Sánchez y el PSOE ocuparán el poder, pero no podrán gobernar

La comparecencia de Carles Puigdemont se desarrolló por los márgenes de lo previsible. Si la militancia lo avala, Junts pasará a ser nominalmente a partir del jueves un partido de oposición.

El anuncio de divorcio entre junteros y socialistas adquirió mayor concreción en el tramo final de la intervención del expresidente de la Generalitat. El PSOE podrá seguir ocupando el poder y las poltronas, pero lo que no podrá hacer es gobernar, dijo. Para añadir, a continuación, que son los socialistas quienes deberán explicar a partir de ahora cómo podrán seguir en el Gobierno si no cuentan con los apoyos necesarios.

Como no hubo turno de preguntas, fue imposible atrapar los matices del anuncio. Por ejemplo, determinar si el rol de oposición que reclaman ahora para sí los junteros consistirá en votar 'no' a cualquier iniciativa que presente el Ejecutivo o, si por el contrario, utilizando el comodín del impacto que cualquier norma tiene en Catalunya, seguirán entrando en las negociaciones y, llegado el caso, seguir prestando sus votos para su aprobación. Dicho de otro modo: ¿contempla el órdago de Puigdemont una cláusula de excepción para seguir al lado del Gobierno cuando le convenga?

Tampoco fue posible desbrozar otras cuestiones que fueron surgiendo en la cabeza de los informadores a medida que avanzaba la perorata. ¿Cambiaría en algo el no anunciado a los presupuestos generales que el Gobierno hiciera públicas en las próximas semanas las balanzas fiscales y la ejecución presupuestaria completa del ejercicio 2024 y del primer semestre del 2025? Básicamente, porque esos fueron los argumentos que utilizó para justificar que los junteros no entren ni siquiera a negociar las cuentas de 2026.

No son estas cuestiones menores. Porque en ellas subyace lo más sustancial de la nueva situación. Porque no es lo mismo adoptar el papel de una oposición que decide bloquear la acción de gobierno, que el de una oposición exigente y vigilante que aspira a seguir haciendo valer sus votos cuando se la necesita.

En el segundo caso, la situación que vaya a vivirse a partir de ahora no diferiría mucho de cómo se ha desarrollado la legislatura hasta la fecha. En cambio, en el primer escenario, Pedro Sánchez estaría obligado a convocar elecciones a no muy tardar, salvo que decidiese comportarse como un gobernante antidemocrático sin el más mínimo respeto por las instituciones.

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Estamos más bien en el segundo escenario, una continuación agravada de lo que ha acontecido en estos dos años de legislatura. Pero es necesario advertir que el movimiento no es para nada inocuo. Se equivocan quienes piensan que todo lo que no signifique ver a Junts prestando su firma para una moción de censura no tiene afectación alguna sobre la legislatura y que, por tanto, ha de calificarse de irrelevante. No es así. El movimiento de Junts es disruptivo, pone la legislatura en un brete de difícil resolución. Siempre, claro, que se acabe concretando y se parezca en algo a lo anunciado por Puigdemont.

Porque incluso en el caso de que Junts acuda en algunas votaciones, por interés propio, al rescate del Gobierno, la imagen de Sánchez se asociará a partir de ahora a la de un hombre cuyo objetivo ya no puede ser, ni siquiera para quien así lo crea todavía, la transformación de España.

Será inevitable advertir en él aquello que el propio Carles Puigdemont ha señalado: un aferrarse al cargo por parte de Sánchez para sacarle el máximo provecho a título personal y del PSOE. Tanto es así que incluso quienes vienen prestando su apoyo o muestran una especial querencia por el actual Gobierno -y no hablamos ahora de los partidos- tienen forzosamente un linde de dolor a partir del cual resulta imposible seguir defendiendo lo indefendible. Pasados unos meses, si Junts sigue en la oposición, la capacidad de resistencia de Sánchez merecería ser definida de otro modo menos heroico y glamuroso, pues estaríamos ante un fraude democrático con todas las letras.

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Un escenario alternativo es que el PSOE haga lo posible para enamorar de nuevo a Junts. Pero esta opción no resulta nada fácil. Puede el Gobierno sacarse algunos conejos de la chistera, pero estamos ya a un paso del ecuador de la legislatura y lo que exige Carles Puigdemont, particularmente la carpeta que ha estado negociándose en Bruselas referida al conflicto político entre Catalunya y España, tiene unos costes añadidos que a estas alturas es razonable pensar que resultarían inasumibles para el PSOE ante la inminencia de la inauguración del nuevo ciclo electoral (los extremeños anunciaron ayer que votarán el 21 de diciembre).

Puigdemont reintrodujo ayer en su discurso algunos hits que ya ha utilizado reiteradamente en el pasado. Uno de ellos es que le importa un comino la estabilidad y la gobernabilidad de España. También reintrodujo la idea de que el referéndum del 2017 y la posterior declaración de independencia siguen siendo válidas para su partido.

Fue esta la parte menos coherente de su discurso. Pues en estos dos años hemos visto a Junts participar con un vivo interés de la política estatal. Tanto en la negociación y redacción de proyectos de ley como en los nombramientos de personas afines en consejos de administración y posiciones directivas del entramado parapúblico. Ahora bien, sí es cierto que el pacto con el PSOE decía lo que decía y que, pasados dos años, los junteros tienen motivos para sentirse engañados en cuestiones de fondo referidas al conflicto político de corte identitario. A estas alturas está más que acreditado que los socialistas firmaron cosas que no estaban dispuestos a cumplir.

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Tras este andamiaje de argumentos y contraargumentos, una realidad que resulta más que visible. No hay confianza alguna en Pedro Sánchez y nadie cree en su pretendido objetivo de agotar la legislatura. Entre los junteros también se ha instalado la convicción de que el presidente del Gobierno ha entrado ya en modo mitinero -¿qué fue si no lo de este fin de semana?– y que no tendrá reparo alguno en convocar elecciones si en algún momento considera que la coyuntura le es medianamente favorable. Ante esta convicción, Junts ha decidido marcar distancias para no llegar a una hipotética cita electoral de la mano de un bloque en el que pinta más bien poco en el eje ideológico. Junts no sólo ha de marcar distancias del PSOE y Sumar, sino también de los grupos de izquierda que le prestan un apoyo menos exigente en el Congreso, léase ERC.

De fondo también, Salvador Illa. A Puigdemont le duele prestar sus votos a los socialistas porque en cierta manera hacerle la vida más cómoda a Pedro Sánchez es hacérsela también más confortable a Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. De ahí que ayer insistiera tantas veces al hecho de que en Catalunya son los socialistas los que a veces han escogido los votos del PP y Vox para "desnacionalizar" Catalunya.

Son múltiples los factores que explican una decisión que en realidad estaba prácticamente tomada hace tiempo y que ha ido ejecutándose por fascículos. Es verdad que no hay que temer la activación de un automatismo entre lo anunciado ayer por Puigdemont y un derrumbe inmediato de la legislatura, pero no hay duda de que la acorta ostensiblemente. Así debiera ser si hacemos caso a Puigdemont y a su "el PSOE podrá ocupar el poder pero no gobernar". Más claro el agua.