Las siete propuestas migratorias de Vox inaplicables y descabelladas

Los cuatro acuerdos del Partido Popular y Vox allí donde han gobernado juntos (Aragón, Castilla y León, Murcia y Valencia) y en Baleares, donde la formación de Santiago Abascal apoyaba con sus diputados al Gobierno popular, mencionan todos la inmigración, pero ninguno a los menores no acompañados que se han convertido en el meollo de la polémica. La tutela de los menores es una competencia de las CCAA. El acuerdo de gobernabilidad en Extremadura es el único que omite cualquier mención a la inmigración.

Los pactos suscritos en 2023 recogen generalidades, como la promoción de “una inmigración ordenada” (Castilla y León). Estipulan que solo los inmigrantes regularizados podrán acceder a “subvenciones y ayudas” (Castilla y León y Baleares) y descartan así que lo hagan aquellos que solo estén empadronados.

También resaltan la necesidad de “luchar contra las mafias de inmigración ilegal” (Murcia) o de aprobar “un plan de choque inmediato contra” ese fenómeno (Baleares), pero como no disponen de fuerzas de seguridad propias, parece casi imposible que lo hubiesen puesto en marcha.

Algo más realista es, como afirma el pacto PP-Vox en Valencia, “poner en conocimiento” de Policía y Guardia Civil “posibles casos de inmigración ilegal y luchar contra las mafias (...)”. Trabajo les habrían dado porque Funcas, un think-tank de investigación económica, calcula que son cerca de 700.000 los inmigrantes que no han podido regularizar su situación en España.

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Por último, el acuerdo balear, el más prolijo sobre la inmigración, apuesta por colaborar con las fuerzas de seguridad para “la identificación de personas en situación ilegal en las islas” para “proceder a su repatriación conforme a la ley”. Por mucha colaboración que le hubiesen brindado al Ministerio de Interior, este no va a lograr efectuar más expulsiones de las pocas que ya hace.

Si las aportaciones de Vox a los pactos de Gobierno autonómicos eran ya poco realistas, las dos proposiciones no de ley (PNL) que ha presentado el partido esta semana en el Congreso sobre inmigración y luchas contra el terrorismo yihadista son, en algunos aspectos, un auténtico dislate. Esos once folios ponen de relieve una radicalización del partido de Santiago Abascal, quizás inspirado por otras formaciones ultras europeas empezando por la francesa de la Agrupación Nacional.

Este es un repaso a las propuestas inaplicables y descabelladas de Vox.

1. Vox pide tramitar de forma urgente la inmediata “expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestra nación”. Que más quisiera el ministro Fernando Grande-Marlaska y todos sus colegas de Interior en la UE, empezando por el de Italia, Matteo Piantedosi, afín a la Liga de Matteo Salvini. Apenas hay repatriaciones porque los países desde donde parte la emigración, empezando por Marruecos, no colaboran o solo las aceptan con cuentagotas.

2. Para forzarles, Vox propone, por primera vez, “suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore”, una idea ya esgrimida por Jordan Bardella, candidato de la Agrupación Nacional, durante la reciente campaña electoral en Francia. Hay países, como Argelia, que no readmite inmigrantes desde abril de 2022, y que no se beneficia de la ayuda al desarrollo. Hay otros para los que las remesas de los inmigrantes son mucho más importantes que la cooperación que recibe. En Marruecos, sin ir más lejos, representan el 8,5% del PIB. Cada joven que emigra enviará, pronto o tarde, remesas a casa de las que vivirán algunos de sus familiares. Lo siguiente es que Vox emule a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y abogue por enviar a los solicitantes de asilo en un tercer país -Albania en el caso de Italia-mientras se tramita su expediente. El proyecto de Meloni, que se pondrá en marcha en agosto, arroja dudas sobre si incumple la legislación europea.

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3. Vox propone que “los inmigrantes ilegales no puedan empadronarse”. En España eso implica que no puedan acceder a la sanidad pública y que sus hijos no puedan ser escolarizados. La Organización Mundial de la Salud sostiene que no atender a los inmigrantes puede conllevar riesgos sanitarios para el conjunto de la población. En España la educación es obligatoria por ley hasta los 16 años.

4. Vox insta a “proceder al cierre de los centros de menas que crean inseguridad en nuestras calles empezando por los más conflictivos”. ¿Dónde han de ir los chavales que se hospedan en ellos? ¿Han de quedarse en la calle donde sí hay más riesgo de que caigan en la delincuencia? No lo aclara.

5. Vox insiste en que “todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata”. Si ya es difícil repatriar a un adulto, hacerlo con un menor es casi imposible porque la legislación española les otorga una gran protección jurídica y porque tampoco sus países de origen desean que regresen. Esta frase de la PNL demuestra el desconocimiento del fenómeno migratorio por parte de la cúpula de Vox. A veces los menores emigran motu proprio, en busca de una vida mejor, con el desconocimiento de sus padres. Otras veces emigrar en un proyecto familiar en el que todos se cotizan para que uno de sus miembros se labre un futuro en Europa y, con suerte, pueda después tirar de la fratría. Los padres no quieren ver a sus hijos de vuelta más que cuando ya se han abierto camino en el Viejo Continente.

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6. En la PNL sobre la amenaza terrorista en España, Vox empieza por resaltar que el periodo estival es el más propicio para perpetrar atentados yihadistas porque se producen “aglomeraciones de personas en espacios relativamente reducidos que no se dan en ningún otro momento del año”. Desde las Navidades hasta Semana Santa, pasando por los macroconciertos y los eventos deportivos, en España hay grandes concentraciones de público todo el año. El mayor atentado terrorista cometido en Europa continental fue el del 11-M de 2004, al final del invierno, y en unos trenes de cercanías atiborrados de pasajeros.

7. Vox pide a continuación “incrementar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velarán por la seguridad de los españoles durante el periodo estival, en especial en aquellos trayectos y zonas en las que los desplazamientos y la población crecen de forma exponencial”. Los expertos en seguridad opinan que más que aumentar el despliegue policial en la lucha contra el terrorismo son más útiles las campañas de prevención de la radicalización y de desradicalización y, sobre todo, el incremento de los agentes dedicados a la investigación.