Un "país santuario" para inmigrantes y lo que hay que entender del "efecto llamada"

La regularización extraordinaria aprobada esta semana por el Gobierno ha convertido a nuestro país en una excepción. En materia de inmigración, España se mantiene en posiciones que ya han sido abandonadas por el laborismo británico y el centroizquierda continental, pero también por Canadá —que dio marcha atrás en los últimos meses del mandato de Trudeau— y por las socialdemocracias nórdicas. Con matices y diferencias, el nuevo consenso europeo dicta que es necesario reducir y canalizar los flujos migratorios y endurecer el discurso. Y aunque cada país presenta sus particularidades, se repite una constante: los partidos políticos con ambiciones de ganar elecciones han llegado a la conclusión de que la “mano dura” es la única manera de competir electoralmente y de hacer frente al discurso del nacionalismo populista.

Igual que sucede con estados de EEUU como California o el propio Minnesota, España se está empezando a percibir como un “país santuario” para inmigrantes, sobre todo para los provenientes de América Latina. Esa impresión no solo aflora ya en la prensa anglosajona, sino que ha entrado en la conversación de las propias diásporas. Con Estados Unidos convertido en un infierno para extranjeros y con las trabas levantadas en otros países de la Unión Europea, la península ibérica es ahora mismo la primera opción para cientos de miles de personas que buscan una vida mejor fuera de sus fronteras, o un salto desde terceros países que se lo están poniendo difícil.

Hay que decir que todos los inmigrantes que se beneficiarán de esta regularización ya estaban viviendo aquí cuando fue decretada; que la mayoría estaban utilizando los servicios públicos —especialmente educación y sanidad— y muchos trabajando en negro. En este sentido, los efectos del real decreto no son una amenaza para el sistema como advierten algunos discursos. Pero es innegable que la decisión tendrá eco y traerá consecuencias, que atraerá a quienes ahora mismo están pensando mudarse a un lugar más próspero o más seguro. Aun dando por cierto que la última regularización, la de Zapatero en 2005, no provocó un “efecto llamada”, la situación internacional era entonces muy diferente. Hace veinte años, al revés que hoy, existían puertas de entrada al "paraíso" más prometedoras que Madrid-Barajas.

También es muy importante entender de dónde están llegando esos 800.000 irregulares que sumaba Funcas en su último informe. Más del 90% nacieron en Latinoamérica y los ocho primeros países de procedencia no necesitan visado para viajar al espacio Schengen, por lo que pueden entrar sin problemas a través de los aeropuertos europeos. No necesitan visados quienes vienen de Colombia (287.955), Perú (107.520), Honduras (90.294), Venezuela (63.281), Paraguay (54.908), Argentina (42.446), Nicaragua (28.894) ni Brasil (26.894). Solo hay restricciones de viaje para los dos últimos puestos del top ten, donde están Marruecos (20.693) y Argelia (17.765). Sin asimilar bien esto es difícil entender el fenómeno y formarse una opinión al respecto.

Porque la excepcionalidad de España como el último país donde los inmigrantes son bienvenidos no se entiende sin echarle un vistazo a las normas del espacio Schengen y su lista de nacionalidades exentas de visado. Entre aquellos que tienen una renta per cápita inferior a la media europea, la abrumadora mayoría son países latinoamericanos. Es decir, Europa se está convirtiendo en una fortaleza para prácticamente todo el planeta, excepto para un grupo de países que hablan español y portugués. Si sacas a estos últimos de la lista y cribas por renta, solo queda Ucrania y un catálogo de naciones diminutas con flujos migratorios estancados, como Micronesia, Seychelles, Timor Oriental, Albania, Georgia o Serbia.

A finales de este 2026, por cierto, la UE empezará a exigir un formulario online, llamado ETIAS, que obligará a contestar preguntas y aportar documentación a los viajeros procedentes de muchos países que no necesitan visado. Este sistema, basado en el ESTA estadounidense, podría frenar considerablemente las entradas de los grupos de población que están llegando masivamente a España.

También es importante entender las alternativas que se están poniendo en práctica por otros gobiernos de Europa. Hay una muy útil, y llamativa, que hemos usado en esta columna otras veces: la Italia de Giorgia Meloni, en las antípodas ideológicas y sometida a la misma regulación europea que nosotros. El ISPI estima que en Italia hay 500.000 inmigrantes sin papeles. Es decir, 300.000 menos que en España, en un país con diez millones de habitantes más, lo que hace que el peso relativo sea exactamente el doble (1,6% en España frente a 0,8% en Italia). Para compensar la diferencia y mantener la economía a flote de manera compatible con su relato electoral, Meloni ha puesto en marcha programas muy ambiciosos para que las empresas puedan contratar extranjeros de manera legal.

Así que en lugar de regularizar a los extranjeros que ya están dentro, Roma ha abierto autopistas para contratarlos en origen y adecuar su llegada a las necesidades del mercado laboral. Las organizaciones humanitarias se quejan de que se contrata a gente que ni siquiera habla italiano (de lugares tan remotos como Sri Lanka y Bangladés), mientras se mantiene en el ostracismo a otros que llevan años en Italia, algunos acumulando frustración en barriadas marginales. Lo que pretende Meloni es poner en práctica una versión europea, menos cruel, de las “deportaciones voluntarias” de Trump, como denomina a quienes se marchan por miedo a las cacerías de los agentes de ICE. Italia quiere provocar un efecto disuasorio pero sustentado en normas: no habrá papeles para quien se cuele sin permiso. Se trata de una práctica administrativa muy parecida a la que existía en Estados Unidos antes de la irrupción del trumpismo. Por ejemplo, durante los años de Obama.