De palacete protegido a pisos de lujo en Getxo: el escándalo que apunta a dos ediles del PNV

Polémica en el Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya, 75.000 habitantes), gobernado en coalición por el PNV y el PSOE. Este miércoles, agentes de la Ertzaintza registraron las dependencias municipales de las áreas de Urbanismo y Administración, según han informado fuentes locales. Detrás de esta irrupción está la investigación que lleva a cabo el cuerpo policial sobre el Irurak Bat, un palacete protegido que, hasta el verano de 2024, se ubicaba en el número 11 de la calle San Nicolás, en la zona del Puerto Viejo de Algorta, y del que ahora solo queda su recuerdo. El escándalo ha salpicado de lleno al PNV. Dos concejales de este partido, Ignacio Uriarte e Irantzu Uriarte, que a su vez son pareja sentimental, participan en la cooperativa Atalaya Ereaga, promotora de las viviendas que se querían levantar en el palacete.

La idea de los propietarios del inmueble, que fue diseñado en 1933 por el arquitecto Ricardo Bastida, era reconvertirlo en doce viviendas de lujo. Seis dentro del propio palacete, para el que se tenía licencia de restauración, pero siempre con la condición de mantener las fachadas históricas catalogadas como Bien de Interés Cultural, y otras seis en un edificio anexo de nueva construcción. Todas las viviendas tendrían vistas al Abra -el puerto deportivo del municipio-, terrazas, jardín, garaje y trastero, según detalla en su página web la gestora de cooperativas de vivienda Biurban. Bajo esta empresa de gestión opera la también cooperativa Atalaya Ereaga, promotora de los pisos.

En agosto de 2024, el diario El Correo desveló que la promotora había derribado por completo el palacete, incluidas las fachadas históricas. En ese momento, el Ayuntamiento paralizó la obra y abrió un expediente sancionador a la cooperativa. Un informe técnico municipal cifró en unos 730.000 euros el beneficio obtenido por la empresa tras el derribo. El Ayuntamiento impuso finalmente a la cooperativa una multa de 50.000 euros. "Cuando se detecta un incumplimiento, se actúa", reiteró este miércoles la alcaldesa del municipio, Amaia Aguirre (PNV). Según denuncia Podemos, el técnico municipal que firmó ese informe, "ha manifestado que fue apartado del expediente".

El Ayuntamiento de Getxo ha tratado de transmitir calma tras el registro de la Ertzaintza. "No nos consta ninguna irregularidad. En lo que depende del Ayuntamiento, se ha actuado conforme a la legalidad", explican fuentes locales. Sin embargo, no ha sido suficiente para contener el escándalo, que ha puesto el foco en los dos ediles de la formación que forman parte de la cooperativa que impulsa el proyecto. El PNV no ha hecho referencia alguna a los dos ediles señalados.

La oposición critica que, antes de que saltara a la prensa, forzaron una comisión de investigación sobre el derribo del palacete, pero Aguirre no apareció. "Actuaron un mes después, cuando el tema salió en la prensa. Getxo lleva décadas perdiendo patrimonio por la especulación inmobiliaria", denuncian desde Podemos. También EH Bildu apunta a una actitud "sistemáticamente opaca y obstruccionista" de la alcaldía.

La coalición abertzale sostiene que solicitaron la comparecencia del equipo de Gobierno en las comisiones, pero que "modificaron su funcionamiento para evitar dar explicaciones". Además, también denuncian que pidieron la personación del Ayuntamiento en la causa judicial, pero "de nuevo el equipo de Gobierno lo impidió". Un año después, en el verano de 2025, la alcaldesa pidió al PNV apartar a Ignacio Uriarte, que hasta ese momento era el número dos del partido en la localidad. Pero, finalmente, la formación decidió mantenerlo en su puesto, aunque le rebajó las responsabilidades dentro del Gobierno local. Ahora, tras el registro de los agentes, todos los focos apuntan a estos dos concejales.

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M. Nevot

De momento, el presidente del PNV, Aitor Esteban, ha defendido que el partido "no va a dudar ni le va a temblar el pulso" a la hora de tomar decisiones en el caso de que se hayan producido irregularidades. Sin embargo, ha defendido que, a día de hoy, y según los datos que manejan, no les consta que se produjera ninguna irregularidad, ni por parte del Consistorio ni de los representantes del PNV.

No es el primer lío sobre patrimonio al que se enfrenta la coalición del PNV y el PSOE en Getxo. A finales de 2024, dos informes del Gobierno vasco alertaron de la "desprotección" del patrimonio histórico por la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En estos documentos ya se denunció el derribo del Irurak Bat y de otros inmuebles como Villa Fernanda o Villa Amparo, propuestos antes de ser derruidos para la protección media.