Albares, implicaciones de un disparate

Estos días apareció en la prensa y en los espacios que construyen las redes, un suelto que, presuntamente, contiene la instrucción del ministro Albares al cónsul en Jerusalén en relación con la ayuda a prestar a los miembros de la flotilla que fue detenida por el ejército israelí, en el sentido de identificar a "cuáles de esos ciudadanos son parlamentarios españoles y, por lo tanto, tienen unas garantías y unas inmunidades que son superiores" (literal).

Pudiera ser que la noticia forme parte de la legión de imposturas hechas información que, rondando de mentidero en mentidero, a veces consiguen construir la enorme bola de falsedad que amenaza la credibilidad de la política española.

Mucho debiéramos alegrarnos de que así fuera. Y en ese caso habría que alentar al ministro Albares a que le salga al paso y la desmienta con la misma rotundidad que anteriormente ha procurado atajar otras fake news. Mentiras que aunque nunca se consiguen desactivar totalmente, al menos permitiría dejar a salvo la honorabilidad democrática del político que ocupa el Palacio de Santa Cruz.

Pero como los días pasan y el ministro Albares, de sólito tan locuaz nada dice, podemos presumir que la noticia es efectivamente cierta y que la misiva de nuestro canciller afirmaba no sólo que la inmunidad es una patente de corso para ir por el mundo, sino que además quien la ostenta tiene derecho a una protección superior al conjunto de los españoles.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

España está mutando de un sistema parlamentario a uno presidencialista

Ramón González Férriz

Si así fuera -lo deseable sería que no lo fuera- el ministro estaría cometiendo un dislate digno de suspenso en primero de derecho que lo acreditaría indigno para su cargo y que nos situaría ante un gran ridículo internacional que, por si fuera poco, supondría una quiebra de lo que estipula el artículo 66.1 CE en la interpretación que en cincuenta y tres años de democracia mantienen unánimemente jurisprudencia y doctrina.

Y en ese sentido hay que recordar que un ministro es siempre un sujeto que forma parte de un órgano del Estado -el gobierno- que se encuentra sujeto a la Constitución y que sólo puede moverse en los estrictos términos de una norma constitucional que ha jurado o prometido acatar en una fórmula precisa que, a diferencia de otras, no admite dudas sobre su permisibilidad interpretativa.

TE PUEDE INTERESAR

Albares intentó viajar a Israel tres veces, pero Tel Aviv le respondió que no era bienvenido

Ignacio Cembrero

Todo esto quiere decir que el ministro Albares ha incurrido en un disparate intolerable para un constitucionalista y que, de ser cierta la noticia, debe ser corregido inmediatamente por quien propuso su nombramiento al Rey o por las Cámaras ante quienes responde políticamente.

Nada tiene que ver la anterior consideración con la errática política que en los últimos tiempos lleva el Ministerio de Asuntos Exteriores y que también es un despropósito imputable, en este caso, a quien de acuerdo con el art. 97 CE la conduce: el Gobierno en su conjunto con el presidente a la cabeza, que pasa del blanco al negro sin reparar en los grandes principios que deben guiar la acción exterior de un país como España.

Principios que imponen soportar y alentar aquella moderación y cordura que, por ejemplo, llevó a Nelson Mandela a superar, sin guerra ni revancha, el apartheid que lo mantuvo durante veintisiete años en prisión. Valores que, como explicaba hace poco José Antonio Zarzalejos, no están siendo respetados en la medida que la política internacional española está volcada en apoyar la gresca y la violencia de uno de los sectores extremistas que campan por sus respetos en Palestina.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

La izquierda española y los judíos (la nueva banalidad del mal)

José Antonio Zarzalejos

El antiguo mandato colonial británico de Palestina (siempre resulta un fracaso la liquidación de todo lo colonial) es hoy un avispero en el que confluyen simultáneamente dos conflictos que se superponen. El externo que enfrenta a un Estado judío hasta hace poco moderno y racional con la atrasada cultura política árabe, personalista y clientelar y hasta el momento incapaz de estructurar una institucionalidad democrática. Y el conflicto interno que viven ambas comunidades, confrontado a extremistas de ambos bandos pugnando denodadamente por aniquilar a su contrario, sea este árabe o judío.

En ese brutal combate interior, el Gobierno español ha tomado decidido partido por los extremistas islamistas de Hamás, favoreciendo el encanallamiento del enfrentamiento y dificultando la solución del problema externo. Algo tan irresponsable como lo fue apoyar a ETA, a los GRAPO o al FRAP en el proceso de la Transición política española. Un dislate que están pagando brutalmente los propios habitantes palestinos. Porque allí, como en Sudáfrica, la única solución está basada en el consenso y no en la guerra.

Un dislate que reproduce el desvarío que en la vida política española está llevando a la clase dirigente, en su conjunto, a servirse de las garantías constitucionales a modo de parapeto para eludir su responsabilidad política y perpetuarse ilegítimamente en una posición de poder superior que la Constitución no les atribuye, como supuestamente aplica el ministro Albares en la hipotética y no desmentida instrucción dada al cónsul de España en Jerusalén.

TE PUEDE INTERESAR

La jueza de Badajoz acusa a Gallardo de "fraude de ley" y eleva su caso al TSJ tras su aforamiento

Alejandro Requeijo

De igual manera que Constitución en mano, es una incongruencia que el fiscal general del Estado se parapete en su oficio público y en el fuero procesal que lleva aparejado - juicio reservado al Tribunal Supremo – para no dar cuenta de un presunto ilícito del que en la jurisdicción ordinaria difícilmente se le podría probar.

Como también lo es que en Extremadura el señor Gallardo haya intentado vanamente parapetarse en la inmunidad parlamentaria para no responder de su responsabilidad como presidente de la Diputación de Badajoz, deformando la inmunidad en provecho propio. Al igual que negarse obstinadamente a dimitir de la consejería que ocupa el señor Quiñones – otro magistrado ocupando cargo público - cuando bajo su mandato se ha quemado media Castilla. O mismamente evitar bajar humildemente la cabeza y abandonar discretamente la presidencia de la Generalitat Valenciana, como debiera hacer el civilmente deshonrado Mazón. Aún está a tiempo.

Constitucionalmente, ninguno de ellos es superior al resto de los españoles, salvo en obligaciones. Y eso debe de quedarle meridianamente claro al ministro Albares. Y a otros tantos.

*Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional