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Josep Martí Blanch

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España ya no es un país de propietarios para los jóvenes

El nuevo plan estatal prioriza alquiler con 7.000 millones, pero la propiedad se desploma, los precios suben y la brecha generacional se agrava, amenazando el ahorro y aumentando la vulnerabilidad de los hogares

Foto:  La secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE y ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene en un acto público'. (EFE/Jesús Monroy)
La secretaria de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE y ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, interviene en un acto público'. (EFE/Jesús Monroy)
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Enésimo anuncio del Gobierno sobre vivienda. El martes el Consejo de Ministros aprobará el plan estatal para el periodo 2026-2030. Son, en teoría, 7.000 millones destinados a la rehabilitación y construcción de nueva vivienda. El acento del plan, según lo desgranado ayer por la titular ministerial de la cosa, Isabel Rodríguez, apunta claramente al crecimiento del parque de alquiler. Los anuncios, sean del ejecutivo central o de las CCAA, se suceden unos a otros. De tal forma que, a la hora de la verdad, cuesta determinar cuánto hay de real y cuánto de escenificación y teatralización. Como además la cultura de gobierno española no destaca por examinar sus políticas confrontándolas con los resultados que obtiene, vamos acumulando buenas intenciones y anuncios sin rendición de cuentas alguna. La realidad se nos presenta notoriamente distópica. Por un lado, los discursos, entusiastas y optimistas; y por el otro, una realidad cada vez más difícil y angustiosa para un número creciente de conciudadanos.

Que el plan anunciado por Isabel Rodríguez apunte al alquiler tiene lógica. España, tradicionalmente un país de propietarios, va dejando de serlo. La encuesta financiera de las familias que ayer presentó el Banco de España así lo acredita. La tasa de hogares dueños de su vivienda cayó, con datos de 2024, hasta mínimos del 70,6%, cuando en 2011 era del 89,4%. Nada indica que vaya a mejorar. El aumento de los precios y la precariedad laboral, sobre todo entre los jóvenes y la población inmigrante, suponen una barrera insalvable que desplaza la demanda hacia el alquiler, provocando un alza permanente también de los precios que han de afrontar los inquilinos.

La encuesta viene a confirmar lo que ya sabíamos. Hay bolsas crecientes de población excluida del mercado de propiedad y que consumen su hipotética capacidad de ahorro en alquileres excesivamente altos para lo que aconseja la salud financiera de una familia. De resultas, su vulnerabilidad económica a futuro tiende a incrementarse.

Caminamos aceleradamente, principalmente por la cuestión de la vivienda, hacia una sociedad con un contraste cada vez mayor entre quienes son propietarios y los que no. Los primeros consolidan su riqueza gracias a la revalorización continua de sus activos, mientras que los segundos -muy numerosos entre los jóvenes, inmigrantes y rentas bajas en general- se alejan cada vez más de la posibilidad de acceder a la propiedad de su vivienda y deben afrontar alquileres más caros. Todo parece indicar que esta tendencia seguirá acentuándose. Entre 2022 y 2024 la riqueza mediana del país creció, por la revalorización de activos inmobiliarios y financieros, pero el 20% de los hogares con menos ingresos vio reducir su riqueza en un 11,7%.

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La brecha generacional es inquietante. Los nacidos entre 1966 y 1985 eran propietarios de su vivienda en un 60% al alcanzar los 30 años. Para los que llegaron al mundo entre 1986 y 1995 ese porcentaje queda reducido al 27%. Hay en estas cifras uno de los argumentos para explicar el conflicto intergeneracional que va tomando cuerpo entre los más jóvenes y las generaciones más maduras.

La tendencia es a peor, puesto que la vivienda sigue encareciéndose. El 12,7% de incremento que se materializó en 2025 es imposible de seguir por los salarios, con lo que las dificultades irán en aumento. Un joven que el año pasado ahorrase, pongamos por caso, 10.000 euros con la pretensión de afrontar a la larga una compra de un piso de 200.000 euros, vio cómo en la práctica su ahorro había quedado en negativo. Un año después, y haciendo un gran esfuerzo, estaba más lejos de poder acceder a la compra de un piso. La broma más común entre muchos de los hijos de las clases medias españolas es que para hacer el "upgrade" inmobiliario, deberán esperar al fallecimiento de sus padres. Y eso siempre y cuando éstos no se hayan fundido el capital inmovilizado con una hipoteca inversa para poder pagarse los cuidados que requiere la vejez. Se comenta en tono jocoso, pero tiene mucho de cierto. Y es una pésima noticia.

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Es necesario revertir la tendencia. Durante años, se insistió en la idea de que no acceder a la propiedad de una vivienda no debía considerarse un drama. Daba libertad financiera, permitía que la inversión más importante de un individuo se vehiculara a activos financieros de mayor rentabilidad y más liquidez. Eso sería cierto si no disponer de una vivienda en propiedad supusiese una ventaja en términos de ahorro. Pero no es así. Quienes quedan fuera de mercado han de dedicar cada vez más dinero al alquiler y su capacidad de ahorro no alcanza ni siquiera a acompañar el incremento del precio de la vivienda. No pueden firmar una hipoteca, pero paradójicamente son sus vidas las que acaban hipotecadas.

Así las cosas, demos la bienvenida igualmente al enésimo anuncio sobre vivienda. No servirá a corto plazo ni tan siquiera para aliviar mínimamente el problema. Casi que nos conformaríamos con que éste no continuase agravándose. Pero lamentablemente mucho nos tememos que no será así. La población española sigue creciendo por la llegada continua de inmigrantes y la construcción no puede seguir el ritmo de los nuevos hogares que se constituyen año tras año. Basta cruzar estas dos variables para intuir que el futuro no pinta mejor que el presente. Con planes gubernamentales o sin ellos.

Enésimo anuncio del Gobierno sobre vivienda. El martes el Consejo de Ministros aprobará el plan estatal para el periodo 2026-2030. Son, en teoría, 7.000 millones destinados a la rehabilitación y construcción de nueva vivienda. El acento del plan, según lo desgranado ayer por la titular ministerial de la cosa, Isabel Rodríguez, apunta claramente al crecimiento del parque de alquiler. Los anuncios, sean del ejecutivo central o de las CCAA, se suceden unos a otros. De tal forma que, a la hora de la verdad, cuesta determinar cuánto hay de real y cuánto de escenificación y teatralización. Como además la cultura de gobierno española no destaca por examinar sus políticas confrontándolas con los resultados que obtiene, vamos acumulando buenas intenciones y anuncios sin rendición de cuentas alguna. La realidad se nos presenta notoriamente distópica. Por un lado, los discursos, entusiastas y optimistas; y por el otro, una realidad cada vez más difícil y angustiosa para un número creciente de conciudadanos.

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