Los jueces estadounidenses son buenos, los españoles malos

La posición del fiscal general del Estado es insostenible. Aunque, visto lo visto, convenga la introducción de un matiz a la aseveración utilizando el condicional: lo sería -insostenible- en cualquier escenario en el que el respeto a las instituciones por parte de quienes las rigen y representan temporalmente tuvieran un mínimo de importancia. Como este no es el caso, Álvaro García Ortiz puede eternizarse como fiscal general del estado sin que pase nada. Ya estamos acostumbrados a casi todo.

Sin credibilidad, sin autoritas, sin el respeto y aceptación de terceros, una institución no es más que una sombra de lo que debiera, una cáscara hueca que deriva en pura apariencia y formalismo vacío, pues le falta lo principal: la legitimidad que deriva, no del nombramiento, sino del recto y buen obrar en el ejercicio de las funciones encomendadas.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acreditando que Álvaro García Ortiz borró todos sus mensajes el mismo día que el Supremo decidía encausarle, y que más tarde también eliminó la cuenta de correo electrónico en la plataforma Gmail que venía utilizando, debiera hacer reflexionar al propio fiscal general y también al Gobierno sobre la conveniencia de la continuidad del primero. Y a poco que su razonar fuera honesto llegarían pronto a la conclusión de que no hay más salida que la dimisión o el cese.

La coincidencia temporal entre la eliminación de los mensajes y la apertura de la causa contra él hace saltar cualquier traza de credibilidad que quedara en su versión sobre la desaparición de los mensajes como algo propiciado únicamente por la aplicación de un protocolo de seguridad en las comunicaciones en la Fiscalía General. Es imposible que una persona de sus conocimientos jurídicos no reparase en que, una vez conocidos los hechos, no habría manera de evitar la única interpretación que resulta plausible en estos momentos: estamos ante un claro indicio incriminatorio. Y aun así, decidió hacerlo.

El fiscal general del Estado quizás sea inocente, lo será mientras no se demuestre lo contrario, pero es ya culpable con lo que conocimos ayer de un comportamiento zafio e irresponsable. Justamente lo contrario de lo que debiera ser el modo de hacer de un fiscal general del Estado. A estas alturas, cada minuto que pasa con García Ortiz aferrado a su cargo va en detrimento de la fortaleza de la institución que él dirige.

¿Qué respeto puede tenérsele a un fiscal general que una vez conocida la decisión del Supremo dedica la mañana o la tarde al borrado de todas sus comunicaciones? Que a estas alturas tampoco tengamos noticias del terminal que alojó esas comunicaciones, con la excusa de que cambió de teléfono, también abunda en el total descrédito del que se ha hecho acreedor el fiscal general. ¿Qué confianza merece alguien que decide actuar de este modo?

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No es que sea culpable, pero ha escogido para defenderse el peor camino posible. El que conduce a al callejón sin salida de su total amortización como persona intachable merecedora de confianza, no por parte del Gobierno, sino de sus compañeros de carrera y también de la ciudadanía. Y esta opinión sobre Álvaro García no va a modificarse. Ni siquiera con la evolución más favorable del caso para sus intereses. La mancha de su comportamiento resultará indeleble. Y un fiscal general del Estado no puede permitírsela, pero sobre todo no puede permitírsela la fiscalía general.

Saltando de continente, resulta curioso observar estos días las declaraciones de los prebostes del trumpismo para referirse a las decisiones de los jueces que cuestionan y ponen palos en las ruedas a algunas decisiones del presidente de EEUU. Ya sea el propio Trump, su vicepresidente Vance, el omnipresente Musk, o cualquier otro, todos vienen trabajando intensamente la narrativa del lawfare y de la conspiración en los tribunales para abortar la agenda legislativa de la nueva administración estadounidense. Para desacreditar a los jueces y dejar vía libre a las órdenes presidenciales, el trumpismo los acusa de hacer política y no justicia.

Paradójicamente, esas decisiones se celebran en España, en la medida que son vistas como un mecanismo efectivo para evitar que Donald Trump incumpla la ley o se exceda en sus atribuciones y competencias. Pero, curiosamente, de regreso a nuestro país, vemos exactamente los mismos argumentos que utiliza el trumpismo en boca de nuestros gobernantes. Lo que, según la opinión mayoritaria en España sirve en EEUU para preservar la democracia -jueces que no se pliegan a las directrices presidenciales-, se convierte en España justamente en todo lo contrario.

Opinión

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Este es uno de los problemas que tiene el Gobierno con el fiscal general del Estado. Ha insistido tanto en la teoría de la conspiración, que la aceptación de la realidad que se deriva del informe de la UCO y de esa coincidencia temporal entre la decisión del supremo y la eliminación de los mensajes es imposible. Dejar caer al fiscal general del Estado, significaría la destrucción de esa coartada argumentativa según la cual, todo, absolutamente todo, responde únicamente a la mala voluntad de algunas personas de la magistratura que quieren acabar con el ejecutivo.

De ahí que debamos resignarnos a la continuidad de Álvaro García. El hombre que ha de luchar contra los delitos borrando los mensajes de su móvil el mismo día que tiene noticia de que va a tener que vérselas con la Justicia. Lo que sería un país de pandereta. Cada vez nos respetamos menos. Pero esto parece que ya no tiene ninguna importancia. O, a lo máximo, la de un pepino.