¿Ejecución o suicidio?

Josep Solsona Batlle era el anónimo alcalde del municipio leridano de Puigverd hasta que fue detenido en julio del año pasado por una denuncia de su exmujer acusándolo de abusar sexualmente de la hija de ambos, una niña de cuatro años.

Fue puesto en libertad al día siguiente. Pero en veinticuatro horas su vida ya había dado un vuelco definitivo. Josep Solsona ya estaba montado en un tobogán con destino al infierno. El mismo día en el que los Mossos d'Esquadra procedieron a su detención, una manifestación ya exigía su dimisión como alcalde.

Su partido (Junts) evitó una defensa cerrada de la presunción de inocencia del primer edil. Finalmente, el juzgado de Lleida que instruía las diligencias archivó la causa. Había hecho anteriormente lo mismo con otras denuncias por malos tratos de los que también había sido acusado por su exesposa.

Pero la exoneración judicial no sirvió para resarcirle el honor y el respeto perdido. Junts, formación política a la que pertenecía, le negó el pan y la sal. Armó una moción de censura que lo desalojó del cargo de alcalde con el beneplácito del resto de formaciones políticas del consistorio.

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Pero el precio a pagar no fue sólo político. También en el plano profesional la factura fue abultada. Cuando intentó recuperar su puesto de trabajo como docente, padres y madres de alumnos se negaron a que sus hijos compartieran aula con un profesor que había sido acusado -¡sin pruebas y con la denuncia archivada!- de abusar de su propia hija menor de edad. Fue también su final como profesor. Se le forzó a aceptar una solución de consenso y aceptar un trabajo como administrativo que le alejaba de las aulas y la enseñanza.

Josep Solsona no veía a sus hijos desde los hechos que provocaron su caída al averno. Su exesposa le negó todo contacto con ellos desde el mes de abril de 2024, según la misma abogada. La madre incumplió reiteradamente desde entonces el régimen de visitas establecido por el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 1 de Lleida. Su papel de teórica víctima, jamás confirmada en los juzgados, la empoderaba para negar el pan y la sal a su exmarido. En la sentencia de divorcio dada a conocer hace tan solo unos días (el 17 de julio) se falló la custodia compartida que la madre amenazó con incumplir de nuevo. Aunque a estas alturas ya es irrelevante. Desde el martes, esas criaturas ya no tienen padre.

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El martes se suicidó. Un correo electrónico de la abogada que lo ha acompañado en su calvario reza en uno de sus puntos lo siguiente: "El señor Solsona no ha podido soportar la presión que se ha ejercido sobre él, tanto a nivel mediático como social y personal, desencadenada por los hechos acaecidos durante el último año y medio de su vida, lo que le sumió en una depresión por la que se encontraba en tratamiento psiquiátrico y psicológico".

La historia de Josep Solsona funciona como un espejo en el que advertir hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la negación de la presunción de inocencia en el ámbito público, no así en los juzgados donde en la mayoría de casos sigue funcionando. El escarnio popular, político, mediático y laboral a un hombre por acusaciones infundadas según la Justicia provocó su muerte civil y familiar primero, a la que ha seguido también la física después de un grave proceso de degradación de la salud mental. ¿Merece o no merece esta historia un mínimo de reflexión?

No es un caso aislado, aunque la mayoría de las veces el desenlace de los otros muchos casos que puedan asemejársele no tenga un desenlace tan trágico. ¿Es posible un punto de equilibrio que permita no dar carta blanca al maltratador o al abusador sin que caer en el extremo de echar la vida a perder la vida de un hombre con tan sólo pronunciar una palabra en su contra?

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Es ahí, en una dimensión mucho más profunda que en la que habitualmente se desarrolla el debate político y mediático sobre la cuestión de la violencia de género, donde debería discutirse el asunto. Pero llevamos ya mucho tiempo con la brújula estropeada. La muerte de Solsona no servirá de nada. El muerto al hoyo y el vivo al bollo.

Una sociedad que formalmente exige empatía y respeto para con toda clase de individuos y colectivos es la misma que al mismo tiempo es capaz de llevar al paredón a un hombre convertido en un desecho humano por acusaciones que ante los ojos de la Justicia no tenían ningún fundamento. Contradicciones del tiempo que nos toca vivir. Los más modernos y al mismo tiempo muy parecidos a aquellos en los que se levantaban hogueras en las plazas para quemar inocentes para contentar a la turba.

Hago mías las palabras finales de su letrada recibidas por correo electrónico: "Ante toda esta situación, creo que como sociedad democrática deberíamos reflexionar y cuestionarnos: ¿Qué falla en el sistema? ¿Qué debe cambiar para que casos como el del Sr. Josep Solsona no vuelvan a repetirse?".

Y más allá de las preguntas, una afirmación: ha sido un suicidio, pero se asemeja bastante a una ejecución. Acuérdense de limpiar las armas tras su utilización.