Y aunque procede del derecho mercantil —los bancos son un trust financiero—, su importancia política la adquiere en el siglo XVIII cuando contribuye a hacer realidad el government by society.
Locke, Burke y Benjamín Constant –por ese orden– fueron los adalides de esa importación que concluye en afirmar que todo gobierno democrático es un Trust, un depósito de confianza que los electores entregan a sus elegidos.
Confianza por lo que van a hacer, por lo que puedan proveer, en quienes pueden elegir para gestionar las políticas públicas y sus opciones. Confianza que incluso puede ser defraudada sin caer en el ilícito, es decir, sin incurrir en responsabilidad jurídica.
La responsabilidad jurídica la cubren el derecho penal y el civil. Es individual. La establece un tribunal y tiene siempre un carácter punitivo o indemnizatorio.
No es que la responsabilidad jurídica no quepa en derecho constitucional (así la establece el art. 102 CE para el presidente y ministros del Gobierno) es que responde a otra lógica, participa de otra dinámica. Es consecuencia del rigor de la ley.
La política es otra cosa. Responde a la idea de que el gobierno democrático descansa en el convencimiento y no en el peso de los votos. La elección es un punto de partida, nunca un estadio permanente. Exige de quien gobierna el alimento continuo de la confianza que procede del trust. Hacer del gobernado una suerte de partícipe imprescindible siempre activo.
Lo hemos visto en España. En los orígenes de la democracia con el castigo que sufrió UCD, o posteriormente en el fenecido Ciudadanos y en el Podemos de Pablo Iglesias que, negándose a admitirla, sufre un doble castigo: su liquidación política y una falta de credibilidad tan absoluta que se torna incordio personal
Es lo que ocurre con los políticos que se niegan a asumir su responsabilidad. Con aquellos que como el ministro Marlaska se atrincheran en los detalles para no responder. A quienes no saben salvar su honorabilidad renunciando, como hizo Antonio Costa o recientemente la ministra portuguesa de interior.
La renuncia es personalmente higiénica y políticamente democrática. Salva la institución y protege la credibilidad del inocente.
El problema del señor Marlaska muy posiblemente es que un juez metido a político no entiende bien qué significa exactamente la responsabilidad política. Y en la España en que no se dimite, en la que no hay nadie capaz de instruirle, el magistrado Marlaska no termina de comprender que no hay que resultar jurídicamente inocente para ser políticamente culpable.
Culpable por haber elegido a colaboradores que delinquen. Culpable de no haber previsto solución y por la insuficiencia en el dominio de la situación. Culpable, en definitiva, de no haber sabido responder a lo que significa ser responsable.
Hay algo todavía peor. El señor Marlaska, como ministro del Interior, está haciendo culpable al presidente Sánchez de haberle confiado su responsabilidad ministerial. Igual que el ministro Óscar Puente, con su rechazo a responder del estado de nuestras ferrovías, está haciendo responsable al jefe del gobierno de cuanto sucede en la política de movilidad. Como el president Mazón enfangó con su enroque político al líder de su partido Alberto Núñez Feijóo.
Todos ellos, además de arruinar la credibilidad de la política, son responsables de haber defraudado al pueblo que los eligió —o eligió al que los nombró— y nos coloca en una tesitura muy grave: dan carnaza a la demagogia. Eso que llaman populismo y que se nutre del descrédito de las instituciones por su mala gestión. Del uso de monedas que a pesar de estar gastadas continúan circulando y con su descrédito desatan un diablo que amenaza con arrastrar todo el sistema monetario.
*Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional.
Con los conceptos políticos sucede como con las viejas monedas que a fuerza de rodar, van limando poco a poco siluetas del perfil hasta devaluar su ley. Es entonces cuando su identidad se vacía y algún aprovechado procura acudir a los detalles para enredarse en un galimatías de matizaciones —los ingleses dirían un diablo– que los inutiliza intelectualmente y torna aptos para referir un contenido, o su contrario.
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